Javier Arévalo invocó al Congreso asesorarse antes de modificar el Código Penal: “Demuestran un desconocimiento académico”

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, expresó su profunda preocupación por las modificaciones que el Congreso de la República está realizando al sistema penal peruano, las cuales considera antitécnicas y perjudiciales para la lucha contra la criminalidad. En declaraciones a la prensa, instó al Parlamento a acudir a especialistas e instituciones del sistema de justicia.

Consideró que ni el Gobierno ni el Poder Legislativo están en la capacidad de tomar decisiones unilaterales en cuanto a la reforma del sistema penal, ya que se necesita la lectura e intervención de “personas que saben”. En ese sentido, consideró que una modificación de este calibre “debe ser producto de una comisión codificadora en la que participen especialistas, el Poder Judicial, la Fiscalía”.

“La exhortación que hago al Congreso es que reflexione, que analice y se asesore para elaborar estas leyes, pues todo proyecto de reforma del sistema penal debe pasar por el Poder Judicial y tiene que haber un consenso con especialistas e instituciones del sistema de justicia. […] Están demostrando un desconocimiento académico de cómo se elabora un Código”, insistió desde Arequipa.

Aunque no mencionó de manera directa la pena de muerte, se refirió a la propuesta de retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su opinión, esta medida no tendría un impacto inmediato y no sería beneficiosa para el país. “Me parece que este tipo de proyectos no va a caminar”, señaló.

Sus comentarios se dan en un contexto en el que diversos sectores políticos han planteado la posibilidad de reintroducir la pena de muerte para enfrentar con mayor severidad ciertos delitos graves, como la violación a menores. En este marco, la postura de Arévalo se alinea con un rechazo a las reformas punitivas impulsivas que no toman en cuenta la legislación internacional y las garantías constitucionales.

Si bien en esta ocasión no se refirió directamente a la sanción capital, anteriormente ya ha expresado su rechazo. En declaraciones a Justicia TV, consideró que “la pena de muerte no puede ser ni siquiera objeto de debate, ya que es una medida salvaje y ha sido superada en sociedades democráticas”. “No podemos volver atrás”, destacó en declaraciones publicadas por el Poder Judicial en la red social X.

El magistrado recordó que existen convenios internacionales que obligan a su país “a no aplicarla” y que incluso, en el supuesto de que se pretenda denunciar esos acuerdos, “no podemos volver a matar a las personas”. “Es cierto que pueden haber cometido un delito, pero para eso hay otro tipo de penas”, enfatizó antes de reiterar que rechaza “contundentemente” esa posibilidad.

Aunque el titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, fue el primero en indicar que “estudiará a detalle la propuesta”, el tema tomó más fuerza cuando fue la misma mandataria quien lo indicó. Durante un evento oficial, en medio del asesinato de una menor de 12 años, la presidenta Dina Boluarte se mostró a favor de “abrir el debate de la pena de muerte”.

“Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles para una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”, expresó en una actividad en la Fuerza Área.

Luego, frente a las críticas de que tal medida no es posible o es inviable, Boluarte llamó a la discusión: “Pues bien, discutámoslo. Nadie está cerrando el tema, estamos más bien abriendo la posibilidad de esa discusión en un país democrático, soberano. Porque eso es democracia: discutir y llegar a puntos de coincidencia, aun en nuestras indiferencias. Lleguemos a acuerdos concretos en favor de nuestros compatriotas”, continuó.

A su postura se sumaron los ministros Juan José Santiváñez (Interior), José Arista (Economía) y Elmer Schialer (Cancillería).