Proceso contra Alejandro Toledo por titularidad de bienes peligraría por proyecto fujimorista

Un proyecto de ley fujimorista que busca modificar el Decreto Legislativo 1373, relacionado con la extinción de dominio, podría poner en riesgo el proceso judicial que actualmente enfrenta Alejandro Toledo Manrique y su familia. La Fiscalía de la Nación advirtió que si se aprueba -en segunda votación- dejaría sin efecto las diligencias que se avanzó contra los bienes patrimoniales vinculados al exmandatario.

La iniciativa legislativa tiene como autor a Jorge Alberto Morante Figari con el apoyo de su bancada naranja, por lo que ya se aprobó en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3577/2022-CR.

Este decreto establece el marco normativo para la extinción de dominio, un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena penal previa. Sin embargo, el proyecto de ley en cuestión propone modificaciones que, de ser aprobadas, podrían debilitar la capacidad de las autoridades al indicar que se aplique cuando haya una sentencia, precisa el el Ministerio Público.

“Cuando se trate de bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal con sentencia firme y consentida”, se lee en el documento.

En este contexto, los bienes patrimoniales de Toledo y su círculo cercano, actualmente bajo investigación, podrían quedar fuera del alcance de la justicia; es decir, no pasarían al nombre del Estado. Cabe recordar que el expresidente se encuentra recluido tras recibir una condena de 20 años y seis meses por los delitos de colusión y lavado de activos.

La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima lleva adelante un proceso contra diversos inmuebles y activos vinculados al exmandatario y su familia. Entre los bienes investigados se encuentran propiedades ubicadas en zonas como Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y unidades inmobiliarias en la Torre Omega, cuya adquisición habría implicado un desembolso total de $5,126,716.14.

Además, se incluye una suma de $42,237.70 depositada en una cuenta bancaria a nombre de Eva Rose Fernenbug, suegra de Toledo. Para el Ministerio Público, estos ingresos se encuentran bajo la lupa, debido a que habían sido adquiridos con el dinero que se le dio al exmandatario, específicamente de los presuntos pagos ilegales realizados por la empresa brasileña Odebrecht.

Estos pagos habrían sido efectuados como parte de un esquema de corrupción relacionado con el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil, también conocido como IIRSA Sur.

La esposa del exmandatario deberá responder a la demanda dentro del plazo de 30 días hábiles establecido por el Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio de Lima con la finalidad de aclarar las compras de los inmuebles.

La finalidad de la investigación es descubrir si los bienes en cuestión fueron adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas, como el lavado de activos y delitos contra la administración pública.

La situación del exjefe de Estado se fue complicando tras las declaraciones de los testigos, por lo que el Poder Judicial lo halló culpable. Jorge Barata indicó que Toledo lo contactaba de manera insistente por teléfono para exigir el pago de un soborno previamente acordado. Este testimonio, respaldado por documentos financieros y peritajes.

En esta trama de corrupción, el expresidente recibió el pago de 35 millones de dólares por parte de la constructora brasileña. Según informó el tribunal presidido por la jueza Zaida Pérez, el dinero fue entregado a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, una obra que terminó causando un perjuicio significativo al Estado peruano.

En este esquema también se le involucra al ya fallecido Josef Maiman, amigo cercano de Toledo, quien fue la persona que recibía los pagos. Asimismo, utilizó sus empresas para canalizar los millonarios montos.