La Ley de Extinción de Dominio, diseñada para combatir el crimen organizado mediante la expropiación de bienes vinculados a actividades ilícitas, ha generado controversia en el ámbito jurídico y económico debido a su presunta mala aplicación.
Diversos especialistas han manifestado que esta normativa ha sido utilizada de manera excesiva, afectando a empresas formales y sectores clave de la economía, como el pesquero.
Por ejemplo, el abogado constitucionalista Adrián Simons y el director ejecutivo de CeDePesca, Ernesto Godelman, han señalado la necesidad de modificar la ley para evitar daños irreparables.
Simons destacó que la incautación de bienes bajo esta ley ha perjudicado gravemente a empresas que operan dentro del marco legal. En el caso del sector pesquero, la confiscación de embarcaciones ha generado pérdidas significativas no solo para las compañías afectadas, sino también para los trabajadores y el Estado.
“Esta actividad económica, que solo se realiza dos veces al año, ha dejado de generar ingresos importantes debido a estas acciones”, explicó el abogado.
Simons enfatizó que los problemas surgen de la facilidad con la que se otorgan incautaciones a solicitud de la fiscalía, sin que existan requisitos claros o un análisis jurídico sólido.
En este sentido, propuso que la ley sea revisada para incluir criterios técnicos que garanticen que las medidas sean razonables y estén debidamente fundamentadas.
“Es necesario que la incautación no proceda únicamente con el pedido de la Fiscalía, sino que se exijan requisitos básicos, como ocurre en otras legislaciones”, afirmó.
¿Multas desproporcionadas para la pesca?
Por su parte, Godelman expresó su preocupación por la interpretación que algunos fiscales han dado a la normativa, particularmente en relación con la pesca incidental, una práctica que ocurre de manera involuntaria durante las actividades pesqueras.
Según el director de CeDePesca, esta práctica ha sido erróneamente catalogada como un delito vinculado al crimen organizado, lo que ha derivado en sanciones desproporcionadas, como multas elevadas, la extinción de dominio de bienes y, en algunos casos, la amenaza de prisión para los pescadores.
“Si se continúa equiparando estas infracciones con actividades criminales, se corre el riesgo de afectar gravemente a una de las principales actividades económicas del país: la pesca industrial y artesanal”, advirtió Godelman.
Este sector no solo es fundamental para la economía peruana, sino que también representa una fuente de empleo para miles de personas y un recurso clave para la seguridad alimentaria.
De esta manera, el impacto de estas medidas no se limita a las empresas y trabajadores. Según los expertos, las pérdidas económicas también repercuten en el Estado, que deja de percibir ingresos fiscales provenientes de actividades productivas legítimas.
Ley de extinción de dominio generaría S/2,4 millones de pérdidas para la pesca
Más de 15.000 pescadores industriales podrían perder sus empleos y enfrentar procesos judiciales debido a la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, según advirtió el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP).
Esta normativa, diseñada para combatir delitos como el narcotráfico y el tráfico ilegal de especies protegidas, ha generado preocupación en el sector pesquero, que denuncia un uso indebido de la ley contra trabajadores del rubro.
De acuerdo con declaraciones de Franklin Gonzales, secretario general del SUPNEP, la aplicación de esta ley está afectando gravemente a los pescadores, quienes temen por su estabilidad laboral en la segunda temporada de pesca de anchoveta.
Gonzales señaló que la normativa está siendo malinterpretada, lo que ha llevado a la criminalización de los trabajadores del sector. Según explicó, ya hay 40 pescadores que han sido directamente afectados, lo que ha resultado en la pérdida de más de S/2,4 millones en concepto de salarios, utilidades y beneficios sociales.
El impacto de la ley no se limita a los pescadores, sino que también ha alcanzado a las empresas pesqueras. Según informó el SUPNEP, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han iniciado procesos administrativos contra las embarcaciones Kiana, de la empresa Austral Group, y Marina B, de Hayduk.
Ambas embarcaciones fueron incautadas y actualmente se encuentran en proceso de devolución. Además, se han abierto procesos penales contra las tripulaciones de estas naves, lo que ha generado un clima de incertidumbre en el sector.
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