La criminalidad en Perú sigue siendo uno de los temas más debatidos y preocupantes del país. En medio de un aumento de la violencia, extorsiones y asesinatos durante los últimos meses de 2024, y con la declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que la crisis de seguridad no es un problema reciente, sino que tiene sus raíces en 2021.
En un evento realizado en Cañete, donde entregó 30 camionetas a las comisarías de la jurisdicción, el titular del Mininter destacó que las medidas adoptadas por el actual gobierno se enfocan en enfrentar lo que las gestiones anteriores dejaron. En sus declaraciones, el ministro hizo referencia a la situación de la criminalidad de forma contundente: “Nosotros todos los días capturamos delincuentes. Pero esta organización criminal, o esta criminalidad, no viene de los últimos seis meses en donde está este ministro acá sentado, viene desde el 2021″, afirmó.
El gobierno actual, según Santiváñez, trabaja incansablemente para enfrentar los efectos de la inseguridad que aumentaron en el período en el que los ministros anteriores estuvieron a cargo. “Es más, justamente la criminalidad se incrementó cuando estaba justamente de ministro un caviar que regularmente sale ahí por los medios de comunicación y de manera sombría por el camino, ahí vinieron los delincuentes. ¿Qué cosa hizo él? Nada”, sostuvo Santiváñez.
El ministro no dejó de recalcar la diferencia de enfoque entre su gestión y la de los ministros anteriores, enfatizando, según él, la lucha frontal contra el crimen que está llevando a cabo el actual gobierno. “Nosotros estamos prácticamente luchando contra lo que nos estamos enfrentando, lo que nos dejaron”, destacó.
Las medidas para combatir la criminalidad, según el Gobierno
Para Santiváñez, el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) es una de las piezas clave en la lucha contra la criminalidad. En este sentido, mencionó la importancia de las reformas legislativas recientes que dan a los agentes de la ley más herramientas para actuar en el terreno. Entre ellas, destacó las normas que permiten a la policía desenfundar sus armas y usar la fuerza sin temor a enfrentar represalias legales, una medida que considera esencial para enfrentar el crimen de manera efectiva.
Además, el gobierno implementó una serie de estrategias para mejorar la logística y el equipamiento de la PNP, como la compra de armamento, chalecos antibalas y un reforzamiento en las labores de inteligencia. “Las normas que ha dictado el Congreso de la República, en donde el Policía Nacional puede desenfundar su arma y disparar y saber que no se va a ir a la cárcel. Hoy es sumamente importante y es una norma que se reclamaba años”, puntualizó.
También se refirió al Plan Senador, aprobado recientemente por el Congreso, que busca garantizar la presencia permanente de efectivos policiales durante los 30 días del mes. “El Ejecutivo comprará todos los días libres y vacaciones del personal policial. De esta manera, el sistema de reemplazo uno por uno dejará de aplicarse, y contaremos con efectivos policiales de manera permanente durante los 30 días en las unidades policiales”, explicó.
La percepción de inseguridad en Perú
La creciente preocupación por la criminalidad en el país no solo se refleja en las estadísticas de violencia, sino también en la percepción de los ciudadanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 89,9% de los habitantes de Lima Metropolitana y el 88,5% de la población del Callao sienten que la inseguridad es un problema grave. Estas cifras reflejan un sentimiento generalizado de desconfianza en las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía y un temor por la situación de seguridad que afecta a diversos sectores de la población.
El mapa de percepción de inseguridad elaborado por el INEI muestra que las regiones del país más afectadas por esta sensación de vulnerabilidad son Moyobamba, Pucallpa, Cusco, Trujillo y Juliaca, entre otras, con índices de percepción de inseguridad que superan el 90%. La situación en la capital también es alarmante, con altos porcentajes de desconfianza entre los ciudadanos, lo que se traduce en un gran temor por las repercusiones del crimen en la vida cotidiana.