De acuerdo con el boletín N.º 9 de la Policía Nacional del Perú (PNP), que recoge estadísticas sobre criminalidad entre el 1 de enero y el 26 de diciembre, el uso de armas de fuego predomina de manera alarmante en los homicidios registrados en el país. El informe detalla que el 84% de los asesinatos fueron perpetrados con este tipo de armamento, mientras que el 5% se cometió con armas blancas, el 4% mediante agresiones físicas y el 7% restante corresponde a otros métodos. Estas cifras reflejan un panorama preocupante en términos de seguridad ciudadana y el acceso a armas en el territorio nacional.
El documento, difundido por la PNP, contabiliza un total de 2.126 homicidios durante el periodo analizado. De estos, 1.125 casos corresponden a sicariato, una modalidad de asesinato por encargo que sigue siendo una de las principales preocupaciones en el ámbito de la seguridad pública. Además, se registraron 577 homicidios calificados, 162 homicidios simples, 130 casos de robo con subsecuente muerte y 102 feminicidios. Otros 30 casos fueron clasificados en categorías diversas.
El sicariato, que representa más de la mitad de los homicidios reportados, pone en evidencia la creciente profesionalización de la violencia en el país. Este fenómeno, vinculado en muchos casos al crimen organizado y al narcotráfico, plantea serios desafíos para las autoridades encargadas de combatir estas redes delictivas. Según el informe, esta modalidad delictiva no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un clima de inseguridad.
Por otro lado, los feminicidios continúan siendo una problemática grave en el Perú, con 102 casos registrados en el periodo analizado. Este tipo de crímenes, definidos como el asesinato de mujeres por razones de género, subrayan la necesidad de implementar políticas más efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar su protección. Aunque los feminicidios representan un porcentaje menor en comparación con otras categorías de homicidios, su impacto social y emocional es profundo, afectando no solo a las familias de las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto.
El informe también destaca los homicidios calificados, que sumaron 577 casos. Este término se refiere a asesinatos cometidos con premeditación, alevosía o ventaja, lo que los convierte en crímenes particularmente graves. Asimismo, se reportaron 162 homicidios simples, que son aquellos que no presentan las agravantes mencionadas, y 130 casos de robo con subsecuente muerte, una categoría que evidencia la relación entre la criminalidad común y la violencia letal.
El ruleteo
En Lima, las armas de fuego confiscadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), que deberían ser entregadas a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) para su resguardo, están regresando a las calles y siendo utilizadas nuevamente en actos delictivos. Así lo reveló una investigación realizada por la Unidad de Investigación de Latina Noticias, que documentó cómo estas armas, en lugar de ser aseguradas, terminan en manos de criminales a través de un proceso conocido como “ruleteo”.
Latina Noticias identificó al menos 15 armas de fuego que, tras haber sido incautadas por la PNP en operativos y detenciones, volvieron a ser utilizadas en delitos. Este hallazgo pone en evidencia una grave falla en el sistema de manejo y control de armas confiscadas, que debería garantizar su traslado seguro a SUCAMEC, la entidad encargada de su custodia.
Uno de los casos más alarmantes documentados por el medio involucra un asalto ocurrido el 20 de enero de 2023 en una fábrica ubicada en Lurín, al sur de Lima. Tres delincuentes ingresaron al lugar por una puerta trasera, portando una pistola y un revólver. Según la investigación, la pistola Glock con número de serie BHWF976, utilizada por uno de los asaltantes, había sido previamente incautada por la Policía. Esta arma había estado en posesión de Christopher Joseph Fuentes Gonzales, conocido como “Maldito Cris”, antes de ser confiscada. Sin embargo, nunca llegó a SUCAMEC, lo que permitió que volviera a circular en el mercado ilegal.
El problema radica en el proceso de manejo de las armas incautadas. Según detalló el medio, en Lima existen cinco unidades de criminalística de la Policía encargadas de realizar los peritajes correspondientes antes de que las armas sean enviadas a SUCAMEC. Sin embargo, estas unidades no cuentan con un sistema interconectado que permita compartir y cruzar información sobre las armas confiscadas. Esta falta de coordinación y control facilita que las armas desaparezcan del sistema y terminen nuevamente en manos de delincuentes.
El fenómeno del “ruleteo” pone en riesgo la seguridad ciudadana, ya que las armas que deberían estar fuera de circulación son utilizadas para cometer nuevos delitos. Además, este problema evidencia posibles fallas estructurales en los procedimientos policiales y en la supervisión de las armas incautadas.