Alrededor de 5 mil matrimonios infantiles se registraron en el Perú en la última década

Según se destacó en el reciente Foro Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Perú enfrenta un desafío urgente en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Durante el evento, se subrayó la necesidad de revisar y mejorar el sistema de protección infantil, así como las políticas y servicios públicos, para garantizar un entorno seguro y respetuoso para los menores. Además se advirtión que alrededor de 5 mil matrimonios infantiles se registraron en el país en la última década.

El foro, que reunió a más de 50 colectivos y organizaciones en el auditorio de la Comunidad Andina, hizo un llamado para transformar las estructuras actuales que no estarían logrando proteger adecuadamente a la infancia y adolescencia en el país.

Veronique Henry, directora de Plan Internacional y representante de Joining Force For All Children Perú, destacó la falta de recursos financieros básicos en zonas rurales, lo que dificulta la atención a niñas que viven en áreas remotas. Esta carencia lleva a muchas familias a desistir de denunciar casos de agresión sexual. Según datos del Reniec, en la última década se registraron casi 5 mil matrimonios infantiles, con un 98,4% de los casos involucrando a niñas de entre 11 y 17 años unidas con hombres adultos.

El ENDES 2021 reveló que tres de cada diez mujeres casadas o unidas comenzaron a convivir antes de los 18 años, y en regiones como Loreto, esta cifra asciende a cinco de cada diez. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, subrayó la necesidad de contar con presupuesto y garantizar los derechos de los menores para lograr cambios significativos.

Entre enero y septiembre de 2024, se registraron 16.447 casos de violencia sexual hacia menores, con un 69% de las víctimas siendo adolescentes mujeres. Los expertos en el foro propusieron medidas urgentes, como la modificación del Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incluir a adolescentes de 16 y 17 años como imputables por delitos graves.

En el evento, se sugirió fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, dotándolo de recursos económicos suficientes y personal capacitado, además de mejorar la articulación interinstitucional para responder eficazmente a las necesidades de los menores. También se recomendó revisar y enmendar las normativas que afectan los derechos de los niños y adolescentes, asegurando que se alineen con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según informó a Radio Nacional la viceministra a cargo del tema, uno de los canales para la denuncia de estos casos es el Centro de Emergencia Mujer (CEM), además de la opción de recurrir a la comisaría de la localidad más próxima. La participación ciudadana es fundamental para proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

La viceministra Espinoza Ríos explicó que los casos reportados pueden involucrar a operadores de las municipalidades que hayan permitido dichas uniones. Se enfatiza la colaboración entre el gobierno local y otras entidades como el Reniec y las notarías, con quienes se trabaja en el fortalecimiento de capacidades. La funcionaria subrayó que los menores deben estar dedicados a la educación y el juego, y no desempeñando roles de cuidado o carga doméstica.

En cuanto a las medidas de prevención, estas también se extienden a los padres y cuidadores, con el objetivo de promover una formación que priorice una “familia igualitaria y libre de violencia.” Espinoza Ríos recomienda establecer, desde el hogar, espacios seguros donde prevalezca la corresponsabilidad y la distribución equitativa de responsabilidades.