Cobro por ‘pasada’: la nueva forma de extorsión que somete a diario a cientos de transportistas en Lima

Los conductores de transporte público en Lima enfrentan una creciente ola de extorsión que ya adoptó una nueva modalidad: el cobro por ‘pasada’ en determinadas rutas. Los delincuentes, que operan a plena luz del día y en puntos estratégicos, exigen a los choferes pagos de entre cinco y diez soles por cada vez que circulan por una zona controlada, reveló el dominical Punto Final.

Esta situación viene convirtiendo las jornadas laborales de los transportistas en un peligro constante, afectando también a los pasajeros y exponiéndolos a la inseguridad. Empresarios y conductores la describen como un “peaje clandestino”, donde los extorsionadores imponen tarifas diarias.

A diferencia de meses anteriores, en los que las amenazas se dirigían directamente a los dueños de empresas mediante explosivos o cartas extorsivas, ahora los delincuentes atacan directamente a los choferes en el recorrido de sus rutas.

En zonas como Lima norte y otros puntos críticos de la ciudad, los extorsionadores se sitúan en paraderos o bermas centrales donde obligan a los conductores a entregar el dinero.

La mecánica es simple: los delincuentes, generalmente en motos o a pie, esperan el paso de los vehículos y, con armas visibles, recogen los pagos. “Ahí está un tipo, parado todo el día. Le das cinco soles y listo, te deja trabajar”, relata un transportista afectado mientras recorre las rutas bajo estas condiciones.

Según testimonios, esta estructura permite que los extorsionadores obtengan miles de soles diarios de manera directa y sin interrupciones.

El sector transporte en Lima ya enfrenta desafíos como el caos vehicular, la informalidad y la falta de modernización de su flota, pero ahora la extorsión incrementa la vulnerabilidad del sistema.

Conductores entrevistados por el dominical aseguraron que el 80 % de los choferes ha sido amenazado para pagar estos cupos. “Sales de tu casa sin saber si vas a regresar. Pagamos porque no queda otra. Nadie nos cuida”, afirmó un chofer.

Empresas formales como Trans Lima han denunciado esta situación, indicando que los buses informales superan en número a las unidades registradas. Además, existen paraderos donde los vehículos con permisos no pueden operar si no pagan el cupo exigido.

El temor de los conductores y empresarios los ha llevado a implementar sus propios mecanismos de protección, pues, según indican, la presencia policial es insuficiente. “No hay autoridad que controle esto. Es imposible que haya un policía por bus”, asegura un gerente del sector.

En el recorrido realizado en el informe, junto a uno de los transportistas afectados, se identificaron zonas en Lima norte donde los choferes pagan hasta diez soles cada vez que cruzan el área.

Los delincuentes, ubicados estratégicamente, reciben el dinero sin oponer resistencia, apuntan las placas y regresan a esperar el siguiente vehículo. “Ya sabemos dónde están y cómo operan. Pagamos automáticamente, porque si no, es peor”, aseguró un conductor.

Estas prácticas no solo generan millonarias ganancias ilícitas para los delincuentes, sino que también elevan los costos operativos de las empresas formales. Algunos conductores indicaron que, en rutas más peligrosas, el cobro diario puede superar los 50 soles por unidad. Multiplicado por decenas de buses, el monto es significativo y afecta directamente a los trabajadores.

A pesar de las reiteradas denuncias, las soluciones propuestas por las autoridades no han tenido resultados visibles. Esta semana, el Congreso solicitó al Ejecutivo declarar en emergencia el transporte público, con el objetivo de modernizar el sistema y combatir la inseguridad. No obstante, los transportistas aseguran que la situación no ha cambiado.

Desde el Ministerio del Interior, se reportó una reducción del 4% en los índices de extorsión, pero testimonios de conductores y empresarios desmienten esta afirmación.

“Nada ha cambiado. Seguimos igual o peor”, lamenta un chofer entrevistado en plena jornada laboral. Otros trabajadores coinciden en que las acciones del gobierno son insuficientes y que su única protección es la “precaución diaria y la suerte de no ser atacados”.