Denuncias por extorsión crecen, pero el sistema falla: presos caen a niveles de hace una década. El incremento sostenido de denuncias por extorsión en los últimos años refleja la magnitud del problema de inseguridad en el país, pero la respuesta estatal se muestra insuficiente. A pesar de contar con una gran cantidad de reportes, el número de extorsionadores en las cárceles ha retrocedido a niveles comparables con el 2015.
De acuerdo al I Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del BCP y del Banco de Ideas Credicorp, en alianza con Capital Humano y Social, entre 2019 y 2023, las denuncias por extorsión crecieron de 2.618 a 17.426. En total, se registraron 36.947 denuncias en cinco años, y en lo que va del 2024, ya suman 6.117 casos adicionales.
Estas cifras solo muestran una tendencia preocupante, ya que el miedo a represalias limita a muchas víctimas a acudir a las autoridades.
Sin embargo, la información acumulada a través de estas denuncias no se ha traducido en acciones efectivas para desarticular redes criminales. Según datos del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), el número de internos por extorsión, que en 2018 alcanzó su pico con 1.350 reclusos, ha descendido en los últimos años.
Para agosto del 2024, solo se registran 1.186 presos por este delito, una cifra similar a la de 2015, cuando se contabilizaron 1.079 internos.
Explosión de denuncias por extorsión no se traduce en más presos
El retroceso coincide con la crisis política que afecta al país desde 2019, la cual ha debilitado la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los cambios constantes en el Ministerio del Interior (Mininter) y la falta de continuidad en estrategias de inteligencia e investigación han obstaculizado la lucha contra la extorsión.
“Entre el 2021 y el 2024, primero con Pedro Castillo y luego con Dina Boluarte, la extorsión empeora significativamente afectando con mucho mayor fuerza a Lima. La respuesta se concentra en sucesivas declaraciones de emergencia, que fracasan en aumentar los presos por ese delito”, señala el reporte.
A pesar de medidas como las declaratorias de emergencia, la respuesta del Estado ha resultado ineficiente. Mientras el número de denuncias acumuladas se acerca a las 50.000 en los últimos años, la cantidad de extorsionadores recluidos no refleja el avance de la criminalidad ni el esfuerzo por sancionar este delito.
Este contraste entre el aumento de denuncias y la reducción de resultados en materia penal ratifica las deficiencias estatales frente al crimen organizado, con la extorsión consolidándose como una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana.
Extorsión y fraudes golpean al norte y sectores medios
Según el reporte, en los últimos tres meses, uno de cada cuatro peruanos asegura haber sido víctima o conocer a alguien afectado por extorsión, un problema que golpea con más fuerza a regiones específicas y a sectores socioeconómicos determinados.
En el norte del país, especialmente en regiones como La Libertad, la incidencia de la extorsión se eleva a uno de cada tres encuestados, lo que revela un preocupante foco delictivo.
Una de las modalidades más crueles es el préstamo gota a gota, créditos informales que se entregan con tasas de interés altísimas. Este fenómeno, además, ha sido intensificado por normativas que fijan topes a las tasas de interés, limitando así el acceso a créditos formales para las personas de menores recursos.
En la capital, la incidencia de estos delitos también es alta: uno de cada cinco limeños ha sido víctima o conoce a alguien afectado por extorsiones, mientras que casi uno de cada tres encuestados reporta haber sido víctima de estafas telefónicas o por Internet.
La expansión de la bancarización digital, aunque positiva, ha traído consigo nuevas formas delictivas. Así, en los últimos tres meses el 27% de los encuestados en Lima reportaron robo de celulares, mientras el 6% asegura que esto permitió el acceso indebido a sus cuentas bancarias, siendo el NSE B el más afectado.
El análisis por niveles socioeconómicos muestra que los sectores B y C son los más impactados por la extorsión y los fraudes digitales. En el caso de las estafas telefónicas o virtuales, el NSE B lidera la lista, seguido por los sectores C y D.
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