La tarde del martes 17 de diciembre, Andrea Vidal Gómez, una extrabajadora del Congreso de la República, falleció tras permanecer siete días en estado crítico en el Hospital 2 de Mayo. Este caso ha tomado relevancia pública debido a las recientes declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha emplazado directamente a César Acuña, ya que la víctima estaba vinculada al partido Alianza para el Progreso (APP).
“Para decirle a César que no se deslinde rápidamente de este tema, porque es gravísimo que una persona que ha sido nombrada por su gente esté asesinada. Eso no es normal. Imagínense que haya más señoritas en la misma situación, aterradas. Es una forma de coartar la libertad de expresión. Hablemos claro”, señaló ante las cámaras de Canal N en rueda de prensa.
López Aliaga también mencionó que este caso evidencia niveles alarmantes de inseguridad y una posible implicación de figuras de alto nivel.
“Es muy raro que ametrallen a una señorita que ha trabajado en el Congreso, hay gente de alto nivel que es capaz de asesinar, y eso solo lo hacen sicarios, eso en Perú nunca se ha visto. Yo no juzgo a la señorita, pero seguro la querían callar para que no hable y dé nombres sobre la gente involucrada, esto huele mal”, explicó.

Pide la presencia de la Fiscalía
Además, el alcalde hizo un llamado a la Fiscalía para que acelere las investigaciones al inidicar la importancia de acceder a los dispositivos digitales de la víctima para profundizar en el caso. “Debería ver el celular de la funcionaria fallecida y que corran realmente, cuando la Fiscalía quiere correr, corre. Acá hay un caso muy raro”, agregó.
“Ametrallar a una persona que está vinculada a un señor que también está investigado por esta red que parece ser proxenetismo es muy raro. A nadie le meten una metralla de 40 balazos, eso es terrorismo urbano al máximo nivel”, añadió.
López Aliaga también mencionó que el “Congreso no puede investigar porque es parte integrante. Por eso, hay que urgir a la Fiscalía para que se pongan las pilas. El celular es importante, ahí va a salir todas las conexiones de esta muerte lamentable”.

El burgomaestre concluyó su posición al señalar que este caso deja al descubierto una posible banda criminal y otras conexiones complejas que afectan la seguridad y justicia en el país.
“Huele que hay una red de prostitución, ‘pareciera’, asesinar a un ser humano no está bien. Hay gente involucrada en este tema, como lo dije, hay crímenes en Perú nunca antes visto”, detalló.
Cabe precisar que la joven fue víctima de un ataque armado ocurrido la noche del martes 10 de diciembre en el cruce de las avenidas San Eugenio y Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, donde actualmente rige un estado de emergencia.
Durante el atentado, el conductor del vehículo en el que viajaba perdió la vida al recibir varios impactos de una ráfaga de más de 40 disparos. Según el reporte policial, el crimen tuvo lugar cuando el taxi por aplicativo, que trasladaba a la extrabajadora del Parlamento, fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta, desde donde individuos armados abrieron fuego de manera indiscriminada.
Según un reportaje televisivo, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica del Parlamento, estaría dirigiendo esta red de explotación sexual. Las acusaciones cobraron relevancia tras el atentado contra Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso, quien había trabajado bajo la subordinación de Torres.
Pena de muerte
El alcalde de la capital aprovechó el caso para volver a expresar su apoyo a la pena de muerte. En ese sentido, propuso llevar a cabo un referéndum para que la ciudadanía decida sobre la implementación de esta medida en casos de violación y asesinato de menores, así como para quienes asesinen a policías o cometan actos de corrupción.
Además, López Aliaga mencionó a Singapur como un modelo a seguir, destacando su riguroso uso de la pena de muerte para delitos graves. Su propuesta ha generado debate tanto en el ámbito político como social, donde algunos la rechazan mientras que otros la consideran necesaria en ciertos delitos. “No tengo problema con ordenar el país, gente que mata policías debería enfrentar la pena de muerte como en Singapur”, afirmó.
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