Elmer Schialer se pronunció a favor de debatir pena de muerte en Perú, en el Día Internacional de los Derechos Humanos

Luego de que la presidenta Dina Boluarte se pronuncie a favor de debatir la pena de muerte en el Perú, la opinión del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores era una de las más esperadas. A la salida de una actividad por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el canciller Elmer Schialer dijo que “apoya completamente” lo expresado por la mandataria.

Aunque es de público conocimiento que para la implementación de una medida como el castigo capital es necesaria una reforma constitucional y denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que podría afectar la posición del país en el ámbito internacional y su relación con organizaciones defensoras de derechos humanos, sostuvo que “se tiene que ver cómo implementar de acuerdo a las normas peruanas y los acuerdos internacionales de los cuales el Perú es parte”.

En diálogo con Ojo Público, dijo que no ve contradicción en su posición de que el Perú es respetuoso de los derechos humanos y el pedido de la presidenta Dina Boluarte, pues “es un debate abierto en todos los países”.

Incluso, sobre lo expresado por el embajador de Suiza, Paul Garnier, quien aseguró que como nuevo país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU su prioridad será la abolición de la pena de muerte, mencionó que “es el embajador de Suiza y tiene todo el derecho de pensar como suizo”.

En medio de cuestionamientos por un presunto vacío de poder al someterse a una rinoplastia sin notificar al Congreso y la conmoción nacional por el asesinato de una niña de 12 años en Villa El Salvador, la mandataria sorprendió al referirse a la aplicación de la pena de muerte.

“Es momento, que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles para una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”, expresó durante una actividad en la Fuerza Área del Perú.

“Hago un llamado a las autoridades de justicia, a la Fiscalía y al Poder Judicial, no podemos permitir que este tipo de criminales siga en las calles o tenga este tipo de beneficios. No debemos tener ningún tipo de contemplación a quienes se atreven a tocar a nuestros niños y a nuestras niñas, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas”, agregó.

Abogados consultados sobre el tema consideran que lo expresado por Dina Boluarte no es más que una estrategia para desviar el ojo público de sus operaciones. En diálogo con Canal N, Víctor García Belaúnde y Heber Campos aseguraron que su pronunciamiento tiene un trasfondo político para que “no hablen de su nariz”.

“Es un tema que se discute hace 100 años en el Perú, desde que existía y Dina Boluarte hoy ha sacado el tema a la luz para evitar que dejen de hablar de su nariz, sabiendo que es un tema muy complejo, ello saben que mañana no se puede aplicar. Están haciendo un psicosocial para distraer a la opinión pública del tema de la operación que la tiene hasta las narices”, expresó el también excongresista; mientras que el constitucionalista sostuvo que es una “cortina de humo” que tiene el “ánimo de generar debate, invitar a los especialistas y que se deje de hablar de las operaciones a las que se sometió la presidenta”.

Además de la reforma, la cual implica el respaldo de dos legislaturas consecutivas con el voto favorable de más de dos tercios del número legal de congresistas o un referéndum nacional si se aprueba con mayoría absoluta en una legislatura y es luego ratificada por una consulta popular, el Perú debe notificar formalmente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su intención de denunciar el Pacto, lo que implicaría un proceso de desvinculación que puede durar cerca de un año.

Asimismo, se deben identificar y tipificar los delitos a los que se aplicaría la pena de muerte. El plazo para que esta medida sea real sería considerablemente largo, ya que la secuencia de pasos legislativos y diplomáticos está sujeta a complejos procesos que pueden extenderse por varios años.