Cuatro coroneles de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) han denunciado que se les está forzando a la jubilación debido a sus reportes sobre actos de corrupción e irregularidades dentro de la institución. Según fuentes del alto mando militar citadas en un informe de Hildebrandt en sus trece, estos oficiales han sido objeto de represalias por sus denuncias. La revista publicó sus casos este viernes, aunque sus identidades se mantienen en anonimato por razones de seguridad.
Uno de estos coroneles, identificado como “Manuel”, lleva 27 años en la FAP y, en 2022, trabajaba en la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo. En esa unidad, investigó la compra de drones por parte del Estado Mayor General de la FAP, con una inversión de 800,000 soles. El coronel descubrió que los drones adquiridos no cumplían con los requisitos para las tareas de vigilancia para las que fueron destinados.
En un informe enviado en febrero de 2023 al Comando de Operaciones, señaló que la FAP había adquirido cinco drones de la marca china Action Drone System a precios sobrevalorados. Además, alertó que, en el mercado internacional, el precio de estos drones era considerablemente más bajo. Consultada al respecto, la institución indicó que la investigación sobre este caso fue archivada por orden de la comandancia general en diciembre de 2023.
Otro coronel, denominado “José”, trabaja en la Base Aérea de Las Palmas, está a cargo del desplazamiento terrestre de tropas y ha descubierto un ‘Gasolinazo’, siempre según el reportaje. Anualmente, la unidad que dirige recibe 500 galones de combustible, de los cuales sobra entre 30 y 35 galones. Sin embargo, este año, “José” detectó que estos galones sobrantes eran registrados como consumidos, lo que le hizo sospechar que algunos colegas estarían revendiendo el combustible en el mercado negro. Pese a sus solicitudes para que se investigara el caso, la FAP respondió que el error era administrativo y no afectaba el cumplimiento normal de los procesos.
En otro caso, el coronel “Alberto” estuvo involucrado en la investigación de un accidente de una avioneta en 2019. Esta aeronave, importada en 2018 a través de un convenio con la Universidad Alas Peruanas y la empresa canadiense Zenatr Ltd., había llegado al país con instrumentos de navegación incompletos y sin condiciones óptimas para volar, de acuerdo con el informe.
Tras el accidente, “Alberto” y su equipo confirmaron las irregularidades en los aviones, pero las investigaciones fueron congeladas. A pesar del informe, la Fuerza Aérea continuó con el convenio, transformándolo en un proyecto que, hasta la fecha, ha superado los 700 millones de soles de inversión. La FAP, por su parte, indicó que se sancionó al personal involucrado en el accidente, pero subrayó que no hubo fallas en la producción de la aeronave.
El coronel “Carlos”, por su parte, estaba al mando de un equipo que debía llegar a la base peruana en la Antártida en diciembre de 2019, cuando un problema con el tren de aterrizaje de su aeronave, un Hércules L-100G20, obligó a un aterrizaje de emergencia en Santiago de Chile.
A pesar del desperfecto, el entonces viceministro de Defensa, Javier Ramírez, habría ordenado continuar con la misión. “Carlos” se negó a seguir la orden, y una posterior investigación reveló que el avión tenía piezas de 38 años de antigüedad registradas como nuevas.
“Recuerdo que hubo un accidente con un Hércules y que la Fuerza Aérea de Chile nos ayudó, pero no sé o no recuerdo ninguna irregularidad”, indicó Ramírez a esta revista. La FAP, en tanto, señaló que el incidente fue causado por un “error personal” y no afectó a la tripulación.
En total, 26 coroneles están en proceso de ser retirados de la institución, y varios de ellos han apelado la decisión. Entre esos oficiales, según la revista, se encuentran Eduardo Pardo, de Inspectoría; Erick Ramírez, de la Dirección General de Educación y Doctrina; Juan Manrsic, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; José Jiménez, del Ala Aérea 4; y Miguel Otero, de la Agencia Espacial.
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