El Gobierno de Perú ha modificado su Código Penal para incorporar la modalidad de préstamos extorsivos, también conocidos como préstamos ‘gota a gota’, en el tipo penal de extorsión.
La Ley 32183, que incorpora cambios al Decreto Legislativo 635, establece penas de prisión que oscilan entre los 10 y 15 años para quienes cometan este delito. Además, se ha añadido el artículo 8-A a la Ley 30096, conocida como la Ley de Delitos Informáticos, para incluir el delito de Préstamos Informáticos Extorsivos.
La nueva legislación no solo se centra en los préstamos extorsivos tradicionales, sino que también abarca aquellos realizados a través de medios informáticos. Según el texto legal, las penas pueden agravarse en situaciones específicas, como cuando se utiliza violencia para obtener una ventaja indebida.
También se consideran circunstancias agravantes si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, es un adulto mayor con una enfermedad grave o se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Con estas modificaciones, el gobierno peruano pretende fortalecer el marco legal para combatir de manera más efectiva las prácticas extorsivas, especialmente aquellas que se realizan a través de medios digitales, reflejando una respuesta a la creciente sofisticación de estos delitos en el entorno digital.
¿Cómo se aplicarán las penas para los extorsionadores del ‘gota a gota’?
La nueva legislación establece penas severas para quienes, mediante amenazas o engaños, obliguen a aceptar contratos simulados con el fin de obtener ventajas indebidas.
El artículo 200 del Código Penal ha sido revisado para incluir sanciones de entre diez y quince años de prisión para aquellos que, utilizando violencia o amenazas, obliguen a personas o instituciones a proporcionar beneficios económicos indebidos.
Esta misma pena se aplicará a quienes, directamente o a través de terceros, utilicen amenazas, intimidación o engaños para forzar la aceptación de dinero o bienes bajo contratos falsos.
Además, se ha incorporado el artículo 8-A a la Ley de Delitos Informáticos, Ley 30096, que aborda específicamente los préstamos informáticos extorsivos. Este artículo establece penas de prisión de diez a quince años para quienes, a través de plataformas digitales, obliguen a aceptar contratos simulados.
La legislación también contempla penas para aquellos que faciliten la comisión del delito de extorsión proporcionando información o medios necesarios para su ejecución. Estas medidas buscan reforzar la lucha contra las prácticas extorsivas que afectan tanto a individuos como a entidades en el país.
Más de 200.000 familias han caído en el ‘gota a gota’ en 2024
El mercado de créditos informales en Perú ha experimentado un crecimiento significativo, afectando a más de 200.000 familias que han caído en el sistema conocido como ‘gota a gota’, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
Este tipo de préstamo informal se caracteriza por aplicar tasas de interés que pueden superar el 1.000%, lo que representa un riesgo financiero considerable para los prestatarios.
El estudio del IPE revela que aproximadamente el 9,3% de los hogares urbanos, equivalentes a cerca de 605.000 familias, han recurrido a créditos informales en el último año. Esta cifra muestra un incremento respecto al 8% registrado en 2022, lo que indica una tendencia al alza en la demanda de este tipo de financiamiento.
La facilidad y rapidez con la que se pueden obtener estos préstamos, en comparación con las opciones ofrecidas por las instituciones financieras formales, contribuyen a su popularidad.
El fenómeno del ‘gota a gota’ ha ganado terreno, pasando de representar el 22% del total de créditos informales en 2022 al 35% en 2024, afectando a unas 212.000 familias.
Este tipo de crédito se caracteriza por pagos diarios, lo que puede llevar a los prestatarios a una dependencia financiera creciente. De hecho, el 66% de los prestatarios informales encuestados ha solicitado más de un crédito a lo largo de su vida.
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