Homicidios de 2024 superan en 30% a los del año pasado: Cifra total está a punto de superar las 2.000 víctimas

El Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 1.962 casos de ciudadanos y ciudadanas fallecidos por asesinato

Homicidios en Perú durante el 2024 superan en 30% a los registrados en el 2023. (Foto: Difusión)

El 2024 será recordado como un año violento, marcado por la ola de extorsiones, secuestros, sicariatos, robos y demás y las cifras oficiales lo confirman. El Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) registra un aumento en el número de homicidios por año. Hasta la fecha han sido 1.962 peruanos y peruanas que han perdido la vida de esta manera tan violenta.

En comparación al 2018, este año, sin haber culminado todavía, ya duplica el número de ciudadanos asesinados. Tan solo en el 2020 y 2023 se han registrado ligeros descensos en comparación al año anterior. Mientras que en el 2019 fallecieron 1.070 personas por esta modalidad, al año siguiente fueron solo 1.002. Mientras que en el 2022 fallecieron 1.516 por esta modalidad, al año siguiente fueron solo 1.495.

La base de datos del Sinadef señala que en Lima durante el 2024 fueron 794 las que fallecieron por homicidio, 624 por accidente de tránsito, de 698 se desconoce el motivo de muerte, 109 por suicidio y 37 por accidente de tránsito.

Lima es la región donde se registran la mayor cantidad de homicidios. (Foto: Difusión)

Las defunciones por muerte violenta según región figura de la siguiente manera:

  • Amazonas - 41
  • Áncash - 283
  • Apurímac - 151
  • Arequipa - 582
  • Ayacucho - 136
  • Cajamarca - 185
  • Callao - 310
  • Cusco - 482
  • Huancavelica - 114
  • Huánuco - 243
  • Ica - 322
  • Junín - 338
  • La Libertad - 540
  • Lambayeque - 156
  • Lima - 2.460
  • Loreto - 141
  • Madre de Dios - 190
  • Moquegua - 51
  • Pasco - 84
  • Piura - 370
  • Puno - 549
  • San Martín - 149
  • Tacna - 112
  • Tumbes - 78
  • Ucayali - 135
  • Extranjero - 68
  • Sin registro - 13

Cuestionables medidas

El gobierno de Dina Boluarte ha apostado por la declaratoria de estado de emergencia como medida para frenar la ola de violencia que existe en el país. A pesar de haber contado con resultados cuestionables, el Ejecutivo decidió extender por 45 días lo que en un inicio fue una medida de 60.

La jefa de Estado cuestionó a sus críticos y los señaló de querer desestabilizar su gobierno. (Fuente: RPP)

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha defendido las presuntas metas cumplidas mientras que la jefa de Estado opta por defender a su ministro llamándolo “valiente”. Los cuestionamientos sobre la aplicación de la medida coinciden con el 3% de aprobación de Boluarte y el pedido de 80% de encuestados para que el titular del Mininter presente su carta de renuncia.

El estado de emergencia en Perú es un régimen excepcional contemplado en la Constitución que se declara en situaciones extraordinarias, como graves amenazas al orden interno, desastres naturales, epidemias, o crisis sociales. Este estado se activa mediante un decreto supremo emitido por el Poder Ejecutivo, y su finalidad es abordar y controlar situaciones que representan un peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos o la estabilidad del país.

La principales características de esta medida son:

Suspensión de derechos fundamentales: Durante el estado de emergencia, se pueden suspender o restringir temporalmente ciertos derechos constitucionales, como:

  • Libertad de tránsito.
  • Inviolabilidad de domicilio.
  • Libertad de reunión y asociación.
  • Libertad y seguridad personales.

Duración limitada: No puede exceder los 60 días inicialmente, aunque se puede prorrogar mediante nuevos decretos si persisten las razones que justificaron su declaración.

Intervención de fuerzas armadas y policiales: Se permite la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para mantener el orden interno, en casos donde las fuerzas policiales resulten insuficientes.

No afecta todos los derechos: Derechos como el derecho a la vida y la prohibición de torturas o desapariciones forzadas permanecen vigentes y deben ser respetados en todo momento.