35 oficiales y suboficiales de la Marina acusados por caso ‘El Frontón’ podrían acogerse a ‘Ley de Aministía’

El juicio a 35 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra del Perú ha sido interrumpido por la suspensión provisional del juez superior Marco Antonio Angulo Morales.

De acuerdo con La República, esto podría significar que los implicados tengan una nueva oportunidad de acudir al Tribunal Constitucional y reclamar que se aplique la ‘Ley de Amnistía’, es decir, la Ley 32107 que promulgó el Congreso de la República el 9 de agosto del año pasado, y que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Sostienen también que en la última audiencia pública del pasado 2 de diciembre, el fiscal superior, los abogados de la parte civil y de la defensa llegaron a la conclusión de que el proceso ya se habría quebrado, por lo que continuar habría generado responsabilidades administrativas y penales para los dos magistrados que quedaban: los jueces superiores Verapinto Márquez y Contreras Cuzcano.

En consecuencia, el medio indica que los 35 oficiales y marineros deberán esperar que en este 2025 se reestructuren los colegiados de la Corte Superior Penal Nacional y con nuevos integrantes la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria empiece un nuevo juicio, donde el Ministerio Público deberá reiterar su acusación.

El proceso estaba en etapa de ratificación pericial de más de 400 protocolos de necropsia, acerca de las causas y circunstancias de la muerte de los 133 reclusos amotinados. Como se sabe, la Marina niega haber ejecutado a prisioneros rendidos, pero las diligencias sostienen lo contrario y piden hasta 35 años de cárcel para los presuntos culpables.

El Frontón, una penitenciaría ubicada en una isla frente a las costas del Callao, fue escenario de una de las matanzas más significativas en la historia reciente del Perú. Entre el 18 y 19 de junio de 1986, durante el primer mandato de Alan García, una serie de motines simultáneos en tres penales —Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón— derivó en un violento enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y los reclusos, dejando un saldo de 259 muertos. Según información proporcionada por el medio original, “la Marina utilizó explosivos para demoler el pabellón Azul y los prisioneros que sobrevivieron fueron ejecutados tras haberse rendido”.

El incidente se desarrolló en un contexto convulso de conflictos armados internos y bajo la presión de combatir al terrorismo en el Perú. De acuerdo con el medio citado, la decisión del gobierno de declarar estos penales como “zonas militares restringidas” permitió la intervención de la entonces Guardia Republicana, Ejército y Marina. En total fallecieron 133 reclusos, 124 en Lurigancho y 2 en Santa Bárbara.

El congresista Wilson Soto, miembro de la bancada Acción Popular, ha propuesto la reactivación del penal de máxima seguridad conocido como ‘El Frontón’, una instalación penitenciaria que en el pasado albergó a criminales peligrosos y que, debido a su ubicación estratégica, era considerada un lugar idóneo para mantener a reclusos de alta peligrosidad. El congresista también ha planteado sanciones más severas para los delincuentes, incluyendo la pena de muerte para sicarios y extorsionadores, como una medida extrema para frenar la ola de violencia que afecta al país.

El ataque que sufrió su sobrino no es el único episodio de inseguridad que ha golpeado a la familia del parlamentario. Soto reveló que su hermano también fue víctima de un asalto en el concurrido emporio comercial de Gamarra, donde los delincuentes no solo le arrebataron sus pertenencias, sino que además han utilizado su identidad para extorsionar a otras personas, exigiendo dinero en su nombre. Estos incidentes han llevado al congresista a insistir en la necesidad de endurecer las leyes contra el crimen organizado.