Comerciantes son las principales víctimas de extorsión en Perú, según informe de la PNP

De acuerdo con el boletín N.º 9 publicado por la Policía Nacional del Perú (PNP), los comerciantes lideran la lista de víctimas de extorsión en el país, seguidos por trabajadores independientes, profesionales, amas de casa, transportistas, empleados y estudiantes. Este informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de diciembre, detalla las modalidades más comunes de este delito y ofrece un panorama de los retos que enfrenta la seguridad ciudadana en el territorio peruano.

Según los datos proporcionados por la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP, se registraron un total de 19.432 casos de extorsión durante el periodo analizado. De estos, 17.154 corresponden a la modalidad típica u ordinaria, que es la más frecuente. Otras formas de extorsión incluyen el esquema conocido como “gota a gota”, con 840 casos reportados, el cobro de cupos, que alcanzó 877 incidentes, el “chalequeo”, con 436 casos, y otras modalidades que sumaron 125 registros.

El informe también destaca que las víctimas de extorsión no se limitan a un solo sector de la población. Aunque los comerciantes son los más afectados, el impacto de este delito se extiende a diversos grupos sociales, como trabajadores independientes y profesionales, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de afectados. Amas de casa, transportistas, empleados y estudiantes también figuran entre los principales objetivos de los extorsionadores, lo que evidencia la amplitud del problema.

La modalidad típica u ordinaria, que representa la mayoría de los casos, se caracteriza por amenazas directas a las víctimas o sus familias con el objetivo de obtener dinero u otros beneficios. Por otro lado, el “gota a gota” es un esquema que combina préstamos informales con extorsión, donde las víctimas son presionadas para devolver sumas de dinero con intereses exorbitantes bajo amenazas de violencia. El cobro de cupos, por su parte, afecta principalmente a empresarios y comerciantes, quienes son obligados a pagar sumas periódicas para evitar represalias. El “chalequeo” implica la exigencia de dinero a cambio de “protección” contra posibles ataques, aunque en muchos casos los mismos extorsionadores son quienes generan las amenazas.

Este fenómeno no solo afecta a la capital, Lima Metropolitana, sino que se ha extendido a nivel nacional, golpeando con especial dureza a sectores vulnerables como los transportistas y los pequeños emprendedores. La situación ha generado una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

De acuerdo con el medio, Lima Metropolitana lidera las estadísticas con el mayor número de denuncias, siendo los transportistas y los microempresarios los gremios más perjudicados. En el caso de los pequeños emprendedores, la Asociación de Bodegueros reportó que más de 13.000 microempresarios denunciaron actos de extorsión en lo que va del año. Como consecuencia directa, 2.600 bodegas han cerrado sus puertas en la capital, lo que no solo afecta a las familias que dependen de estos negocios, sino que también impacta negativamente en la economía local.

El sector transporte, por su parte, enfrenta una situación igualmente crítica. Según detalló PuntoEdu, cerca de 10 empresas de transporte metropolitano operan bajo constantes amenazas y ataques de bandas criminales. Durante la última semana de agosto, cuatro conductores fueron asesinados en incidentes relacionados con extorsiones, lo que evidencia la gravedad del problema. Ante esta situación, el gremio de transportistas ha decidido tomar medidas de presión, organizando un paro en Lima y una marcha para exigir acciones concretas que garanticen su seguridad.

El gobierno ha anunciado iniciativas para enfrentar esta problemática, como la creación de un grupo especial dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el endurecimiento de las penas para los responsables de estos delitos. Sin embargo, estas propuestas no han logrado recuperar la confianza de la ciudadanía ni de los sectores afectados. Según el politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Mag. Noam López, la falta de confianza en las instituciones es uno de los factores que agravan la situación, ya que muchas víctimas optan por no denunciar debido al temor y a la percepción de ineficacia de las autoridades.