La provincia de Pataz, en La Libertad, se ha convertido en un epicentro de la minería ilegal de oro, donde el precio del terreno ha alcanzado valores superiores a los de algunos distritos de Lima, oscilando entre 1.000 y 1.200 dólares por metro cuadrado en la ciudad. Esta situación ha sido impulsada por la creciente demanda del metal dorado, cuyo precio por onza se sitúa entre 2.700 y 2.800 dólares, con proyecciones de alcanzar hasta 4.000 dólares en caso de choques internacionales.
Un reportaje de Cuarto Poder muestra cómo la minería ilegal en Pataz ha generado un entorno de violencia y descontrol. En los últimos tres años, se han registrado diversos atentados que han dejado 18 personas fallecidas y heridas, afectando incluso a la única minera formal de la zona, Minera La Poderosa.
Iván Arenas Ramírez, analista político, explica que los mineros ilegales operan de manera organizada, invirtiendo hasta 4.000 dólares por metro cuadrado para construir socavones con maquinaria pesada, lo que evidencia que no se trata de humildes campesinos, sino de mafias bien estructuradas.
“La empresa hace laboreos o túneles para acercarse a las vetas con mineral. Luego, la minería ilegal también hace trabajos para interceptar las zonas de operación formal con el objetivo de robar la minería que la empresa de manera formal está trabajando”, refirió Arenas.
El proceso de extracción ilegal implica la construcción de túneles paralelos para interceptar las zonas de operación de las mineras formales. Los mineros ilegales no solo extraen el mineral, sino que también secuestran a trabajadores para obligarlos a laborar en condiciones precarias.
Una vez extraído, el mineral es transportado por la única ruta de salida, el Puente Chagualito, desde donde diariamente salen cientos de volquetes cargados de mineral, en su mayoría ilegal.
“En Pataz, no existe el humilde campesino que está haciendo minería ilegal o informal. Existe una persona con mucho dinero que hace mineríailegal y que tiene mucha capacidad para hacer minados y tener una planta beneficio [...] Pataz se ha vuelto, evidentemente, en la nueva meca del oro informal o el oro ilegal”, destacó Arenas.
El sistema REINFO, que supuestamente busca formalizar a los mineros, ha sido criticado por Arenas Ramírez, quien lo considera un sistema condenado al fracaso debido a la ineficacia de instituciones como la SUNAT y las direcciones regionales de minería para evaluar y fiscalizar adecuadamente.
En la práctica, el REINFO se ha convertido en una invitación a la informalidad, lo que resulta en pérdidas significativas de impuestos para el estado y las empresas formales. El mineral ilegal extraído en Pataz es llevado luego a plantas de tratamiento en Trujillo, donde es procesado en chancadoras que reciben el mineral sin verificar su procedencia.
Esta situación ha fomentado una cultura de minería ilegal en la región, donde la población local se siente orgullosa de evadir al estado y participar en un sector económico que, aunque ilegal, es altamente lucrativo.
“Una vez en el Puente Chagualito, el minero informal o ilegal puede decir ‘estoy llevando 30 o 40 toneladas de mineral, pero tengo REINFO’. Entonces, como tiene el documento, la autoridad le dice ‘¿sabe qué? Pase usted, señor’. Así es como funciona”, reveló el especialista.
Congreso extiende la vida del REINFO hasta 2025
El Congreso de la República ha decidido extender el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por un periodo adicional de seis meses. Esta medida, que ha sido objeto de intensos debates y protestas a nivel nacional, busca regularizar la extracción informal de oro en el país. Sin embargo, el sistema ha sido ampliamente criticado por facilitar el blanqueo de mineral ilegal.
La creación del REINFO en 2012 tenía como objetivo principal la formalización de la minería informal. A lo largo de los años, ha experimentado múltiples ampliaciones, lo que ha generado controversia. Uno de los puntos más discutidos es la exención de responsabilidad penal para los inscritos en el registro por el delito de minería ilegal, lo que algunos especialistas consideran un incentivo para prácticas ilícitas en lugar de promover la formalización.
Con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, el Congreso aprobó la extensión del registro, que ahora se prolongará hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de una extensión adicional de seis meses mediante decreto del Ejecutivo. Esta decisión se tomó después de que el proyecto fuera aprobado en la Comisión de Energía y Minas.
El texto sustitutorio del predictamen, que recae en varios proyectos de ley, modifica la Ley N° 30705, que regula las funciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), otorgándole la rectoría sobre la actividad de la pequeña minería y minería artesanal. Esta modificación busca fortalecer el papel del Minem en la supervisión de estas actividades.
Tras la aprobación en primera votación, se presentó una solicitud para exonerar el proyecto de una segunda votación, la cual fue aprobada con más de 80 votos. Ahora, la normativa deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte la refrende.
¿Cuánto vale un solo gramo de oro ilegal en el Perú?
En el Perú, la minería ilegal ha alcanzado niveles alarmantes, generando aproximadamente 12.000 millones de dólares anuales, según el fiscal Federico Chávarry de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno. Esta actividad ilícita ha crecido rápidamente, especialmente en áreas remotas, lo que complica el control por parte de las autoridades.
Durante una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Chávarry reveló que la producción de oro en estas zonas es extremadamente alta. En operaciones recientes, los fiscales han incautado cuadernos que no solo registran la cantidad de oro extraído, sino también identifican a las personas que financian estas actividades ilegales.
El fiscal detalló que el valor del oro extraído es significativo. Un gramo se cotiza aproximadamente en S/320, y los mineros ilegales extraen alrededor de cuatro kilos de oro al mes, lo que representa más de S/1 millón mensuales.
Estas operaciones, que a menudo involucran el uso de maquinaria pesada como cargadores frontales y excavadoras, son solo una pequeña parte de la actividad minera ilegal en el país. Esta información se está utilizando actualmente en los juicios contra los acusados.
La minería ilegal no solo representa un desafío económico, sino también ambiental y social. Las áreas afectadas por esta actividad suelen ser de difícil acceso, lo que dificulta la intervención de las autoridades y permite que estas operaciones continúen sin control. Además, el impacto ambiental es devastador, afectando la biodiversidad y contaminando los recursos hídricos.
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