El asesinato de Andrea Vidal Gómez, exabogada de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso (OLCC), ha puesto al Congreso de la República en el ojo de la tormenta. Las investigaciones han revelado indicios de una presunta red de prostitución que habría operado bajo la gestión de Jorge Torres Saravia, quien ocupaba el cargo de jefe de dicha oficina.
Inicialmente, se pensó que el ataque sicarial iba dirigido al conductor del taxi en el que Andrea Vidal viajaba como pasajera. Sin embargo, las investigaciones han tomado un giro inesperado al explorar posibles conexiones entre el asesinato y los conflictos internos de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde Andrea trabajó desde octubre 2023 hasta su salida en septiembre de 2024.
Su renuncia estuvo rodeada de rumores sobre una presunta discusión con su jefe Jorge Torres Saravia, aunque los detalles de este incidente permanecen en el misterio y el propio Torres ha negado la versión. No obstante, La Fiscalía ahora indaga si esta disputa, sumada a la existencia de una presunta red de prostitución en la que Vidal podría haber ocupado un rol clave, está relacionada con el asesinato por encargo contra Vidal.
Testigos claves
Personas que laboraron en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso durante el periodo en que Andrea Vidal y Jorge Torres compartieron funciones han sido identificadas como testigos claves en el caso. Según La República, de las diez personas que figuran en la lista de trabajadores de la OLCC, siete son mujeres.
Como jefe de la OLCC, Jorge Torres percibía mensualmente S/19.277; Erick Recarte (S/12.663); Guillermo Díaz (S/15.470); Andrea Vidal (S/10.402); Indira Ruiz (S/10.402); Milagritos Quintana (S/7.106); Verioska Jordan (S/4,953); Kennia Cóndor (S/7.106); Isabel Cajo (S/7.883); y Kathleen Mariño (S/4.943).
“Las contrataciones las decidía Torres. Era quien las citaba en su oficina y evaluaba sus documentos personales. Cada una tiene una historia propia con Torres. Se entiende que coordinaba con Alianza para el Progreso (APP), que es el partido para el que trabajaba”, dijeron fuentes relacionadas con la OLCC al citado medio.
Erick Recarte Panchano y Indira Ruiz Ponce, abogados de la OLCC, han sido señalados como parte del equipo. También han sido mencionadas Kathleen Mariño Fierro e Isabel Cajo Salvador, técnicas de la oficina.
En el caso de Cajo, ahora vinculada al despacho del congresista acciopopulista Edwin Martínez Talavera, habría tenido conocimiento de los procedimientos internos del despacho de Torres, incluyendo cómo se gestionaban los contratos laborales de algunas trabajadoras que, según las denuncias, habrían sido registradas como empleadas administrativas mientras cumplían otras funciones.
La fuente también destacó el testimonio de Verioska Jordan Paz y Kennia Cóndor Ticse. Sobre Cóndor, se ha conocido su vínculo familiar con el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse y su paso por otros despachos congresales antes de unirse a la OLCC.
Milagritos Quintana Mogollón, teniente alcaldesa de La Molina elegida con el partido de Renovación Popular, ha sido mencionada como una de las personas que trabajó bajo la dirección de Torres y que también tendría información relevante sobre las supuestas dinámicas laborales en la oficina.
Cabe mencionar que la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado a diversos funcionarios como parte de la investigación sobre la presunta red de corrupción y proxenetismo que habría operado en la Oficina Legal y Constitucional (OLCC). Entre los citados figuran Haydi Figueroa, jefa de Recursos Humanos; Jesús Mateo Llano, actual jefe de la OLCC; y Manuel Peña Tavera, procurador del Poder Legislativo.
Sin embargo, quienes poseen información más detallada sobre lo que sucedía en el despacho de Jorge Torres Saravia, hombre de confianza del partido de César Acuña, son los diez trabajadores previamente mencionado. De acuerdo a fotografías compartidas por varios de ellos, siempre estuvieron presentes en las reuniones de camaradería de su jefe Jorge Torres.
Por otro lado, la madre de Andrea Vidal, María Isabel Gómez, manifestó su convicción de que su hija no era el objetivo principal del ataque sicarial. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que su fallecimiento esté vinculado a otros motivos. En declaraciones a Radioprogramas, expresó su disposición a colaborar con las investigaciones, asegurando que es la persona más interesada en esclarecer lo sucedido.
“Lo asumiré y colaboraré con las investigaciones, porque la más interesada voy a ser yo. Me va a doler en el alma, pero lo voy a asumir y voy a ser la primera en involucrarme en la investigación. No sé con qué fuerza, pero lo voy a hacer”, comentó.