Presunta red de prostitución en el Congreso: contradicciones por almacenamiento de cámaras de seguridad

Continúan los cabos sueltos alrededor de la presunta red de prostitución al interior del Congreso de la República. A través de un oficio enviado al oficial mayor Giovanni Forno, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, pidió acceso a cámaras en el marco del caso. Sin embargo, no le fueron dadas y la versión de una extitular del Poder Legislativo puso en jaque lo expuesto.

El pedido hecho con carácter de urgencia, a fin de poder revisar las grabaciones correspondientes al periodo del 1 de julio al 31 de agosto de la sede situada en la Av. Abancay, en el Centro de Lima, se les fue negado bajo la excusa de que los archivos fueron borrados por un tema de almacenamiento.

Forno explicó que el Congreso no dispone de esos videos debido a la limitada capacidad de los equipos del sistema de videovigilancia, los cuales solo conservan la información de los últimos 25 días. “Transcurrido este plazo, el sistema opera de manera automática, procediendo a sobrescribir los datos más antiguos para garantizar la continuidad en la grabación diaria”, expresó.

Incluso, agregó que “este proceso automático implica que los datos más antiguos son eliminados únicamente para dar pase a las nuevas grabaciones, sin existir intervención manual ni modificación en el sistema. Por ello, queda descartada cualquier versión o información que sugiera que se está realizando un borrado deliberado o irregular de los datos de almacenamiento”

No obstante, Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso, dio una versión distinta. Consultada por La República, la exlegisladora mencionó que en su gestión, cuando “hubo algunos problemas de incidentes en las instalaciones del Congreso, se recurría a los archivos de los videos de las cámaras de videovigilancia con normalidad”.

“En ese entonces, a mí no se me reportaron problemas de capacidad de almacenamiento; al menos, las veces que yo solicité dichas grabaciones se me otorgaron sin problemas. […] Recuerdo que a mí me han entregado incluso videos de más de 15 días atrás. No sé si para entonces había otro sistema de almacenamiento", mencionó.

En ese sentido, consideró que si el Congreso detectó un problema de almacenamiento, su prioridad para invertir recursos debería apuntar a ese tema “no solo para asegurar que cada hecho que sucede en el parlamento es controlado y queda registrado para efectos probatorios, sino para cumplir estándares mínimos de transparencia”.

La solicitud de acceso se dio luego de que Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, acudiera a la Comisión de Fiscalización y fuera consultado por dónde estuvo la noche en la que Andrea Vidal fue acribillada a balazos cuando se trasladaba en un taxi hacia su casa.

Durante su participación, el acusado de liderar una presunta red de proxenetismo en el Parlamento precisó que el pasado 12 de diciembre él cumplió con su habitual rutina tras salir de su despacho.

Aseguró que no recuerda con exactitud dónde se encontraba a las 8:30 p.m., hora en la que ocurrió el ataque. Sin embargo, señaló que ese día cumplió con su rutina cotidiana. Esta consistía en ingresar al Congreso a las 8:00 a.m. para regresar a su hogar alrededor de las 6:00 p.m.