La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, disolvió el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), conformado para investigar de forma exclusiva casos de altos funcionarios. La resolución, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano, suprime la disposición que asignaba a la fiscal superior Marita Barreto al frente de este equipo.
De igual modo, indica que los fiscales provinciales y adjuntos, junto con el personal administrativo, serán incorporados a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y que continuarán tratando, con dedicación exclusiva, los casos en trámite hasta su conclusión.
Los expedientes que antes eran manejados en primera instancia por el EFICCOP ahora serán revisados en segunda instancia por la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El cambio es considerado “pertinente” para que actúen bajo una única coordinación, lo que contribuirá a “garantizar una administración de justicia más efectiva” y permitirá “estandarizar criterios investigativos y optimizar la gestión y utilización de los recursos”.
Se instruye a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que tome las medidas necesarias para implementar estas disposiciones. La resolución enfatiza que, ante “la alta y grave incidencia delictiva”, es necesario realizar los máximos esfuerzos en la lucha anticorrupción, a pesar de los “escasos recursos asignados”, para lograr “un óptimo resultado”.
Conformado en julio de 2022, el EFICCOP ganó reconocimiento por sus investigaciones en importantes casos de corrupción en el Perú. Uno de los más destacados fue el de la empresaria Karelim López, quien implicó al expresidente Pedro Castillo en una supuesta organización criminal dentro del Ejecutivo. También investigó a los congresistas conocidos como ‘Los Niños’, quienes coordinaban actividades ilícitas con Castillo.
Además, siguió el caso de la empresaria Sada Goray, quien confesó haber pagado millonarios sobornos a una red corrupta en el Ministerio de Vivienda para la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria. Y recientemente, investigó a ‘Los Waykis en la Sombra’, una red de tráfico de influencias presuntamente liderada por el hermano de la mandataria Dina Boluarte.
En octubre pasado, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por seis meses a la entonces coordinadora del equipo, Marita Barreto, quien está bajo investigación preliminar por presunta filtración de información a un periodista. Barreto calificó la decisión de “arbitraria y desproporcional”, y lamentó que la ANC no considerara sus descargos. La Fiscalía investiga posibles delitos de revelación indebida y omisión de actos funcionales, medida que ella criticó como excesiva.
El Ministerio del Interior ya había disuelto la unidad de la Policía Nacional (PNP) que apoyaba al EFICCOP, al alegar “duplicidad de funciones” con otras divisiones que también realizan tareas de inteligencia e investigación contra el crimen organizado. Previamente, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y el equipo especial habían allanado la casa de Boluarte en una investigación preliminar por posible enriquecimiento ilícito, liderada por el coronel Harvey Colchado, ahora suspendido.
En noviembre pasado, al jurar como Fiscal de la Nación, Delia Espinoza destacó que su gestión buscaría recuperar la confianza ciudadana mediante un plan transformador basado en tres ejes: dirección institucional, gestión fiscal y gestión administrativa. Su enfoque se centra en la transparencia y la coordinación con otras instituciones, y enfatizó la importancia de devolver el principio de autoridad en el país.
Anunció la implementación de una plataforma para que los ciudadanos accedan a las investigaciones fiscales, y un sistema de vocería institucional para informar sobre las acciones fiscales. Asimismo, se comprometió a impulsar la transformación digital con la carpeta fiscal electrónica y a fortalecer el Instituto de Medicina Legal, enfrentar la criminalidad organizada con eficiencia, y trabajar por mejoras laborales y salariales para los empleados del Ministerio Público.