El 80% de todas las concesiones mineras en el Perú es controlado por solo 15 empresas, denuncia CooperAcción

En el Perú, la concesión de tierras para la minería ha alcanzado niveles alarmantes, con casi 20 millones de hectáreas del territorio nacional destinadas a esta actividad, según datos presentados por CooperAcción en su 35º Observatorio de Conflictos Mineros. Este fenómeno ha generado un aumento en los conflictos sociales, especialmente en regiones como Moquegua, La Libertad y Áncash, donde más de la mitad del territorio está concesionado para la minería.

El investigador de CooperAcción, José de Echave, destacó que la minería ilegal está avanzando rápidamente, disputando territorios a la minería formal y exacerbando los conflictos sociales. Este tipo de minería no solo ocupa cada vez más territorio, sino que también pone de manifiesto el problema de la concentración de tierras en manos de un reducido número de empresas.

Un ejemplo de esta situación es la concesión minera sobre la famosa Montaña de Siete Colores en Cusco, un destino turístico de renombre mundial. Además, en el distrito de Lancones en Piura, el 60% del reservorio de Poechos, crucial en la actual crisis hídrica del norte del país, está concesionado para minería.

Esta situación se originó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se afirmó que había más oro que en Yanacocha. El titular de estas concesiones es Juan Carlos Ramírez, miembro del Parlamento Andino y exviceministro de Minas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La política de concesiones mineras en el Perú ha sido criticada por permitir el acaparamiento y la especulación en el mercado de asignación de tierras, lo que ha sido identificado como una de las principales causas de los conflictos sociales en el país. Según CooperAcción, esta situación requiere una revisión urgente para evitar que los conflictos se intensifiquen y para asegurar una distribución más equitativa de los recursos y beneficios mineros.

Cajamarca, una ciudad del norte de Perú, se enfrenta a una crisis de escasez de agua sin precedentes, según los resultados del 35 Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

La situación se ha agravado en el segundo semestre 2024, obligando a la población a depender de camiones cisterna para su abastecimiento diario. Este fenómeno se atribuye tanto al cambio climático como a la temporada de estiaje, pero también se sospecha que la actividad minera de oro, especialmente la de la mina Yanacocha, está contribuyendo significativamente a la disminución de los recursos hídricos.

La empresa minera ha propuesto la construcción de pozos artificiales como solución para los habitantes, pero estos proyectos se financian a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI). Esto significa que la empresa deja de pagar impuestos al Estado a cambio de realizar estas obras, lo que, según Vásquez, representa una pérdida para los peruanos.

La problemática de la escasez de agua en Cajamarca es un reflejo de las externalidades negativas que pueden generar las actividades mineras. Vásquez enfatizó que las empresas deben asumir la responsabilidad por los impactos ambientales que sus operaciones provocan.

El proyecto minero Tía María, ubicado en Arequipa, ha comenzado operaciones a pesar de que su autorización había caducado, según informó CooperAcción. La organización destacó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto ya no está vigente y debería ser renovado. Este caso es un ejemplo de cómo los límites ambientales en el país están siendo desatendidos.

En el contexto de minería ilegal, la abogada Ana Leyva de CooperAcción señaló que son pocos los mineros ilegales condenados en comparación con los defensores ambientales, quienes enfrentan persecución por parte del Estado peruano.

Estos decretos limitan la participación de este organismo clave, haciendo que su opinión sea no vinculante en muchos casos, lo que podría debilitar la protección ambiental en el país.

Otro proyecto en el centro de atención es el proyecto Ariana, ubicado en la cuenca de Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima. Actualmente, este proyecto se encuentra en juicio, y se ha programado una audiencia para el 8 de enero.

Según CooperAcción, durante el proceso de evaluación del EIA de este proyecto, no hubo participación de representantes de Lima, lo que plantea preocupaciones sobre la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones que afectan a la capital.