La eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia no solo motivó el rechazo de la ciudadanía y sistemas judiciales, sino que hizo reflexionar al Congreso, el cual la restableció y envió al Ejecutivo para su promulgación. Aunque el despacho de Dina Boluarte cuenta con el documento desde el pasado 16 de diciembre, este aún no ha sido firmado. Esta demora llevó a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse y exhortar a que se proceda con su publicación.
“Reiteramos el pedido al Ejecutivo para que promulgue cuanto antes la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, a fin de dotar a las autoridades del sistema de justicia, tanto jueces como fiscales, de esta valiosa herramienta legal”, escribió la entidad liderada por Josué Gutiérrez en redes sociales.
En la víspera, en diálogo con RPP, el defensor hizo el mismo llamado. No obstante, señaló que “debe haber el espacio necesario para que, respetando los espacios constitucionales sobre la cual la Defensoría debe defender a todos los peruanos, se pueda hacer acotaciones para que las detenciones preliminares tengan el parámetro de la legalidad a fin de implementarse”.
“No vayamos a los extremos, hagamos las acotaciones que correspondan […] Solicitamos al Ejecutivo que se haga una revisión exhaustiva y de ser necesario, las aprobara con cargo a hacer las acotaciones en el futuro. Porque se estaba evidenciando que tal cual se encuentra la norma sin las acotaciones, […] no podías instrumentalizar el poder de la persecución penal frente a delincuentes que tienes que detener mediante la detención preliminar”, agregó.
Si bien todavía no vence el plazo oficial para que la norma sea promulgada, sorprende que a 16 días de tenerla todavía no existan posiciones claras, pues en otras ocasiones lo ha hecho de forma más acelerada y el debate no es nuevo.
Consultados sobre el tema, el titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, insistió en que están dentro del plazo. Aunque no adelantó cuál será la orientación desde el Ejecutivo, sostuvo que “algunas normas exceden sus propósitos y se usan con fines ajenos a la lucha contra la criminalidad”.
En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que la demora se debe a un interés por no “precipitarse”, analizar la medida y tomar la correcta. “Se trata de un tema absolutamente delicado y lo que no queremos desde el Ejecutivo es precipitarnos a tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta. Vamos a hacer las consultas a nivel de los sectores concernidos y, si es necesario, ampliaremos el nivel de consultas”, mencionó ante los medios de comunicación.
Beneficia a la criminalidad
Previo a ser restituida en el Parlamento, la Fiscalía de la Nación advirtió que la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia beneficia a la criminalidad. Prueba de ello es la liberación de la presunta organización criminal conocida como ‘Las Hienas Verdes’, quienes fueron soltados luego de que la primera norma fuera promulgada.
A ello también se suma el favorecimiento en casos políticos. El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien encabezó el desaparecido programa Qali Warma cuando la presidenta Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), enfrenta cargos por organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos. Es en ese contexto, se pidió la restricción de su libertad por un periodo de 10 días. Sin embargo, fue negada por la modificación inicial formulada desde el Congreso de la República.