El Congreso está amedrentando a los operadores de justicia, según fiscal de la Nación: “Están legislando con improvisación”, asegura

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que el Congreso de la República “está exacerbando la persecución a los operadores de justicia, con cuestiones no objetivas, con cuestiones, yo diría buscando un poco amedrentar”.

En diálogo con Punto Final, minimizó el emplazamiento que le hizo la presidenta Dina Boluarte, quien le pidió en mensaje a la Nación ser llamada a declarar sobre su cirugía a la nariz y el caso ‘cofre’. Por el contrario, acotó que es más importante tomar revisar el trabajo del Parlamento, el cual, desde su perspectiva, está legislando muy “apresuradamente o con improvisación”.

“Habría que preguntarles, qué motivaciones hay, pero lo que se ve objetivamente es que hay bastante improvisación”, dijo.

“De las cuatro leyes que han salido, dos de ellas, son abiertamente inconstitucionales. El tema de la detención preliminar, la 32182 que habla de la penalización a los criterios jurídicos de los jueces y fiscales, generando una nueva forma de prevaricato, solamente por no ordenar prisión preventiva, por no decretar detención preliminar”, añadió.

En ese sentido, explicó que hay retenciones de este tipo que también pueden ser calificadas como “abusivas”, “extralimitadas” o “no razonables o racionales”.

“Siempre tiene que ser calificada legalmente, jurídicamente, por eso no se puede obligar con una ley que se constituye con falta grave al juez o al fiscal si es que no ha proseguido ese trámite y no ha denunciado luego de la flagrancia, o sea no le permite calificar”, señaló.

Como se recuerda, recientemente el Congreso, a través de su canal oficial, reconoció que la ley que habían aprobado hace pocas semanas “facilitaba la impunidad de delincuentes”.

Por ello, con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, el Pleno decidió dar marcha atrás y restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Sobre filtraciones a la prensa por parte de integrantes del Ministerio Público, aclaró que los hechos de las diligencias no solo los conoce los fiscales, sino también la Policía Nacional del Perú (PNP).

“¿Por qué se quiere penalizar solamente al fiscal si la filtración también podría producirse de alguna fuente policial?, porque la información de una investigación preliminar, en su gran mayoría, en más de 90%, lo conoce también la Policía”, subrayó.

“Esa es la legislación improvisada a la que me estoy refiriendo. Y con esto no estoy atacando al Poder Legislativo, no estoy faltando el respeto. Estoy diciendo las cosas de manera objetiva y comprobada, porque además, ni siquiera era necesario llevar adelante esta legislación de la 32182. Ya existen mecanismos legales, existen normas en el código penal que sancionan penalmente, legalmente, a los jueces o fiscales que han omitido funciones, que han retardado a la justicia, etc.”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Delia Espinoza se mostró en contra de un proyecto de ley de Gladys Echaíz, de la bancada de Honor y Democracia, que busca crear una Escuela Nacional de la Magistratura.

“Yo discrepo con esa iniciativa, porque lastimosamente no se ha medido los efectos, sobre todo, presupuestales, y aspectos funcionales”, mencionó.

Según la fiscal, “no se puede poner como cabeza (...) a los mismos jueces o fiscales supremos que están en actividad o que son jubilados, porque no extrae los nombramientos de los nuevos magistrados con otras personas u oros funcionarios”.

Esa misma posición mantuvo respecto a la iniciativa legislativa de que el Senado sea el organismo que nombre a jueces y fiscales. Para Espinoza, esta idea representaría un “retroceso”.

“Como recordamos, hace muchos años, los magistrados eran elegidos por el presidente de la República. Había un fuerte control político de la magistratura, y ya sabemos qué consecuencias puede traer. Impunidad, de pronto, para determinados personajes del ámbito político. No queremos retroceder a eso, por eso siempre debe haber la separación de poderes”, comentó.