Podemos termina el 2024 con más del doble de miembros en el Congreso y se convierte en la tercera fuerza

La bancada de Podemos Perú en el Congreso terminará este 2024 con más del doble de integrantes de los que obtuvo luego de las elecciones generales del 2021.

El grupo parlamentario inició con solo 5 miembros: Digna Calle, José Elías Ávalos, Carlos Anderson, Enrique Wong, y José Luna Gálvez, quien es su fundador.

De ellos, solo quedan dos parlamentarios, ya que Elías se unió a Alianza para el Progreso, Anderson renunció y permanece como no agrupado, y Wong falleció.

Sin embargo, durante este tiempo se unieron: Juan Burgos (Avanza País), Kira Alcarraz (Somos Perú), Francis Paredes (Perú Libre), José Arriola (Acción Popular), Heidy Juárez (APP), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), Darwin Espinoza (Acción Popular) Guido Bellido (Perú Libre), Edgar Tello (Perú Libre) Luis Picón (Alianza para el Progreso) y Ariana Orué Medina, quien reemplazó al legislador fenecido.

La Universidad Telesup, fundada por el congresista José Luna Gálvez, fue incluida formalmente en una investigación preparatoria por presuntas irregularidades relacionadas con la inscripción del partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta decisión fue ratificada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que desestimó un recurso de apelación presentado por la institución educativa.

El caso se enmarca en una investigación más amplia que involucra al congresista Luna Gálvez, quien es señalado por la Fiscalía como líder de una presunta organización criminal. De acuerdo con el Ministerio Público, esta red habría buscado influir en la elección del jefe de la ONPE, utilizando a la casa de estudios como un mecanismo para justificar pagos y beneficios otorgados a los integrantes de dicha organización. Entre estos pagos, se destaca un monto de 1,3 millones de soles (aproximadamente 340 mil dólares), que habría sido canalizado a través de la universidad.

La resolución que incluye a Telesup en el proceso fue emitida inicialmente el 5 de octubre por el juez Jorge Chávez Tamaríz. Sin embargo, la universidad presentó un recurso de apelación argumentando que la decisión carecía de una adecuada fundamentación y que no se habían considerado otros elementos de convicción presentados por su defensa. A pesar de estos argumentos, la sala de apelaciones confirmó la resolución, señalando que existen suficientes indicios para vincular a la institución como “persona jurídica” en los hechos investigados.

La defensa legal de la universidad ha cuestionado la decisión judicial, insistiendo en que no se han valorado adecuadamente las pruebas presentadas en su descargo. Asimismo, han señalado que la resolución del juez Chávez Tamaríz presenta defectos en su motivación, lo que, según ellos, afecta la legitimidad del proceso.

Otro personaje que se unió a las filas de Podemos Perú fue Daniel Urresti, cuando postuló a la alcaldía de Lima en el 2022. En ese entonces, quedó en segundo lugar, por detrás del actual burgomaestre, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

Recientemente, se dio a conocer que no se podrá suspender la ejecución de su condena de 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988. La Corte Suprema desestimó el recurso presentado por la defensa de Urresti, que buscaba detener provisionalmente la pena mientras se resolvía un recurso de nulidad contra la sentencia.

De acuerdo con la resolución de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, no procede declarar nula la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que previamente había rechazado el pedido de Urresti. Este fallo ratifica que el exministro no cumple con los requisitos necesarios para que se le aplique una suspensión de la pena, incluso bajo circunstancias excepcionales.

El recurso presentado por la defensa del excandidato presidencial argumentaba que debía aplicarse el Nuevo Código Procesal Penal, específicamente el artículo 402, que permite a los jueces suspender la ejecución de una condena o imponer medidas restrictivas mientras se resuelve una impugnación.