Crisis en el Mininter: Un ministro vinculado a actos de corrupción y la venganza contra Harvey Colchado

Siete meses luego de asumir el cargo de ministro del Interior, Juan José Santiváñez terminó el 2024 como uno de los ministros más impopulares del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Los ciudadanos no solo ya no creen en sus palabras, sino que consideran que el único motivo por el que llegó al cargo fue para defender a la mandataria de sus propios vínculos con actos de corrupción, como el ‘Caso Rolex’, revelado por el medio ‘La Encerrona’ en marzo de este año.

Santiváñez recibió como misión mejorar la situación de la seguridad ciudadana en el Perú, pero en los meses que tiene como parte del gobierno, las cifras de homicidios y casos de extorsión no solo indican que su gestión ha fracasado en este intento, sino que el fallo ha sido tan grande que el Perú rompió su propio récord de víctimas de asesinatos, que ya supera en 30 % la cantidad del año 2023.

Sin embargo, lejos de hacer un ejercicio de autocrítica -o al menos de aparentarlo-, el ministro del Interior se mantuvo firme en que él tenía cifras correctas a las que los ciudadanos y la prensa no tenía acceso. También tuvo enfrentamientos públicos con el Ministerio Público y el Poder Judicial, a quienes acusó de no actuar en favor de la ciudadanía.

La prensa no se salvó de sus críticas y en noviembre, por ejemplo, afirmó públicamente que había una “campaña de desprestigio contra la PNP” pese a que existen varios reportes de policías que son parte de organizaciones criminales, solicitan coimas o no atienden adecuadamente denuncias.

Sin embargo, el interés de Santiváñez por acercarse a la presidenta Boluarte y ganar poder al interior del gobierno no inicia en mayo, cuando asume como ministro, sino desde antes, cuando era viceministro de Orden Interno. Audios difundidos por Cuarto Poder y adjudicados a una conversación entre Santiváñez y su (ahora ex) amigo, el coronel PNP Junior Izquierdo, revelaron dos frases que resumiría las ideas de Santiváñez: “Tú sabes que para subir, todo vale”, y “yo quiero ser presidente”.

Estos audios, que habrían sido grabados apenas cinco días después de que Santiváñez asuma el cargo de ministro, forman parte de un entramado de hechos que conectan el ‘Caso Rolex’ con el caso ‘Waykis en la sombra’, y que habrían llevado al desmantelamiento de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y al pase a retiro del coronel PNP Harvey Colchado.

Precisamente Colchado tiene relevancia en la trama de Santiváñez, pues mientras fue parte de la Diviac; intervino en ambos casos en los que también está involucrada la presidenta Boluarte: el allanamiento de su casa en abril del 2024 y la detención de su hermano, Nicanor Boluarte (ahora prófugo), al mes siguiente.

La desactivación de la Diviac y el pase a retiro del coronel PNP Harvey Colchado, aunque reciente, se habría gestado desde la llegada de Santiváñez al cargo de Ministro del Interior. Incluso la Fiscalía tiene como una hipótesis una posible negociación entre la presidenta y actual ministro para desactivar el grupo especial de la PNP a cambio de ser el titular del Mininter.

La noche del 28 de marzo, un día antes del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, el entonces Jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter, Juan José Santiváñez; reenvió a su amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo, una noticia en la que se hablaba de un posible allanamiento a la casa de la mandataria, y preguntó si el rumor era cierto.

Luego de no haber obtenido una respuesta por parte del capitán Junior Izquierdo, Santiváñez lo llamó por medio de WhatsApp, pero no obtuvo respuesta. Más de una hora después, el agente de la Diviac responde con el mensaje “el caso rolex”.

Un documento de la Fiscalía también señala que “entre el capitán PNP Junior Izquierdo y el abogado Juan José Santiváñez Antúnez tenía cierto interés en obtener la resolución judicial de allanamiento al inmueble de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra por el caso denominado “Rolex””.

“No lo tenemos nosotros (la resolución de allanamiento) Eso lo ve la Fiscal de la Nación y por lo que tengo conocimiento no han pedido apoyo a Diviac salvo que lo hagan”. Santiváñez intentó confirmar la información preguntando “Pero es firme?”.

La noche del 29 de marzo, personal del Ministerio Público y agentes de la Diviac, liderados por Colchado, allanaron la vivienda de Boluarte para buscar los relojes de la presidenta que habrían sido “prestados” por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de presupuesto para obras en la región.

Aquella noche, el procedimiento se realizó luego de usar un ariete para tumbar la puerta, pues como se conoció días después, el hijo de la presidenta, Daniel Gómez Boluarte, habría decidido no abrirla por recomendación de su hermano David Gómez Boluarte.

El 11 de abril, un reportaje de Willax mostró imágenes de una publicación realizada por el coronel Colchado en la que se puede ver una torta por motivo de su cumpleaños en la que se podía ver representado un allanamiento. A raíz de lo ocurrido en casa de la presidenta, se pensó que el pastel intentaba burlarse del hecho, pero tanto Colchado como su abogado negaron esta posibilidad.

El 13 de abril, el coronel Harvey Colchado ya había sido separado ‘temporalmente’ de la jefatura de la Diviac e Inspectoría General de la Policía abrió un procedimiento administrativo en su contra por una “infracción muy grave”.

“Ha sido difundida en su estado de WhatsApp como celebración de su natalicio, el día de su cumpleaños, que fue regalada esta torta por el personal de protocolo de la Diviac, y por sus compañeros de trabajo (...) no ha sido alusión al allanamiento de la casa de la presidenta (...) ha sido una torta preparada con una temática, días antes de su natalicio (...)”, indicó el 15 de abril a RPP el abogado del agente PNP, Stefano Miranda.

Aunque había sido apartado de la Diviac, Colchado también había participado como agente encubierto en el caso “Waykis en la Sombra”, que terminó con la detención del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Para el 9 de mayo el gobierno de Dina Boluarte, por medio del ministro del Interior en funciones, Walter Ortíz, firmó un documento en el que se ordenaba la desactivación del equipo de apoyo policial al Eficoop, entre los que estaba Colchado en representación de Diviac

Pese a estos intentos, para el día 10 de mayo agentes de la Diviac formaron parte de la detención de Boluarte. Esto también significó el fin de la gestión de Ortíz en el Mininter, pues fue acusado por la Fiscalía de presuntamente haber intentado encubrir a la presidenta Dina Boluarte.

Para el día 16 de mayo, Ortíz renunció a su cargo y finalmente Santiváñez ingresa en su reemplazo. Solo un día después, para el 17 de mayo, el coronel Harvey Colchado se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y afirmó que la desactivación del equipo policial era una “consecuencia de haber allanado la casa de la presidenta y haber investigado al hermano (...). Han desactivado el Equipo Especial porque sabían que venía esta detención”.

Para el domingo 25 de agosto, el dominical Cuarto Poder difundió audios adjudicados al ministro Santiváñez en los que se escucha una conversación del 21 de mayo junto al capitán PNP Junior Izquierdo, un amigo cercano, a quien le confesó que fue la presidenta Dina Boluarte la que pidió el cierre de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

“A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, expresó el titular del Interior en una de las grabaciones presentadas por el capitán Izquierdo. Asimismo, el ministro agregó que durante una entrevista en medios de comunicación, la mandataria le reprochó por no criticar públicamente a Colchado, describiéndolo como un “policía politizado”.

Una de las últimas apariciones públicas del coronel PNP Harvey Colchado antes de ser pasado a retiro por el Ministerio del Interior, se produjo el 11 de octubre durante el segundo día de un paro nacional convocado por el gremio de transportistas. En esa oportunidad, el ex jefe de la Diviac fue visto resguardando un puente en la Vía Expresa, en el distrito de San Isidro, según dijo, por órdenes de sus superiores.

“Yo no puedo dar declaraciones. Estoy de servicio actualmente debido a que hay manifestaciones. Todas las unidades especializadas han salido a patrullar. Es orden de comando. Yo cumplo las órdenes siempre”, señaló.

Ocho meses luego del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte y del inicio de los procesos sancionadores contra el coronel PNP Harvey Colchado, el ahora ex capitán de la PNP fue pasado al retiro con una resolución ministerial que lleva la firma del titular del Mininter, Juan José Santiváñez.

Aunque el documento oficial señala que el proceso se da “por la causal de renovación de cuadros propuesta por el Consejo de Calificación, no tiene carácter ni efecto sancionador para el coronel (...) ni constituye un agravio legal o ético-moral para su persona”

Sin embargo, pese a la justificación del Ministerio del Interior, el abogado Miguel Pérez Arroyo, defensor del coronel Colchado, afirmó que esta decisión estuvo motivada por un deseo de venganza por parte de la presidenta Dina Boluarte y oficializada por el ministro del Interior.

“Es una venganza, una represalia y la concreción de un plan estructurado”, afirmó el abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, quien adelantó que evaluarán acciones legales para lograr la reincorporación del coronel a la PNP. “De brazos cruzados no nos vamos a quedar”, aseguró le abogado defensor en conversación con RPP.

La historia de Juan José Santiváñez no puede contarse sin considerar al capitán PNP Junior Izquierdo. Conocido como ‘Culebra’ y (ahora) ex amigo del ministro del Interior. La revelación del audio de más de dos horas en el que se pudo conocer un presunto interés de la presidenta Dina Boluarte para desactivar la Diviac proviene precisamente de este agente de la Policía Nacional que se encuentra al borde del retiro a causa de una serie de procesos administrativos en su contra que, curiosiamente, fueron iniciados luego de la revelación de estas comunicaciones.

Infobae Perú conversó con el abogado defensor de Izquierdo, José Carlos Mejía Chávez, quien afirmó que el aún agente de la PNP, sigue en pie de lucha en estos procesos abiertos en su contra y consideró que la única estrategia que está mostrando Santiváñez para afrontar las investigaciones que la Fiscalía sigue en su contra es dilatar el proceso.

“Ha logrado dilatar más de 100 días el proceso. Por lo menos 110 días (...) de 240 días. La investigación preliminar contra el ministro va a terminar el 8 de abril del 2025. El primer beneficio ha sido dilatar el proceso gracias a la inhibición del juez Juan Carlos Checkley y el impedimento del juez César San Martín. Eso ha sido planificado. El elegir el estudio de abogados en el que ambos (Checkley y San Martín) tienen vínculos. (...) Yo lo he confinado el ministro del Interior a que solicite que se le tome una muestra de voz para que se someta a peritaje”, dijo Mejía Chávez a Infobae Perú. “El que nada debe, nada teme; y hay que considerar que el ministro presentó un peritaje independiente hecho por un especialista que no está capacitado para hacer análisis de voz. Aquí se debe priorizar la averiguación de la verdad”, afirmó a este medio.

Mejía y su defendido se mantienen firmes en que Santivañez “ha ganado una batalla jurídica, pero no una guerra jurídica”, pero considera que no debería haber mayores recursos a los que el ministro del Interior pueda recurrir para dilatar más las averiguaciones sobre si el audio adjudicado a él es real. Para el día 2 de abril, cuando acaba la investigación preparatoria del caso, el titular del Mininter ya debería de haberse sometido a este peritaje y ni siquiera un intento de anular la legalidad de las grabaciones debería surtir efecto. Al menos eso es lo que opina Mejía.

Mientras los agentes Izquierdo y Colchado intentan salvar sus carreras, Santiváñez se mantiene en el cargo de Ministro del Interior y es defendido, abrazado y arropado bajo el ala del 3 % de aprobación a nivel nacional de la presidenta Dina Boluarte, quien hace poco lo llamó “valiente”. Aún así, no ha dado muestras de ser idóneo para el cargo y en su intento por ganar popularidad, hasta prometió renunciar si un Estado de Emergencia en 14 distritos de Lima y Callao no tenía resultados.

Pese al fracaso que supone esta medida, Santiváñez asegura -nuevamente- que las cifras acompañan a su gestión y que no hay motivo para renunciar.