2024, el año más violento para la mujer en Perú: incrementaron feminicidios, trata de personas y crímenes contra menores

Han pasado dos años desde que se conoció que dos hermanas de 11 y 13 años fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padrastro que tenía VIH. El agresor Juan Carlos Saavedra Jaimes (49) convivía con las menores mientras su madre trabajaba fuera del hogar durante la pandemia, un periodo marcado por las restricciones sanitarias y las dificultades económicas.

Saavedra Jaimes fue condenado a cadena perpetua y el Poder Judicial ordenó una reparación civil. Además, un tratamiento integral para las menores a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Salud.

Guiselly Flores, representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas con VIH, manifestó que las menores tienen un acompañamiento psicológico, pero no son los adecuados, debido a que los especialistas concurren cada dos meses. A esto se suma, la discriminación en etapa escolar que enfrentan por el diagnóstico de VIH.

Flores también reveló que el Ministerio de la Mujer no cuenta con cifras de menores contagiados de VIH por violencia sexual. “No nos ha respondido, no lo tiene o no lo quiere dar”, precisa a Infobae Perú.

En esta misma línea, diversas organizaciones de derechos humanos han decidido emprender acciones legales contra el Estado peruano con el objetivo de garantizar que las víctimas por este tipo de violencia puedan acceder a una reparación integral, justicia efectiva y tratamiento adecuado.

Este caso pone en evidencia no solo el impacto devastador de la violencia, sino también los vacíos estructurales en el sistema de salud en el país. De acuerdo con las cifras del programa Aurora, de enero a noviembre, se han atendido 154 mil 742 casos de violencia a nivel nacional, lo que demuestra que este 2024 fue uno de los más violentos de los últimos años.

Kimberlit Tapia, Ana Lucía del Portal, Nancy Carrión, Rosa Luz Huertas Soto, Sheyla Cóndor y otros nombres aparecen en la lista de mujeres víctimas de feminicidio. Las dos últimas fueron asesinadas en manos de un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), una institución que en muchas ocasiones se mostró indiferente en estos casos.

El alférez Christian Rojas fue detenido por presuntamente haber asesinado a su expareja con cuatro disparos, quien había denunciado previamente a Rojas por agresión física. La hermana de la víctima reveló que el agresor hostigaba constantemente a altas horas de la madrugada.

La desaparición de Sheyla expuso las deficiencias en la respuesta de las autoridades. La madre de la joven acudió a la PNP en busca de ayuda, pero solo obtuvo atención limitada por parte de las autoridades. Ante la falta de respuestas, la familia de Sheyla se vio obligada a realizar sus propias indagaciones para localizar el último paradero conocido de la joven.

Darwin Condori, quien trabajaba como policía, convivió durante varios días con el cuerpo de Sheyla Cóndor. Durante ese tiempo, el hombre continuó desempeñando sus funciones en la comisaría, lo que ha generado serias críticas hacia la institución policial.

A los días, el cuerpo de Condori fue hallado en un hotel, y aunque posteriormente fue trasladado a una clínica, se confirmó que ya había fallecido horas antes. Este hecho ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo del caso, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación para determinar responsabilidades. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha sido incluida como tercero civil responsable en el proceso.

La señora Elsa solo busca justicia luego de su lucha cuando fue cuestionada al momento de denunciar la desaparición. Ella, como muchas madres, ya no creen en la autoridad que la deberían proteger.

Dentro de las cifras de feminicidio, se encuentra una menor de 12 años quien salió de casa luego de discutir con su madre, pero en el camino se encontró con el sujeto que le quitaría la vida. La niña fue encontrada sin vida en un asentamiento humano en Villa María del Triunfo.

Estos casos se encuentran incluidos dentro de los 141 feminicidios que se han registrado en los 11 meses de este 2024. Infobae Perú también dialogó con Clea Guerra, abogada y representante de Flora Tristán, quien hace hincapié en la falta de una respuesta adecuada y coordinada entre los sectores.

“Lo que tenemos es a nivel macro a diversos retrocesos a nivel legislativo, hay proyectos de ley que están tratando de eliminar. Por ejemplo, se quiere eliminar mejorar la educación sexual integral. No hay como un incremento para las acciones de prevención en algunos servicios en regiones fuera de Lima. También, existe limitaciones para solucionar descentralizado. Entonces yo creería que lamentablemente este año no hay una mejora en la respuesta estatal para el tema de prevención”, menciona la letrada.

La trata de personas en Perú continúa siendo una problemática alarmante que afecta principalmente a menores de edad y mujeres, quienes son víctimas de diversas formas de explotación. A pesar de la gravedad de esta situación, las acciones del Estado para combatir este delito han sido insuficientes.

La falta de coordinación entre los ministerios y la ausencia de un presupuesto adecuado agravan la situación, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con un informe elaborado por CHS Alternativo, titulado IX Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil 2022-2023: Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú, el 75% de los 42 servicios estatales destinados a combatir la trata de personas no contaron con presupuesto asignado entre 2022 y 2023.

El coronel Jean Bergerot, jefe de la División de Trata de Personas, confirmó que no existe un trabajo articulado entre los ministerios, a pesar de la existencia de una comisión multisectorial creada para abordar este problema de manera conjunta.

El informe de CHS Alternativo también señala que la ausencia de un sistema actualizado para registrar y monitorear los casos de trata de personas en el país dificulta conocer la magnitud real del problema.

Más de 500 denuncias de abuso sexual contra escolares de Condorcanqui, en Amazonas, evidencia la grave situación de vulnerabilidad que se encuentran los menores de edad. Acusaciones que involucran a docentes, policías y otros en estos actos.

A pesar de las denuncias, el ministro de Educación, Morgan Quero, señaló como prácticas culturales las violaciones en awajún, lo que indignó más a la ciudadanía. Días después pidió disculpas por sus declaraciones. Sin embargo, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, también respaldó las palabras de su colega.

Este año, se registró una cifra récord de denuncias de violencia sexual en los colegios, superando los 3.500 casos, según el Minedu.

La representante de Flora Tristán señala que las campañas gubernamentales son importantes, pero no solo deben informar sobre las rutas de denuncia y atención, sino también abordar las raíces profundas de los patrones socioculturales que perpetúan esta problemática. De esta manera, reflexiona que aún queda un largo camino por recorrer para generar un cambio estructural en las creencias y estereotipos que justifican, de manera implícita, las agresiones.