El pase al retiro del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Colchado, recientemente dispuesto por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desencadenó una ola de críticas en diversos sectores y generó un debate sobre las decisiones del gobierno de Dina Boluarte en relación con la lucha contra la corrupción.
La medida ha sido interpretada como un mensaje que desalienta a los policías comprometidos con la legalidad y, en cambio, beneficia a los elementos más sumisos dentro de la institución.
El exministro del Interior, Gino Costa, fue uno de los que cuestionó duramente la decisión gubernamental. Según el también excongresista, la medida es un golpe a los efectivos policiales que actúan con profesionalismo y denunció una estrategia de obstrucción a las investigaciones judiciales por parte de la administración actual.
“Pasas a retiro a tus mejores oficiales por hacer bien su trabajo, por cumplir las órdenes de jueces y fiscales, y premias a los que son sumisos y están puestos a prestarse a la estrategia de la obstrucción de la justicia de una presidenta y de unos congresistas embarrados por la corrupción. El mensaje es fatal”, señaló Costa.
Además, dijo que “parece que lo que necesitan son funcionarios policiales sumisos” y no los que hacen su trabajo profesionalmente y que cumplen con su función.
Contexto de la polémica
El retiro de Colchado se produce tras su papel clave en operativos anticorrupción, como el allanamiento a la residencia de la presidenta Boluarte el pasado 29 de marzo. La intervención, realizada con respaldo judicial y a pedido del Ministerio Público, buscó esclarecer acusaciones de enriquecimiento ilícito y presuntas irregularidades relacionadas con las joyas exhibidas por la mandataria en eventos públicos.
Esta decisión generó fuertes reacciones en redes sociales, donde diversos usuarios criticaron lo que consideran una represalia política.
El periodista Rodolfo Lara Mucha escribió: “Se cumplió la venganza de Dina Boluarte. El coronel Harvey Colchado fue pasado al retiro por resolución rubricada por el ministro Juan José Santiváñez”.
Otro usuario, identificado como Fernan-Caviarito, comentó: “La venganza de Dina Boluarte se consumó. Pasan al retiro al coronel Harvey Colchado, así es como el Ejecutivo lucha contra la corrupción, sacando a los mejores policías honestos y dejando a los corruptos”.
Estas críticas apuntan a que la salida de Colchado afecta gravemente la lucha anticorrupción en el aparato estatal.
En tanto, Eduardo Salmón, un usuario activo en temas políticos, lamentó el impacto que este tipo de decisiones tiene sobre la moral de la policía peruana. “Si quieres ser policía no lo puedes ser en el Perú, salvo que seas un corrupto o mires de costado. Para los pocos policías honestos, es bastante desmoralizador lo que están haciendo con Harvey Colchado”, escribió en su cuenta de X.
Críticas adicionales
El caso también evidenció una aparente inconsistencia en las decisiones del gobierno respecto a otros efectivos policiales cuestionados. En ese sentido, el cibernauta señaló: “Retiran al coronel PNP Harvey Colchado por investigar a Dina Boluarte, pero a los policías investigados en casos de feminicidios los cambian de comisaría”.
Estas comparaciones alimentan la percepción de favoritismo y falta de firmeza contra la corrupción al interior de las fuerzas policiales, reflexionan ya algunos expertos.
En tanto, el usuario Aar. Rod. R. calificó la medida como “un golpe letal a la lucha anticorrupción” y aseguró que con esta decisión “las organizaciones criminales celebran”.
Mensaje polémico
La controversia alrededor de la salida de Harvey Colchado refleja una creciente desconfianza hacia las autoridades y las motivaciones detrás de sus decisiones. Así ya lo hizo notar el exministro Costa.
La percepción predominante en redes y entre figuras públicas es que el retiro del coronel PNP constituye una represalia directa contra un funcionario que ha liderado investigaciones sensibles y que ha colaborado estrechamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Hasta el momento, la administración de Dina Boluarte y el ministro Santiváñez no han emitido declaraciones públicas que expliquen los motivos detrás de esta disposición.
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