Liberan a 11 procesados en caso Aelucoop gracias a la derogación de la detención preliminar, ley que aún mantiene vigente Dina Boluarte

El Poder Judicial ordenó la liberación de 11 personas detenidas por su presunta participación en un fraude de S/ 410 millones en perjuicio de la Cooperativa Aelucoop y sus 21,000 socios. La medida se sustenta en la aplicación de la Ley 32181, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, que derogó la detención preliminar en casos sin flagrancia.

La decisión fue adoptada por el juez Raúl Justiniano Romero, quien argumentó que con la derogación del inciso 1, literal “a”, del artículo 261 del Código Procesal Penal, no es posible mantener detenciones preliminares basadas en una norma inexistente. Sin embargo, aclaró que la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses continuará, aunque los procesados enfrentarán el proceso en libertad.

Los investigados formaban parte de un grupo de 22 detenidos tras un operativo realizado en noviembre de 2024 por la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada en Lima y Piura. Según las investigaciones, los implicados, vinculados como funcionarios, directivos y socios de Aelucoop, habrían constituido empresas inmobiliarias para acceder a créditos fraudulentos, desviando los fondos de la cooperativa para la construcción y venta de edificios, sin devolver el dinero.

La fiscal Irene Mercado Zavala detalló que estas prácticas fraudulentas dejaron un perjuicio económico que asciende a S/ 410 millones, afectando a miles de socios. Pese a la liberación de los investigados, la Fiscalía continuará con las diligencias para establecer responsabilidades en este caso de presunta organización criminal

El caso conocido como “Los gángsters de las finanzas” revela el desfalco de más de S/ 700 millones a través de la cooperativa Aelucoop, una organización que habría operado entre 2009 y 2021. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino esta entidad en 2021 debido a la pérdida total del capital social y reservas, señalando que las irregularidades incluían manipulación contable y la entrega de créditos sin calificación previa a empresas vinculadas a la cooperativa.

La Fiscalía señala que los directivos crearon empresas inmobiliarias —como las asociadas al Grupo Baca y el Grupo Fox— para desviar fondos. Estas inmobiliarias compraban propiedades sobrevaloradas, obtenían créditos fraudulentos aprobados por la cooperativa y reprogramaban deudas para aparentar solvencia. Además, se levantaban hipotecas sin que los créditos fueran cancelados, perjudicando a más de 20,000 socios con pérdidas estimadas en S/ 410 millones y más de USD 79 millones.

El reciente operativo del 30 de noviembre de 2024, liderado por la fiscal Irene Mercado Zavala, incluyó allanamientos en Lima y Piura, resultando en la intervención de 52 personas, entre las que destacan funcionarios, directivos y socios de Aelucoop. Entre los implicados se encuentra Richard Baca Palacios, alcalde de Chulucanas, acusado de usar fondos desviados para financiar su campaña política. Actualmente, se encuentra prófugo.

La Fiscalía, junto con la Policía Nacional del Perú y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado, continúa investigando a esta presunta organización criminal, identificada como liderada por Ruyer Miguel Zevallos Hatakeda y otros involucrados, para determinar responsabilidades en uno de los mayores desfalcos financieros en el sector cooperativo peruano.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que el proyecto de ley que busca restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia aún no ha llegado a su despacho. Durante una entrevista con Exitosa, aseguró que el Ejecutivo actuará de manera inmediata en cuanto reciba la autógrafa, siguiendo el procedimiento que involucra la evaluación por parte de los ministerios y la decisión final de la presidenta de la República.

Arana también destacó que la eliminación de la detención preliminar respondió a informes de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Corte IDH, que señalaron abusos en su aplicación por parte de la Fiscalía, convirtiendo a Perú en uno de los países que más utiliza esta medida. El ministro enfatizó la importancia de escuchar estas observaciones para equilibrar la justicia y los derechos humanos.