El Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial un requerimiento para ampliar por 18 meses adicionales el plazo de prisión preventiva que cumple la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez. La solicitud se da en el marco del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Mario Chinchay Castillo, sustentó su pedido en la cercanía del vencimiento del plazo inicial de 18 meses de prisión preventiva, que comenzó el 20 de junio de 2023 y concluyó el pasado jueves 19 de diciembre.
El requerimiento fue presentado el último miércoles ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para evaluar el caso el próximo jueves 26 de diciembre a las 12:30 p.m. Las autoridades del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos, donde Betssy Chávez se encuentra recluida, deberán habilitar un espacio para que la exfuncionaria participe en la audiencia de manera remota.
El despacho fiscal, liderado por el fiscal supremo Mario Chinchay Castillo, solicitó una pena de 25 años de prisión para la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez. Además, se plantea su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargos públicos. La acusación señala a Chávez como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, tipificado y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado.
El caso también involucra al expresidente Pedro Castillo; los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo); y al exasesor de la PCM, Aníbal Torres.
Abogados solicitan libertad de Betssy Chávez tras vencimiento de prisión preventiva
La defensa legal de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, ha solicitado su inmediata liberación tras el vencimiento del plazo de prisión preventiva dictado en su contra. Según el requerimiento presentado, la medida impuesta el 20 de junio de 2023 concluyó el pasado jueves 19 de diciembre.
El periodista Alonso Ramos informó que los abogados Raúl Martín Noblecilla Olaechea, Luis Roberto Barranzuela Vite y César Augusto Romero Valdez enviaron una solicitud al juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, exigiendo la excarcelación de su cliente.
En el documento, los letrados argumentaron que mantener la detención de Chávez más allá del plazo establecido constituye una medida arbitraria y una vulneración grave de sus derechos fundamentales, los cuales están protegidos tanto por la Constitución Política del Perú como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“Desde este instante, cualquier privación de libertad más allá del plazo establecido constituye una detención arbitraria y una vulneración grave de sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, indican los letrados.
Poder Judicial rechazó en septiembre pedido de libertad de Betssy Chávez
En septiembre de este año, el Poder Judicial desestimó la solicitud de libertad presentada por la exjefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Castillo. El juez Juan Carlos Checkley determinó que existe un alto riesgo de fuga, señalando que Chávez intentó dirigirse a la embajada de México tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La resolución judicial dispuso que Chávez continúe recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres, ubicado en Chorrillos, Lima. Por su parte, la defensa de Chávez, liderada por el abogado Raúl Noblecilla, argumentó que la prisión preventiva era desproporcionada e injusta, alegando que vulneraba la presunción de inocencia y que no existían elementos que evidenciaran un peligro de obstrucción del proceso judicial. Sin embargo, el juez desestimó estas afirmaciones, destacando el intento de fuga como un factor clave en su decisión.
El contexto del golpe de Estado fallido es fundamental para comprender el fallo judicial. Durante este evento, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar mediante decretos, lo que provocó su destitución y detención inmediata. Chávez, quien ocupaba el cargo de presidenta del Consejo de Ministros en ese momento, es una de las principales investigadas por su presunta participación en estos hechos.
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