Diez implicados en la banda criminal ‘Las Hienas Verdes’, incluidos tres policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranca, fueron liberados este jueves por disposición de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, pese a que enfrentaban detención preliminar de 15 días.
La sala revocó la resolución del Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria de la provincia en cumplimiento de la Ley 32181, promulgada recientemente por la presidenta Dina Boluarte, que ha causado preocupación en el ámbito judicial al derogar la detención preliminar en casos de no flagrancia. La supresión aparece en la disposición transitoria de la ley, diseñada desde el Congreso para evitar que policías sean detenidos o ingresados a prisión preventiva al usar sus armas de reglamento.
El inciso a) del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal, ahora derogado, permitía a un juez, a solicitud del fiscal, emitir un mandato de detención preliminar en ausencia de flagrancia delictiva, siempre que existieran razones plausibles de que una persona hubiera cometido un delito grave y existiera riesgo de fuga. La importancia de este apartado radicaba en su capacidad para habilitar acciones inmediatas en casos donde, a pesar de no existir evidencia directa, había indicios suficientes para sospechar de la comisión de un delito que conlleva una pena privativa de libertad superior a cuatro años. Además, consideraba el riesgo de fuga del sospechoso, lo que permitía a las autoridades actuar con celeridad.
La liberación de ‘Las Hienas Verdes’, decidida por mayoría, se informó durante la audiencia de apelación del auto de detención preliminar y allanamiento solicitado por la defensa. El Ministerio Público señaló que no se realizó un análisis de fondo sobre los fundamentos de la resolución impugnada, aun cuando los implicados tienen cargos de extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas y otros.
La Fiscalía anunció presentará un recurso de casación para que la Sala Suprema del Poder Judicial revise y rectifique dicha decisión. Además, exhortó al Congreso a restituir sin modificaciones el texto de la ley anterior que permitía la detención preliminar para combatir la criminalidad organizada.
El operativo
Los diez sospechosos habían sido detenidos en un operativo el pasado viernes, llevado a cabo en Chimbote, Casma, Barranca y Huancayo, bajo la dirección del fiscal José Silva. Durante la diligencia, se allanaron las oficinas de la Depincri de Barranca, así como las sedes de empresas de transporte y 35 inmuebles adicionales.
Según la investigación fiscal, desde 2022, el suboficial Javier La Rosa, cabecilla de la red, habría establecido vínculos con criminales para extorsionar a empresas de transporte a cambio de protección. Las incautaciones incluyeron teléfonos, dispositivos USB, dinero, municiones, armas y tarjetas bancarias. De acuerdo con un despacho difundido por Latina, la banda está vinculada al atentado contra el alcalde de Barranca, Luis Emilio Ueno, en abril de 2023, además del asesinato de la regidora Flor Sandoval Villaverde y del administrador de una financiera local.
Anteriormente, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, declaró que la derogación incluida en la Ley 32181 representa un revés para las autoridades que luchan contra la delincuencia, ya que limita la función fiscal. Señaló que la flagrancia usualmente ocurre en delitos menores, pero los más graves operan en la clandestinidad, donde la inteligencia policial es clave.
Cubas advirtió que esta limitación podría generar la libertad del feminicida confeso Gerson Alexander Juárez Tapia, quien tiene una orden de detención preliminar de siete días tras el crimen machista cometido en el asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, en Villa María del Triunfo. Por ello, propuso que la norma entre en estado de “vacatio legis”, durante el cual sus efectos estarían suspendidos “por seis meses o un año”.
No obstante, el saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró que jueces y juezas pueden inaplicar la norma si determinan que contraviene la Constitución. También refirió que el tema es discutible, ya que “hemos visto que se ha abusado de esta detención, entonces habrá quienes estén a favor y en contra”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que el Ejecutivo analizará modificaciones, mientras que el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, aseguró que la norma debe rectificarse, ya que “va a limitar la acción de justicia”.
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