El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, destituyó a Jorge Torres Saravia de su cargo como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, tras ser acusado de formar parte de una presunta red criminal vinculada a la explotación sexual y al asesinato de un taxista en La Victoria. Según los informes, el crimen habría sido perpetrado por sicarios mientras la víctima trasladaba a una extrabajadora del Congreso.
En declaraciones a la prensa, Salhuana condenó enérgicamente las acciones atribuidas a Torres Saravia, que fueron expuestas en un reportaje del programa Beto a saber, donde se le señala como líder de una red de prostitución que operaría dentro del Parlamento. Precisó que las tres mujeres mencionadas en el informe no mantienen relación laboral alguna con la institución legislativa.
“Censuro tajantemente esa conducta. Y acá no hay coronas, sea del partido que fuese. Justamente hoy hemos expedido la resolución dando por concluido su vínculo laboral; ya no pertenece, desde hoy, a la planilla del Congreso de la República. Preciso también que las tres damas que figuran en el reportaje ninguna es trabajadora del Congreso”, expresó.
El presidente también anunció una reorganización de la oficina que estaba bajo la dirección de Torres Saravia, con el objetivo de investigar a fondo los hechos y separar a las personas involucradas en este escándalo.
La resolución firmada por Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso, designa a Guillermo Llanos Cisneros como el nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional.
Implicaciones de la presunta red de prostitución y asesinato
Un reportaje emitido el jueves por la noche en Willax Televisión dio a conocer una presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso de la República. Según la investigación presentada, esta red estaría liderada por Jorge Luis Torres Saravia, conocido como ‘Koky’, militante de Alianza para el Progreso (APP) y figura de confianza de César Acuña, líder de dicho partido, así como del excongresista Luis Valdez.
En el reportaje se presentó el testimonio de una extrabajadora del Congreso, quien solicitó mantener su anonimato. La mujer reveló que Torres Saravia, abogado de profesión, habría contratado a mujeres sin la preparación ni experiencia requeridas para los cargos que desempeñaban, con el fin de ofrecer servicios fuera de los lineamientos laborales establecidos. Entre los casos mencionados, se destacó el de una joven sin estudios superiores que, según la denuncia, habría sido contratada para trabajar en la Oficina Legal del Congreso.
El reportaje también revela que Torres Saravia no actuaba de manera aislada. Se señala a Andrea Vidal, quien habría sido su presunta cómplice en encubrir a mujeres sin el perfil adecuado para los cargos, presentándolas como asesoras o secretarias. Vidal, abogada de formación, habría accedido al puesto por recomendación de Luis Valdez. Recientemente, fue víctima de un atentado en La Victoria, en el cual sicarios dispararon cerca de 60 veces contra un taxi, resultando en la muerte del conductor José Daniel Vargas Briceño.
Según el reportaje, este ataque estaría vinculado a Torres Saravia, ya que, tres meses antes, Vidal habría sido destituida tras una discusión con él. Se presume que Vidal poseía información sensible sobre las actividades de Torres Saravia, lo que podría haber sido el motivo detrás del atentado.
Reacciones de los congresistas ante las acusaciones contra Torres Saravia
La denuncia sobre la presunta red de prostitución y la posible implicación de Jorge Torres Saravia en un asesinato ha suscitado diversas reacciones en el Congreso. Varios parlamentarios manifestaron su preocupación por el hecho de que una persona vinculada a estos delitos haya ocupado un cargo clave en el Legislativo, cuestionando tanto los mecanismos de selección como la responsabilidad de los partidos políticos al permitir la inclusión de ciertos individuos en sus filas.
Roberto Chiabra, congresista de Alianza para el Progreso (APP), advirtió que, si se confirma que Torres Saravia estuvo detrás del asesinato de Andrea Vidal, tal como lo sugiere el reportaje, se estaría ante un nivel de violencia inquietante, que podría implicar la presencia de una red criminal dentro del Parlamento.
“La persona que se atreve a mandar a asesinar a otra no es un enfermito, no es alguien que ha cometido un error en su vida, ni alguien que trató mal a una mujer. Es alguien con otro nivel de violencia. Ojalá que la justicia llegue a la verdad, porque no estaríamos hablando de un violador, sino de la cabeza de una mafia”, sostuvo.
Por su parte, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, calificó las acusaciones contra Torres Saravia como un hecho criminal de extrema gravedad. “No se trata solo de un hecho delictivo, sino de un acto criminal que involucra al abogado que preside el departamento legal del Congreso, y que estaría vinculado a una serie de delitos sumamente graves. El proxenetismo, que es una violación de derechos humanos, es uno de ellos. Además, hay un asesinato de un chofer y una señora que se encuentra muy grave”, agregó Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular.
Norma Yarrow, también de Fuerza Popular, pidió acciones inmediatas contra Torres Saravia, a quien calificó como “un delincuente”, así como una revisión exhaustiva en la Oficina de Recursos Humanos. “Hay que tener un filtro”, enfatizó.
José Williams, de Avanza País, señaló que la bancada de APP debe pronunciarse y tomar medidas claras ante estas denuncias. “La bancada que lo trajo tiene que pronunciarse, es evidente, y hacer la investigación. No hay que caer en especulaciones, pero si se confirman los hechos, debe ser sancionado, retirado, castigado y denunciado”, indicó.
“La bancada que lo trajo debe pronunciarse de manera clara y realizar la investigación correspondiente, sin caer en especulaciones. Si se confirma su implicación, debe ser sancionado, retirado de su cargo, castigado y denunciado”, afirmó.
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