En apenas una semana -sin contar los feriados calendario-, y pese a gozar de los cuestionamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Poder Ejecutivo reglamentó esta noche la Amnistía Tributaria que impulsa por el Congreso de la República para regularizar, en el ejercicio 2024, las rentas no declaradas por personas naturales (un impacto de hasta S/3.600 millones) al 31 de diciembre de 2022.
La reglamentación de la Ley N° 32201, que ofrece un régimen excepcional del Impuesto a la renta (IR) para personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país, se materializa faltando solo cinco días para que finalice el 2024 -tres para que termine el periodo de afiliación a la norma-, a la espera de la resolución de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que active sus procedimientos.
Sin embargo, con el solo reglamento publicado en tiempo récord por el Poder Ejecutivo ya se puede ir avanzando con los trámites, de acuerdo a diversos especialistas consultados por este medio. Según MEF, el régimen es regresivo: beneficia principalmente a los contribuyentes de mayores ingresos, quienes concentran el 94% de rentas extranjeras.
“Es curioso cómo algunas cosas parecen hechas a la medida. ¿A quién o a quiénes les convendrá tanto esta amnistía que, aun sin conocer todas las disposiciones y reglas aplicables, ya tienen claro que se van a acoger? Es como si jugaran con cartas marcadas mientras el resto espera las reglas del juego. ¿Casualidad o estrategia? La duda queda”, dijo una fuente consultada.
Precisamente, Infobae Perú pudo conocer que la Sunat ya promociona la recientemente reglamentada amnistía tributaria, invitando en las últimas horas a diversos contribuyentes y sus asesores contables a plegarse a los beneficios en los restantes tres días del 2024.
El problema está en que, de acuerdo a la propia normativa, la Sunat garantizará la confidencialidad de los contribuyentes que se acojan al nuevo régimen excepcional del Impuesto a la Renta, por lo que será imposible rastrearlos una vez que se hayan acogido.
“Sunat anda contactando a contadores para que avisen a sus clientes sobre la amnistía tributaria. ¿El objetivo? Lograr que más personas se acojan y así diluir entre la multitud a ciertos nombres ya identificados, como congresistas o personas vinculadas a ellos. Una estrategia curiosa: convocar a todos para que los pocos realmente interesados pasen desapercibidos”, manifestó otra fuente que siguió de cerca el caso.
Vale precisar que este régimen, impulsado fuertemente por la bancada fujimorista, busca promover la formalización económica y ampliar la base de contribuyentes en el país, ofreciendo beneficios fiscales a quienes regularicen rentas no declaradas hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿Cómo funciona la nueva Amnistía Tributaria del Congreso?
La Ley N° 32201, que condona deudas tributarias por un monto de entre S/2.100 millones y S/3.600 millones, según el MEF, tiene condiciones específicas para su aplicación y exclusiones claras para ciertos contribuyentes.
De acuerdo con el reglamento, el régimen está dirigido a personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en Perú, siempre que estas hayan generado ingresos en ejercicios anteriores a 2023 y cumplan con los requisitos establecidos.
Sin embargo, se excluyen de este beneficio a los contribuyentes que posean rentas no declaradas en jurisdicciones consideradas de alto riesgo o no cooperantes, así como aquellos con deudas tributarias firmes o implicancias legales relacionadas con delitos específicos.
Según informó el reglamento, esta exclusión busca garantizar que el régimen no sea utilizado para encubrir actividades ilícitas.
El cálculo del impuesto bajo este régimen se basa en una tasa del 10% aplicada sobre la base imponible, que comprende los ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2022 y que no hayan sido previamente declarados.
No obstante, se establece una tasa reducida del 7% para aquellos contribuyentes que repatríen dinero al país y lo mantengan en territorio peruano por un período mínimo de 12 meses.
Para acogerse al régimen, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada ante la Sunat antes del 29 de diciembre de 2024. En esta declaración, deberán detallar los ingresos netos, bienes y derechos que deseen regularizar.
Además, será obligatorio realizar el pago total del impuesto correspondiente al momento de presentar la declaración. Según lo estipulado en el reglamento, el cumplimiento de estos requisitos permitirá a los contribuyentes regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios.
Entre los efectos más destacados del acogimiento al régimen, se encuentra la extinción de las obligaciones tributarias relacionadas con las rentas regularizadas. Asimismo, los contribuyentes que se acojan estarán protegidos contra acciones penales por delitos tributarios y aduaneros, así como por lavado de activos derivado de estos.
Finalmente, el reglamento también establece que la Sunat tendrá la facultad de verificar la información proporcionada por los contribuyentes durante un período de un año, a partir del 1 de enero de 2025.
El impacto fiscal de S/3.600 millones promovido por Congreso y Ejecutivo
Originalmente, el MEF había señalado que la propuesta de Amnistía Tributaria presentada por la congresista Heidy Juárez de Podemos Perú podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país y afectar la equidad en el sistema tributario.
Según el ministro José Arista, la medida implicaría una potencial pérdida de deudas que oscilan entre S/2.100 millones y S/3.600 millones (aproximadamente, entre US$550 millones y US$940 millones), lo que representaría un impacto significativo en el presupuesto destinado a programas sociales y de seguridad pública.
De acuerdo con el MEF, esta pérdida de ingresos fiscales podría poner en riesgo el financiamiento de iniciativas prioritarias, como el programa alimentario Qali Warma, que beneficia a miles de niños en situación de vulnerabilidad.
Además, la medida podría debilitar la capacidad del Estado para garantizar la sostenibilidad fiscal, un aspecto clave para mantener la estabilidad económica del país.
Por ello, el MEF también consideraba, en su momento, que la propuesta contradecía los principios fundamentales de equidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución.
Según datos proporcionados por la hoy concedente Sunat, las rentas de fuente extranjera están altamente concentradas en los sectores más ricos de la población. En concreto, el 1% más rico acumula el 94% de estas rentas, lo que evidencia una marcada desigualdad en la distribución de los ingresos.
Bajo el régimen propuesto, una persona con ingresos anuales no declarados de US$10 millones podría regularizar su situación tributaria pagando solo US$3 millones, lo que equivale a una tasa efectiva del 30%.
Este porcentaje es inferior al que se aplica a un trabajador con ingresos mensuales de US$2.000, lo que, según el MEF, genera un trato preferencial hacia quienes no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Ahora, todo parece estar consumado.
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