El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de amparo presentado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su lucha legal contra su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El TC decidió que revisará, en última instancia, el amparo interpuesto por Benavides, quien solicita que se declaren nulos los actos de la JNJ, incluyendo las investigaciones y procesos disciplinarios en su contra, en los que habrían intervenido los consejeros Inés Tello y Aldo Vásquez.
El caso comenzó con el archivo de la demanda por parte de la jueza Jacqueline Tarrillo, quien no se pronunció sobre el fondo de la demanda, argumentando que no se había cumplido un requisito procesal.
La defensa de Benavides apeló, y tras un recurso de queja, el TC resolvió que el recurso de agravio constitucional había sido incorrectamente denegado, por lo que ahora procederá a evaluar el caso en su totalidad.
Pronunciamiento del abogado de Benavides
El abogado de la exfiscal, Anibal Quiroga, brindó mayores detalles sobre la decisión del TC. Explicó a Canal N que la Constitución establece que cualquier persona tiene el derecho de acudir al Tribunal Constitucional para que este revise ciertos actos o decisiones, como es el caso de Benavides, que buscaba impugnar su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia.
Sin embargo, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia, que inicialmente analizó el caso, no emitió una sentencia, sino que resolvió mediante un “auto” (una decisión que no aborda el fondo del asunto).
El abogado explica que, debido a esto, la Sala negó el derecho de Benavides a presentar su caso ante el TC, argumentando que solo cabía recurrir si había una sentencia en su contra.
Ante esta negativa, la defensa de Benavides presentó una “queja de derecho”, que es un recurso legal utilizado para impugnar la denegatoria de un recurso, en este caso, el recurso de agravio constitucional.
El TC, al revisar esta queja, determinó que “no importa si la resolución es un auto o una sentencia”, ya que la decisión de la Sala equivalía a una denegatoria de un amparo que le corresponde resolver al Tribunal. Así, este organismo decidió que el caso debía ser elevado a su fuero para ser resuelto en última instancia, como pidió el abogado.
“Cuando el Poder Judicial (PJ) falla en la defensa de los derechos fundamentales, queda la trinchera del Tribunal Constitucional para corregir los abusos del PJ en la negación de los derechos”, manifestó a dicho medio.
“Ahora, el Poder Judicial debe elevar el expediente al Tribunal, este lo estudiará y lo resolverá. Este es el primer paso para que se le reconozcan sus derechos constitucionales y el Tribunal disponga lo que corresponda según la Constitución y la ley”, agregó.
Quiroga señaló que, una vez el PJ le entregue al TC los expedientes solicitados, demorará entre tres a seis meses para que sea resuelto por la más alta instancia de justicia del país.
“Para ponerlo en otros términos: un árbitro decidió acabar el partido al medio tiempo. Han ido a la FIFA y ellos han dicho que el partido tiene dos tiempos. Que se haga el segundo tiempo”, trató de explicar el letrado.
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