En un operativo realizado este miércoles 18 de diciembre en Ayacucho, personal del puesto de control de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino un vehículo que transportaba dos armas de largo alcance y un cargamento de clorhidrato de cocaína. El procedimiento tuvo lugar en la carretera que conecta Chungui con Huamanga, a la altura del centro poblado Santa Catalina de Tranca.
El vehículo, identificado con la placa BNE-294, estaba conducido por un suboficial técnico de tercera de la PNP. Lo acompañaba otro suboficial de la misma institución, que respondían a los nombres Gil Pérez y Luis Lizárraga. Según el informe preliminar, el registro del vehículo permitió encontrar un fusil AKM y un fusil HK, ambos debidamente abastecidos (tres cacerinas abastecidas con un total 90 municiones y tres cacerinas debidamente con 87 municiones.), además de tres mochilas de lona que contenían 31 paquetes conteniendo alcaloide de cocaína. Al hacerle las pruebas correspondientes, la sustancia salió con una coloración azul turquesa. Las pruebas presuntivas confirmaron la presencia de alcaloide de cocaína en el material incautado.
Tras el hallazgo, se procedió a la comunicación con el Ministerio Público y a la detención de los implicados por su presunta participación en delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas. Además, dispuso la intervención de los efectivos policiales Jean Quijandría y Juan Alarcón quienes se encontraban en las instalaciones de dicha dependencia y también estarían involucrados en el mencionado hecho.
Un problema institucional
El caso no es aislado. Para noviembre de este año, al menos 600 efectivos en actividad están bajo investigación por faltas graves y delitos, según declaraciones del exdirector de la PNP, general en retiro, Eduardo Pérez Rocha. Durante una entrevista con Radio Exitosa, el exfuncionario destacó que muchos policías han sido vinculados a actividades delictivas, como extorsión y crimen organizado.
“Tenemos cerca de 600 policías sujetos a investigación. Forman parte de bandas criminales, extorsionan y manipulan documentos de investigaciones preliminares”, afirmó Pérez Rocha. Además, criticó que la institución continúe manteniendo en sus filas a personal con antecedentes graves. “El caso de un suboficial acusado de violación en enero de 2023 es una muestra de que las medidas son insuficientes”, añadió.
Estas declaraciones coinciden con otros recientes casos denunciados. La semana pasada, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alférez Robinson Baca y el suboficial Fredy Ramos, acusados de cobrar S/ 5 mil a cambio de no intervenir en un caso de tráfico de drogas.
Medidas en debate
La presidenta Dina Boluarte presidió este miércoles la ceremonia de graduación de 244 alféreces de la PNP y, durante su discurso, enfatizó la necesidad de sancionar con mayor severidad a los efectivos involucrados en actividades ilícitas. “Quienes traicionen el uniforme serán duramente sancionados para proteger la reputación y el respeto de la PNP”, declaró.
Según la mandataria, 75 de los nuevos oficiales se especializarán en investigación criminal y 169 en orden interno, lo que busca fortalecer las capacidades operativas de la policía. Además, anunció que en 2025 se destinarán más de S/ 16.300 millones para reforzar acciones de patrullaje, la lucha contra el tráfico de drogas y la mejora de infraestructura policial. El plan incluye la adquisición de vehículos, chalecos antibalas y sistemas biométricos para una respuesta más eficiente.
Sin embargo, estas iniciativas enfrentan críticas debido a la baja aprobación de la mandataria, que, según la última encuesta de Datum Internacional, cierra el año con un respaldo del 3% y un rechazo del 95%. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también es objeto de cuestionamientos, con un rechazo del 80%.
El panorama evidencia una crisis en el sistema policial y una creciente preocupación por la vinculación de sus integrantes con redes delictivas. Casos como el ocurrido en Ayacucho ponen de manifiesto la necesidad de implementar mecanismos más rigurosos para prevenir la corrupción dentro de la institución. Mientras tanto, el Ministerio Público y los órganos competentes deberán determinar las responsabilidades en este nuevo caso que involucra a miembros de la PNP en actividades ilegales.
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