El Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Constitucional de Lima, desestimó la demanda de amparo presentada por Patricia Benavides Vargas, quien buscaba ser restituida en sus cargos como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La resolución declaró improcedente el recurso interpuesto contra la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), argumentando que la vía constitucional no era la adecuada para resolver este tipo de controversias.
La demanda de Benavides tenía como objetivo revertir lo que consideraba una vulneración de sus derechos fundamentales tras su destitución. Sin embargo, el juzgado determinó que el cuestionamiento a los actos administrativos que llevaron a su remoción debía ser tramitado por una vía ordinaria que permita abordar este tipo de disputas específicas.
“La pretensión referida al cuestionamiento de dichos actos administrativos cuenta con una vía procedimental específica en la vía ordinaria (Proceso Contencioso Administrativo), y siendo objeto de la presente demanda, el cuestionamiento a una sanción administrativa, dicha pretensión debe ser dilucidada en otra vía procesal”, enfatizó el PJ en sus fundamentos.
Además, el juzgado señaló que la solicitud de Benavides para ser repuesta como fiscal de la Nación había perdido relevancia debido a la elección de Delia Espinoza como nueva titular del Ministerio Público. Espinoza asumirá el cargo para el periodo 2024-2027, lo que, según la resolución, sustrae la materia del reclamo de Benavides, al no existir ya un vacío en la titularidad del cargo.
El tribunal también argumentó que Benavides no logró demostrar la urgencia de la tutela solicitada ni la gravedad del daño que alegaba haber sufrido. Este punto fue clave para desestimar la demanda, ya que el recurso de amparo requiere que se acredite la necesidad de una intervención inmediata para evitar un perjuicio irreparable.
El fallo del Poder Judicial refuerza la importancia de seguir los cauces legales establecidos para resolver disputas administrativas, y establece un precedente sobre los límites del recurso de amparo en casos relacionados con sanciones administrativas. Asimismo, pone de manifiesto la autonomía de la Junta Nacional de Justicia en su rol de supervisión y control de los altos funcionarios del sistema judicial.
Cabe mencionar que, si bien con este fallo el caso de Patricia Benavides parece haber llegado a un punto de cierre en el ámbito constitucional, aún queda abierta la posibilidad de que la exfiscal suprema explore otras vías legales para continuar su lucha por la restitución.
Como se recuerda, la destitución de Patricia Benavides fue el resultado de un procedimiento administrativo llevado a cabo por la Junta Nacional de Justicia, organismo encargado de supervisar y sancionar a los altos funcionarios del sistema judicial en Perú.
Por unanimidad, los magistrados respaldaron el informe de la jueza ponente María Zavala, quien concluyó que la exfiscal de la Nación actuó con dolo, con intereses alternos y vulnerando la ley de carrera fiscal, en la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla.
“Es preciso indicar que el proceso disciplinario se abrió por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a Enma Benavides acusada de recibir, presuntamente, pago de sobornos a cambio de liberar a narcotraficantes”, afirmó Zavala durante su exposición. De esta manera, Guillermo Thornberry, María Zavala, Marco Falconí, Imelda Tumialán y Antonio de la Haza acordaron la salida de la investigada por graves faltas disciplinarias.