Perú votó a favor de suspender la pena de muerte en asamblea de la ONU, pero Dina Boluarte promueve debate para aplicarla a violadores

Durante la última Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Perú votó a favor de una petición del organismo para aplazar la ejecución de individuos. La medida recibió el apoyo de más de dos tercios de los países miembros, en la sesión de este martes 17 de diciembre.

Amnistía Internacional, a través de su experta sobre pena de muerte, Chiara Sangiorgio, indicó que estas resoluciones tienen un “peso político y moral considerable”. Además, “asegura que la forma en que se utiliza este cruel castigo continuará sometida a examen”.

“Esta votación supone un importante punto de inflexión para países de todo el mundo y demuestra que los Estados miembros de la ONU están cada vez más cerca de rechazar la pena de muerte como castigo legal en virtud del derecho internacional”, opinó la especialista.

“El apoyo de los Estados a la pena capital es muy distinto ahora de cuando se adoptaron tratados internacionales que permiten su conservación. El apoyo sin precedentes que ha recibido esta resolución muestra que el movimiento global hacia la abolición es imparable”, añadió Sangiorgio.

En esta edición, Antigua y Barbuda, Kenia, Marruecos y Zambia votaron a favor por primera vez de una moratoria de ejecuciones. Caso contrario fue el de Mauritania y Papúa Nueva Guinea, naciones que pasaron de apoyar la medida en el 2022, a votar en contra este año. Guinea y Uganda se abstuvieron.

En total, 130 votaron a favor, 32 en contra y 22 en abstención. Esto refleja un aumento en el apoyo, a comparación del 2007, donde fue de solo 104. La resolución fue presentada por Argentina e Italia en representación del grupo de trabajo interregional de Estados miembros y copatrocinada por 70 Estados.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú estableció una comisión sectorial para evaluar la posibilidad de implementar la pena de muerte en casos de violación sexual de menores. Esta iniciativa surge tras la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de abrir un debate sobre esta medida como respuesta al aumento de delitos de abuso sexual contra niños y niñas.

La comisión, de carácter temporal, fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.º 0319-2024-JUS. Aunque la actual Constitución peruana restringe la aplicación de la pena capital a casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo, el documento resalta la necesidad de revisar el marco legal vigente debido al incremento alarmante de estos delitos, según el diario oficial El Peruano.

El objetivo principal de esta comisión es elaborar un informe técnico que analice la viabilidad de modificar el marco constitucional y legal para permitir la aplicación de la pena de muerte en los casos mencionados. Además, se busca promover un debate “público, plural, transparente y descentralizado” que involucre a instituciones públicas y privadas, la academia y la sociedad civil.

Entre las funciones de la comisión se encuentra la organización de debates descentralizados en diversas regiones del país, con la participación activa de instituciones estatales y representantes de la sociedad civil. Asimismo, se encargará de difundir las actas y conclusiones de estos debates, según el documento oficial.

La propuesta de ampliar la sanción a otros delitos más allá de los actualmente contemplados en la carta magna, también tiene apoyo dentro del Parlamento. María Acuña, de Alianza para el Progreso, y Edwin Martínez, legislador no agrupado, han presentado proyectos de ley que emplazan al Poder Ejecutivo a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como ‘Pacto de San José'.

Como se sabe, el Estado peruano tendría que avisar con un año de anticipación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas de esta decisión.