Sunedu cancela licencia de la Universidad Privada Peruano Alemana y estudiantes deberán ser reubicados

La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) canceló la licencia de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) por no mantener las condiciones básicas de calidad y por cerrar voluntariamente sin comunicarlo previamente a la entidad regulatoria.

Así fue oficializado a través de la Resolución del Consejo Directivo Nº 0039-2024-SUNEDU-CD, publicada en el diario oficial El Peruano, este miércoles 1 de enero del 2025.

De esta manera se impuso que se detengan los procesos de admisión o matrícula y prestación del servicio. Además, en 15 días hábiles deberán reubicar a sus estudiantes para garantizar la continuidad de su formación académica. Para ello tendrán que:

• Celebrar convenios con universidades receptoras
• Entregar los documentos (certificados de estudios, constancias, sílabos y los demás que correspondan) a los alumnos que lo requieran.
• Contactar a los estudiantes matriculados en el ciclo 2024-I que no solicitaron la entrega de sus documentos para informar sobre su pedido.

“La situación que atraviesa la UPAL conllevó a incumplir obligaciones laborales frente a sus docentes, conforme se desprende de las denuncias presentadas por estos ante la UVE, e incumplir sus compromisos académicos frente a sus alumnos, ya que no inició su semestre académico 2024-II a pesar de haber informado que lo haría, primero, en setiembre y, posteriormente, en el mes de octubre del presente año; lo que no ocurrió y lo que evidenciaría que no cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento”, se lee en un apartado.

En el texto se estipula que la resolución no agota la vía administrativa, por lo que de no ser consentida, puede ser impugnada a través un recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo de la Sunedu, dentro del plazo de 15 días hábiles que se contarán desde el día siguiente de la notificación.

En septiembre de este año, la Sunedu ya había suspendido la licencia de la universidad debido a que detectaron graves problemas financieros y la paralización de las actividades académicas y administrativas.

Luego de realizar una serie de inspecciones, se corroboró las denuncias de los alumnos sobre interrupciones de clases y cierre de instalaciones.

Además, habían incumplido con contratar a los siete profesores investigadores que requiere la norma, entre 2021 y 2023, solo habiendo conseguido a uno.

En el ranking de la superintendencia, la UPAL ocupaba el puesto 86 de las casas de estudio privadas del país. Si bien habían programado el inicio de sus actividades para el 19 de agosto, esto no pudo concretarse por la medida impuesta.

El 13° Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima declaró nulas dos resoluciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en 2020, las cuales denegaban el licenciamiento institucional de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV).

Esto obligó a la superintendencia a reiniciar el proceso de evaluación desde el 1 de marzo de 2019, con un plazo de 30 días para emitir un nuevo pronunciamiento.

Esta vez el enfoque estará exclusivamente en el cierre de filiales y programas académicos de la UANCV, dejando de lado otros aspectos previamente considerados.

La universidad, que había sido sancionada con más de 6 millones de soles por operar sin licencia, fue fundada en 1983 con el objetivo de atender la demanda educativa en el altiplano peruano.

En su momento de mayor auge, llegó a contar con más de 30 mil estudiantes. Sin embargo, este crecimiento estuvo acompañado de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión administrativa y académica. Desde 2020 se han presentado 359 denuncias contra la institución, relacionadas con problemas en los procesos de titulación y presunta falsificación de documentos.

En 2020, la Sunedu argumentó que las deficiencias en la calidad educativa de la universidad eran insostenibles, lo que llevó a la denegatoria de su licenciamiento institucional. Este fallo inicial marcó el inicio de un proceso que culminaría con el cierre definitivo de la universidad. No obstante, la reciente decisión judicial obliga a la entidad reguladora a reevaluar su postura, lo que podría cambiar el destino de la institución.

Axxion Capital Partners S.A.C., actual sociedad administradora del Fondo Arizona – Fondo de inversión privado, cuyo principal activo es la Universidad Privada Peruano Alemana, informa que iniciará el proceso de apelación, en el marco del plazo previsto para revocar decisión de la Sunedu.

En un comunicado informan que el 24 de setiembre del 2024, en el marco del plazo previsto, empezó la transferencia de la administración de Blanco Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. a Axxion Capital Partners S.A.C. “Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Partícipes se aprobó dicha operación que transfería el Fondo, administrado por el Sr. José Eduardo Castillo Carazas (que ostentaba la titularidad de 521,342.00 cuotas de participación Clase A con derecho a voto) al nuevo fondo. En diciembre de 2024, el 100% de cuotas de participación del Sr. Castillo han sido transferidas a titularidad de Axxion, con la finalidad de que las cuotas precitadas sean custodiadas y administradas por la actual administradora, desvinculándose de manera inmediata, absoluta y completa con la administración precedente representada por el Sr. José Castillo y la Sra. María Luisa Aguirre”, explican.

De este modo, Axxion “asume la responsabilidad integral de la gestión y el compromiso de mejorar la calidad de la prestación educativa”. A su vez, ponen de manifiesto el “compromiso pleno con los mutuantes del Fondo, alumnos, docentes y autoridades reguladoras educativas pertinentes por trabajar en la inmediata puesta en marcha e inicio de las operaciones académicas de la universidad”.

En tal sentido, informan que ya vienen realizando la designación de nuevas autoridades dentro del Plan de Reestructuración, “que contribuirá positiva y activamente en la reactivación de la prestación del servicio educativo, cumpliendo estrictamente con todas y cada una de las Condiciones Básicas de Calidad, que aseguren el derecho a la educación de alta calidad de los jóvenes peruanos, que no se verán afectados por las inconsistencias administrativas y académicas de la gestión precedente".