Gustavo Adrianzén asegura que la pena de muerte a violadores de menores todavía no es una política del Gobierno de Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que ampliar la pena de muerte a violadores de menores de edad todavía no es una política del Gobierno de Dina Boluarte, luego de que la presidenta Dina Boluarte planteara públicamente la idea de legalizar esta medida.

“No podemos invitar a debatir cuando ya tenemos una posición sentada como Gobierno, sino ´para qué invitamos al debate?”, dijo en diálogo con RPP.

“No se ha discutido ni se ha debatido el apartamiento del ‘Pacto de san José', pero lo que ha dicho nuestro canciller es que este debate se tiene que llevar en el marco de nuestras obligaciones y compromisos internacionales, y por supuesto en el marco de la legislación nacional”, también mencionó.

Indicó, además, que si bien había conversado con la jefa de Estado sobre esta posibilidad, “no tenía fecha exacta de cuándo se daría el anuncio”

“Sin duda alguna este hecho atroz del que todos hemos sido testigos ha precipitado el anuncio de iniciar el debate. El debate político también se da al interior del Consejo de Ministros”, recalcó.

Asimismo, recordó que, de acuerdo a la constitución política, en el país ya es legal esta sanción, aunque solo para los delitos de terrorismo y traición a la patria en época de guerra.

“A mí me parece intolerable que estemos contemplando cómo nuestras niñas pueden ser objeto de barbarismos de unos desadaptados, de unos antisociales, de unos criminales aberrantes, y creo que también tenemos que abrir el debate para ver qué vamos a hacer con esta gente, porque definitivamente a nadie le gustaría que nuestras niñas, nuestros niños sean objeto de estos crímenes atroces”, precisó.

En ese sentido, sostuvo que estas conversaciones que se van a tener alrededor de la medida “forman parte del crecimiento de una cultura democrática”. “Se abre el debate para la academia, para los intelectuales, para los políticos, para los medios de prensa y veamos qué resulta de eso”, manifestó.

Al ser consultado sobre su postura personal respecto a esta tema, dijo que no podía precipitarse, ya que tenía la responsabilidad de “no adelantar ninguna decisión hasta que el debate al que ha invitado la señora presidenta se produzca”

“En mi condición de presidente del Consejo de Ministros mal haría en hablar porque yo soy portavoz del Gobierno. No puedo zanjar una posición hasta no ver cómo se realiza el debate al que hemos sido invitados”, subrayó.

Luego, negó de que el anuncio de la presidenta haya sido una cortina de humo. “¿Qué esperan? ¿Qué el Poder Ejecutivo frente a estos crímenes atroces no diga nada, no siquiera promueva el debate, no escuche que dice la población, qué dicen las fuerzas políticas? Por supuesto, a mí me parece oportuno abrir el debate en las circunstancias en las que nos encontramos”, comentó.

“No significa que mañana vayamos a salir nosotros con un proyecto de ley de reforma constitucional o que se manden cartas para desvincularnos del ‘Pacto de San José' ni mucho menos, pero sí se trata de que el Ejecutivo diga este tema nos preocupa, entendemos que le preocupa a la población, queremos escucharlos a todos y eso es lo que hemos hecho”, añadió.

Este martes 10 de diciembre, durante un evento de la Fuerza Aérea, Dina Boluarte condenó el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo y solicitó a las autoridades judiciales que adopten medidas más severas para evitar que los delincuentes condenados por violación regresen a las calles.

Durante su discurso, la mandataria aprovechó para poner sobre la mesa ampliar la pena de muerte a otro tipo de delitos, como la violación de menores de edad.

“Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas, es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, había dicho la jefa de Estado.

Para llevar a cabo esta decisión, el Gobierno tendría que denunciar el ‘Pacto de San José', como comúnmente se le conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cuyo artículo 4 prohíbe la pena capital.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, durante una interpelación en el Congreso, mencionó que se podría evaluar el tema, en respuesta a una solicitud del congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya.