El Congreso estableció modificaciones en el Decreto Legislativo 1350, que establece los requisitos que deben cumplir todos ciudadanos extranjeros que deseen acceder a la residencia indefinida en el Perú.
El encargado de la sustentación del texto sustitutorio del proyecto de ley fue el congresista Jorge Montoya, secretario de la Comisión de Defensa. Según el documento presentado en el Congreso, los extranjeros que deseen adquirir el estado de residentes indefinidos deberán cumplir con un periodo de tres años de residencia formal en el Perú.
El segundo requisito a cumplir por los extranjeros que apliquen a este régimen migratorio es que no deberá contar con antecedentes policiales, penales o judiciales. Además, no se permitirá el acceso a la residencia indefinida a las personas que aparezcan en el sistema de Interpol ni incurrir en otras causales de inadmisión.
De igual forma, también se añadieron modificaciones en el Decreto publicado en 2017 para que se impida el ingreso al Perú de aquellos ciudadanos que se nieguen a ser identificados en el sistema biométrico durante el proceso de control migratorio.
“Migraciones puede impedir el ingreso al territorio nacional a aquellos extranjeros, que se rehúsen a registrar su información biométrica durante el proceso de control migratorio establecido por Migraciones”, se lee en el documento presentado ante el Congreso.
Dina Boluarte contra los ciudadanos extranjeros
Los cambios en las normas relacionadas con el estatus migratorio de ciudadanos extranjeros también fueron promovidas por la presidenta Dina Boluarte, quien en octubre de este año emitió un decreto supremo para reformar la Ley de Migraciones para dar facultades a la Superintendencia Nacional de Migraciones para acceder a todos los datos personales de los ciudadanos extranjeros. Aunque la presidenta hizo especial énfasis en la comunidad de migrantes venezolanos en el discurso emitido hace dos meses.
En su declaración, la mandataria afirmó que “Ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, de alquiler, y haremos un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacer un seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde se generan esos ingresos, y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, les vamos a caer”.
Información como “nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, nombres y apellidos completos del huésped extranjero” deberán ser registrados por los hospedajes y comunicados a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Información como su número de documento de identidad o de viaje, además de su fecha de salida, también deberán ser comunicados a las autoridades.
Buscan a migrantes en sus trabajos
A inicios de noviembre, la presidenta Dina Boluarte anunció que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fiscalizará las empresas privadas para detectar a extranjeros en situación migratoria irregular. La propuesta fue anunciada durante una sesión del Consejo de Estado.
La presidenta informó que se planea incrementar las penas a extranjeros expulsados que ingresen nuevamente al territorio peruano, pero de forma irregular. Otro de sus anuncios fueron los siguientes:
- Formular una política de migración interna a efecto de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
- Establecer un marco legal que regule la prestación del servicio de transporte por personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones.
- Ampliar y fiscalizar los requisitos formales para ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
- Disponer que Sunafil efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajan de manera irregular.
- Reforzar el control migratorio en nuestras fronteras.
- Revisar la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior.
En su momento, estas decisiones fueron duramente criticadas por especialistas, quienes mencionaron que las medidas estaban enfocadas en una nacionalidad en específico, en este caso, los migrantes venezolanos.