Defensoría del Pueblo exige a la MML sancionar a los peajes que generen congestión vehicular

A pocas horas de la celebración de la Navidad y a puertas de la temporada de verano, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial en el que exigió a la Municipalidad de Lima fiscalizar y sancionar incumplimientos cometidos por las concesiones de los peajes de la Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. En específico de aquellos relacionados con los “tiempos máximos de espera en cola y el tiempo de espera en cola por pista”.

Según la Defensoría, la empresa concesionaria de la vía Línea Amarilla debe cumplir con mantener el tiempo de espera en cola para los vehículos por debajo de los cinco minutos por cada uno. Esto también deberá cumplirse incluso en los momentos de mayor demanda por parte de ciudadanos.

En el caso de Vías Nuevas de Lima, la Defensoría indicó que Rutas de Lima, como concesionario, debe asegurarse de cumplir con un tiempo de espera en cola por pista, que también debe ser menor a cinco minutos “desde el momento en que el vehículo ingresa a la cola hasta el momento en que se levanta la barrera de la cabina”.

Según la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, ya se ha solicitado al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) -organismo de la MML- “información referida a los tiempos de espera de los vehículos en los estacionamientos de peaje, como las actividades y metodología de supervisión, número de supervisiones realizadas, resultados y penalidades impuestas”.

En noviembre de este año, la empresa concesionaria Rutas de Lima acusó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de incumplir el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en relación con la implementación de vías alternas a la Panamericana Norte, condición necesaria para reanudar el cobro del peaje en el puente Chillón, ubicado en Puente Piedra.

A través de un comunicado, la concesionaria calificó como una “grave situación” el presunto obstáculo que la municipalidad estaría generando al no cumplir con las acciones ordenadas por el TC en su sentencia del 8 de marzo y en el auto aclaratorio del 30 de mayo de este año.

Rutas de Lima denunció que la falta de cumplimiento por parte de la municipalidad constituye un “flagrante desacato”, lo que afecta negativamente la inversión de la empresa y los derechos de sus accionistas. En el comunicado, se recalca que esta situación está generando un perjuicio al Estado peruano, además de a la concesionaria.

En marzo de este año, el Tribunal Constitucional declaró fundado parcialmente el habeas corpus interpuesto contra la concesionaria, Rutas de Lima, y dispuso la suspensión del cobro de peajes en la zona de Chillón. La decisión fue adoptada por unanimidad. En la sentencia, el TC estableció que el cobro de peajes debía suspenderse hasta que se implementen medidas que garanticen la libertad de tránsito, lo que incluyó la construcción de rutas alternas.

En noviembre de este año, durante el evento CADE Ejecutivos 2024, el CEO de Lima Expresa, Raúl Díaz Díaz, indicó que la empresa concesionaria está dispuesta a invertir 100 millones de dólares para ampliar la infraestructura de las vías bajo su concesión, además de pedir que se deje de hablar solo de los peajes y “empezar a hablar de las inversiones que podemos generar”.

Además, Díaz se refirió al pedido común de la Fiscalía y la Municipalidad de Lima para suspender el cobro de peajes. “La Fiscalía hace dos pedidos, uno que no nos dejen cobrar peaje por un año y el otro es que le den la administración de nuestra concesión a EMAPE, por el lado de la Municipalidad de Lima. Nosotros creemos que es un pedido que no tiene sustento, es algo que ya se ha revisado antes en tribunales internacionales”, afirmó en conversación con RPP.