Presunta red de prostitución en el Congreso: Salhuana y Soto serán citados por Fiscalización “en el momento oportuno”, afirma Burgos

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha anunciado que citará al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, y a su antecesor, Alejandro Soto, en el marco de las investigaciones sobre una presunta red de prostitución que habría operado al interior del Legislativo. Este caso involucra a la Oficina Legal y Constitucional, que estaba bajo la dirección de Jorge Luis Torres Saravia.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, informó que ambos parlamentarios comparecerían para aclarar las circunstancias de este caso, que ha generado conmoción en el ámbito político.

Según las investigaciones preliminares, la red habría operado desde áreas clave del Congreso y estaría vinculada al asesinato de Andrea Vidal, una extrabajadora del Legislativo que fue asesinada por sicarios mientras se trasladaba en un taxi. En este atentado también perdió la vida el conductor del vehículo. La gravedad del caso ha puesto en el centro de la polémica la gestión administrativa y la supervisión interna del Congreso.

La Comisión de Fiscalización sesionará los días 8 y 9 de enero en formato semipresencial. Durante estas reuniones, se espera contar con la participación de trabajadores y extrabajadores de las unidades de Asesoría Legal del Congreso, así como del director general de Administración. Estas citaciones buscan recabar información clave para esclarecer las denuncias.

“Estamos convocados a una sesión semipresencial de la Comisión de Fiscalización, donde también se citará a otros funcionarios del Congreso vinculados con este caso, así como a extrabajadores y trabajadores de las unidades de Asesoría Legal, además del director general de Administración, con el objetivo de recoger sus testimonios en esta comisión que busca llegar a la verdad”, indicó el congresista Burgos.

El presidente de la Comisión de Fiscalización denunció que la Oficialía Mayor del Congreso estaría actuando de manera obstructiva en las investigaciones sobre la presunta red de prostitución que operaba en el Legislativo. Según el parlamentario, esta actitud se refleja en la respuesta negativa al pedido de acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del Parlamento solicitado por su grupo de trabajo.

El titular de la comisión consideró que esta situación limita el acceso a información clave para las investigaciones. “Nos daría la facultad para poder observar aproximadamente más de un año a dos años de memoria; sin embargo, esa es una forma obstructiva de lo que está haciendo Oficialía Mayor, no respondiendo al pedido”, agregó.

Burgos adelantó que solicitará el apoyo del Ministerio Público para continuar con las indagaciones, ante las limitaciones encontradas. Asimismo, destacó que el testimonio del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, brindado ante la Comisión de Fiscalización, presenta contradicciones con las declaraciones de otros trabajadores del Legislativo sobre el nombramiento de Jorge Luis Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

“Esas preguntas tienen que resolverse, porque las declaraciones del Oficial Mayor no coinciden con las de otros funcionarios. Por ello, debemos escuchar también los testimonios de otros involucrados en este caso”, afirmó.

Como se recuerda, en el marco de las investigaciones sobre la presunta red de prostitución en el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, solicitó las grabaciones de los pisos 6 y 7 del Edificio del Complejo Legislativo correspondientes al periodo del 1 de julio al 31 de agosto de este año.

Sin embargo, el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, respondió que, según el jefe de la Oficina de Seguridad, Luis Fernando Reátegui, las grabaciones solo se conservan por un periodo de 25 días, lo que imposibilita atender la solicitud. Ante esta situación, Burgos planteó la necesidad de convocar a un especialista para intentar recuperar las imágenes eliminadas.