Fiscal de la Nación abre investigación contra Morgan Quero por llamar “ratas” a muertos en protestas

Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, ha iniciado diligencias preliminares, por 60 días, contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por el presunto delito de discriminación.

Como se recuerda, el titular del Minedu dijo que “los derechos humanos son para personas, no para las ratas”, luego de ser consultado por el diario La República sobre la falta de posición del Gobierno de Dina Boluarte sobre los más de 40 fallecidos durante las protestas del 2022 y 2023, en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Según el mismo medio, las denuncias fueron planteadas por Raúl Constantino Samillan Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022 - 2023; Ronald Atencio, presidente del Partido Voces del Pueblo; y el abogado Javier Adrianzén.

“Los recurrentes denunciaron la presunta comisión del delito de discriminación al considerar que dicha calificación [”ratas”] fue denigrante y ofensiva en menosprecio a los fallecidos en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, atentando contra su dignidad humana”, indica la disposición que tuvo acceso La República.

El delito de discriminación se encuentra tipificado en el artículo 323 del Código Penal, y de ser encontrado culpable podría recibir una pena entre dos a tres años de prisión o de 60 a 120 jornadas de servicio comunitario.

Morgan Quero compartirá su declaración el próximo viernes 10 de enero del 2025, a las 10:00 horas, en la sede central del Ministerio Público. Una vez que se cumpla el plazo de 60 días impuesto por la Fiscalía, se deberá decidir si se formula una denuncia constitucional ante el Parlamento para el levantamiento del antejuicio político o si finalmente se archiva el caso.

Después de ser criticado por sus declaraciones, el ministro aseguró que había escuchado mal la pregunta de la corresponsal Almendra Ruesto, y que más bien se refería a los violadores de menores de edad.

Por otra parte, el Ministerio Público también ha oficiado a la Defensoría del Pueblo para que informe de algún procedimiento o informe que haya elaborado con relación a Quero.

Este organismo autónomo, liderado por Josué Gutiérrez, fue la primera institución en criticar la respuesta del titular del Minedu y en exigir a la presidenta su inmediata destitución. No obstante, la mandataria hizo caso omiso a esta solicitud y hasta el momento, el político continúa formando parte del Gabinete.

Morgan Quero Gaime, politólogo y docente universitario, fue designado como ministro de Educación en abril de 2024, en un contexto de crisis política y social. Su nombramiento se dio tras la reestructuración del gabinete de la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a seis ministros en medio del escándalo conocido como el “Caso Rolex”. Desde entonces, se ha mantenido como una figura cercana a Boluarte, siendo incluso mencionado como un posible sucesor del entonces premier Gustavo Adrianzén.

Desde entonces, el político se ha visto envuelto en diversos escándalos. Por ejemplo, a inicios de junio de este año, medios nacionales reportaron más de 500 casos de abusos sexuales perpetrados por docentes contra escolares en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas.

En medio de este contexto, Quero generó indignación al calificar la violencia sexual contra menores de edad en comunidades amazónicas como una “práctica cultural”. No solo eso, sino que también sugirió que tales actos se llevaban a cabo para “ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas”.

Luego, en octubre, durante su visita al colegio Julio C. Tello en Ate, donde un profesor fue asesinado por un sicario frente a un grupo de alumnos, el ministro intentó ofrecer sus condolencias y luego lanzó arengas, generando desconcierto en los padres que se encontraban presentes.

Una de estas demandas contra Morgan Quero fue presentada por el exprocurador Javier Adrianzén, tras llamar ‘ratas’ a las 50 personas fallecidas.

“Sus declaraciones al atribuir a 50 personas fallecidos que ellos no tienen derechos humanos, sino que son ratas. Eso no lo puede decir un ministro de Educación, ni ningún ministro, ni ningún peruano, cualquiera que sea la condición, hacerlo es discriminación. La investigación ha sido abierta. La Fiscalía de la Nación me ha notificado la apertura de investigación preliminar y está en etapa de investigaciones con la espera que se haga justicia para que nunca más un ministro insulte a personas que han fallecido”, señaló el denunciante.