Dina Boluarte no promulga norma que restablece la detención preliminar: Congreso envió la autógrafa hace 10 días

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a promulgar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Ya han pasado 10 días desde que se envió la autógrafa a Palacio de Gobierno y la norma aún no ha sido promulgada.

La demora de Dina Boluarte, sin una razón conocida, es lo que impide a los fiscales pedir la detención preliminar en casos de no flagrancia en investigaciones complejas. Demora que, por ejemplo, benefició al vocero presidencial, Fredy Hinojosa.

Cuando el Congreso de la República envía una norma, el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para decidir si la observa o la promulga. Sin embargo, tal como dijo Salhuana, al ser un tema urgente debe “promulgarse de manera inmediata”.

“Ellos tienen un plazo de 15 días, pero evidentemente ante la premura, ante la urgencia y lo evidente del error en el cual se ha incurrido, yo creo que el Ejecutivo tiene que promulgarlo de manera inmediata”, manifestó en una entrevista a RPP.

El último día de la legislatura, durante una votación realizada de madrugada y en medio de numerosos cuestionamientos, el Congreso retrocedió y aprobó por mayoría la Ley 9733, que restituye la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

El 16 de diciembre, la norma fue remitida a la mesa de partes de Palacio de Gobierno para su promulgación. Un día después, el 17 de diciembre, la Fiscalía allanó la vivienda de Fredy Hinojosa en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.

Aunque una diligencia del Ministerio Público contra un funcionario vinculado al gobierno no resulta inusual, lo controversial de esta situación radica en que se habría solicitado también la detención preliminar de Hinojosa. Sin embargo, debido a que la norma que corregía el error del Congreso aún no había sido promulgada, esta medida no pudo hacerse efectiva.

Al ser cuestionado por la demora en promulgar la norma, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que aún están en los plazos dispuestos por ley y que están a la espera de opiniones de expertos de los sectores involucrados.

“Lo que tenemos que decir en estos momentos es que nos encontramos en los plazos legales y estamos haciendo un exhaustivo análisis para ver qué es lo que corresponde, como siempre ocurre, cuando llegan las normas, los proyectos del Congreso, distribuimos entre los sectores concernidos y estamos esperando opinión de que todos se pronuncien. Este tema merecerá un análisis muy detallado”, explicó el último 18 de diciembre.

Si bien el jefe de Gabinete no dio una fecha exacta para que el Ejecutivo promulgue la restitución de la detención preliminar, explicó que al ser un tema “delicado” el gobierno no quiere precipitarse a tomar una decisión que no “sea la más correcta”.

“Se trata de un tema absolutamente delicado y lo que no queremos desde el Ejecutivo es precipitarnos a tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta. Vamos a hacer las consultas a nivel de los sectores concernidos y, si es necesario, ampliaremos el nivel de consultas”, agregó.

Fredy Hinojosa no fue el único beneficiado con la ley aprobada por el Congreso. Otro de los investigados en el caso Qali Warma, Nilo Burga, presidente de Frigoinca, también iba a ser detenido. Sin embargo, el 25 de diciembre se informó que el empresario fue hallado muerto en un hotel de Magdalena.

Entre los otros beneficiados por esta legislación se encuentran los integrantes de la presunta organización criminal conocida como ‘Las Hienas Verdes’, quienes fueron liberados luego de que la primera norma fuera promulgada.

Es importante recordar que los proyectos de ley recogidos en el dictamen que eliminaba la detención preliminar fueron presentados por dos congresistas de Perú Libre: Américo Gonza y Waldemar Cerrón. Este partido, fundado por Vladimir Cerrón, ha argumentado reiteradamente que su líder es víctima de persecución y abuso por parte del sistema de justicia.

Además, no es la primera vez que la bancada de Perú Libre impulsa normas que limitan el accionar de los operadores de justicia, generando controversias y críticas desde diversos sectores.