Violencia en Cajamarca: teniente alcalde afiliado a APP agrede brutalmente a músico en fiesta de promoción

El distrito de Tacabamba, provincia de Chota, Cajamarca, se encuentra en el centro de la polémica tras un episodio violento protagonizado por el teniente alcalde Roger Quispe Vega, de 52 años, quien fue grabado en video mientras golpeaba salvajemente a un músico durante una fiesta escolar. El ataque en plena celebración ha generado descontento en la población de Tacabamba y pedidos de justicia por parte de los familiares de la víctima.

El incidente ocurrió en una fiesta de promoción organizada por la institución educativa Victor Herrera Delgado, en Tacabamba. Según los videos captados por los asistentes al evento, Quispe Vega, acompañado de su hijo Anthony Quispe Ríos, propinó puñetazos y patadas a Jeyson Elvis Torres Acuña, vocalista de una agrupación musical que amenizaba la fiesta.

Según asistentes al evento, la golpiza habría ocurrido porque los integrantes de la banda dejaron de tocar en la madrugada cuando se disponían a retirarse, lo que molestó a los agresores, quienes querían continuar con la fiesta. La agresión dejó al artista gravemente herido y desfigurado, con fracturas faciales, contusiones, fisuras en los pómulos y cortes en varias partes del cuerpo. Los familiares de la víctima han denunciado que el ataque lo dejó al borde de la muerte.

Tras la difusión de las imágenes, Roger Quispe Vega, quien pertenece al partido de Alianza para el Progreso, y además de ser autoridad municipal es docente de la misma institución que organizaba el evento, confesó la agresión e intentó justificar sus actos alegando que se encontraba en estado de ebriedad. “Yo no he estado sano, he estado en estado etílico ahí, pero en conocimiento. Estoy mal. No debería yo patear al sujeto, ese es mi error”, declaró al noticiero 24 horas y a medios locales. Sin embargo, sus palabras han sido rechazadas por la población, que exige su renuncia inmediata y una sanción ejemplar.

Los familiares de la víctima, visiblemente afectados, han exigido la intervención de las autoridades. “Queremos justicia, que el Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía actúen. Por poco llega muerto a mi casa”, señaló el padre de Torres Acuña. Hasta el momento, ni la Municipalidad de Tacabamba ni el Ministerio de Educación han emitido pronunciamientos oficiales sobre el incidente.

El Ministerio Público ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados. Este caso, que ha conmocionado a Cajamarca, plantea serios cuestionamientos sobre el comportamiento de las autoridades locales y la falta de control en eventos escolares.

De acuerdo a los expertos, el incremento de los delitos en 2024 está asociado con una combinación de factores sociales y económicos. La crisis económica, el desempleo y la falta de oportunidades en sectores formales han impulsado a algunos individuos hacia actividades delictivas. Además, la presencia de redes criminales organizadas que aprovechan la precariedad de los sistemas de seguridad y justicia ha ampliado su alcance.

Si tiene conocimiento de un caso de violencia física, psicológica o sexual contra una mujer o algún miembro del grupo familiar, puede comunicarse con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer. Este servicio ofrece información, orientación, asesoramiento y apoyo emocional en quechua, aimara y español. Las llamadas son gratuitas desde teléfonos fijos o celulares, están disponibles las 24 horas, todos los días del año, y se pueden realizar desde cualquier lugar del país.

También puede reportar el incidente en línea a través del portal denuncias.mininter.gob.pe, perteneciente a la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior. Esta plataforma digital permite registrar un formulario de manera anónima o identificándose.

Adicionalmente, la CUD dispone de la Línea 1818, un número gratuito donde, además de reportar violencia contra la mujer y el grupo familiar, se pueden denunciar irregularidades de personal policial o del Ministerio del Interior, casos de trata de personas y puntos de venta de drogas.