Dina Boluarte cumple dos años como presidenta del Perú este sábado 7 de diciembre. En el 2022, Pedro Castillo intentó implementar un autogolpe de Estado que solo resultó en su inmediata vacancia y encarcelamiento. No obstante, lo que inicialmente se consideró un hecho histórico, ya que el país tenía su primera mandataria mujer, se convirtió en una administración cada vez más envuelta en denuncias y escándalos.
Entre las polémicas más recordadas se encuentran los viajes de la jefa de Estado al exterior. Desde una foto de Boluarte en el Times Square junto a su comitiva que costó un millón de soles, hasta una supuesta reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que terminó siendo un encuentro casual en un pasillo.
La inestabilidad de su gestión también se vio reflejada en la cantidad de ministros que ha tenido a lo largo de su mandato, llegando a la cifra de 58 personajes para las 19 carteras que exisnte. Incluso, dos de los políticos que daban mayor respaldo a la presidenta en los medios de comunicación y en el exterior fueron removidos en un cambio sorpresivo: Javier González-Olaechea, en Cancillería, y Hannia Pérez de Cuellar, en el Ministerio de Vivienda.
Más de 40 peruanos murieron en protestas
Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, un sector afín a Pedro Castillo rechazó a la nueva mandataria y salió a las calles a pedir un adelanto de las elecciones. Sin embargo, debido a los enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas, decenas de ciudadanos fallecieron en las jornadas de protesta.
Lo que inicialmente inició como marchas en diferentes regiones donde se exigía la libertad del vacado político, se transformó en un pedido de renuncia para Boluarte y de cierre del Congreso.
Después de varias semanas de manifestaciones, entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, 49 civiles y un policía perdieron la vida. A partir de ese momento, se crearon diversas organizaciones sociales en rechazo a los asesinatos, sobre todo en Ayacucho y Puno, las cuales siguen activas al día de hoy.
El exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó en total dos denuncias constitucionales contra la presidenta. En la acusación del 30 de junio del 2023, a Boluarte, y a seis exministros, se le imputa por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, es probable que esto termine en una denuncia al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que luego sea elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Desde su perspectiva, si bien ya se ha designado al congresista instructor del caso, y por lo tanto, parecía que se iba a “movilizar el tema” en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), “ese asunto va a estar sometido a una decisión estrictamente política”.
“El momento que la coalición que gobierna el Congreso decida traerse abajo a Boluarte van a activar ese tema, no tengo ninguna duda. Pero también podría ocurrir de que, al igual que en el caso de las protestas del noviembre del 2020, el Congreso tome una decisión en sentido contrario, es decir, no aprueba la acusación, y ahí tendríamos expedito el camino de ir al sistema interamericano, como hemos hecho en el caso de Inti y Bryan”, explicó a Infobae Perú.
Por otra parte, Rivera resaltó que en solo dos años, la Fiscalía Especializada de Víctimas de Protestas ha formalizado 34 carpetas de investigación, referentes a los homoicidios perpretados por agentes de la Policía y del Ejército.
“Eso probablemente va a determinar que hacia finales del verano del próximo año, en algunos casos, ya se puede estar evaluando la posibilidad de que el Ministerio Público presente una acusación (...). Ha significado un trabajo muy bueno de parte de la Fiscalía este y un avance significativo en el curso de las investigaciones. En muchos casos inclusive se ha logrado identificar a los autores materiales”, precsió.
El caso ‘Rolexgate’
La primera denuncia constitucional de Villena contra la mandataria, antes mencionadas, fue con relación al caso ‘Rolexgate’, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.
Ea inicios de este año, el portal La Encerrona reveló que Boluarte había ostentado relojes marca Rolex, entre otras joyas, en diversos eventos tanto nacionales como internacionales. A medida que fue avanzando la investigación, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorimo, se reveló como el amigo, o ‘Wayki’ como dijo la misma presidenta, que le habría “prestado” los artilugios.
Respecto a ello, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, aclaró a Infobae Perú que “el tema de fondo en este caso no parece ser si estamos o no ante un regalo, sino si ello en realidad significa un acto contra la administración pública que se halla prohibido en el código penal”.
El 26 de marzo, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú realizaron un allanamiento en la casa de la mandataria, y lograron encontrar varios relojes, un certificado de garantía de uno de ellos, una pulsera de oro, entre otros objetos.
Se reportó en ese momento que los hijos de Boluarte, entre ellos David Gómez Boluarte, quien pertenece al Servicio Diplomático del Perú, habrían dificultado el trabajo de las instituciones. En el operativo también estuvo presente el coronel PNP, Harvey Colchado, quien era el coordinador del equipo especial de apoyo al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
La presidenta recién podrá ser investigada y procesada por este caso después del 28 de julio del 2026, siempre y cuando el Poder Legislativo lo autorice.
“Una vez que ella deje el poder, el Congreso debe decidir si aprueba o no una acusación constitucional en su contra por estos hechos. Dado que la presidenta, para ese entonces, ya no estará ejerciendo el cargo, no será un inconveniente la protección que le otorga el artículo 117 de la Constitución en la actualidad”, indicó Campos.
La persecución a Harvey Colchado
Semanas después del allanamiento, Harvey Colchado compartió en su WhatsApp personal la imagen de una torta que había preparado la Oficina de Imagen y Protocolos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) para celebrar su cumpleaños. El pastel era una representación del ingreso de la Policía a la vivienda de la presidenta, parodiando el momento en el que se utiliza una comba para romper la puerta y entrar a la fuerza.
La broma, que ocasionó que el coronel sea separado de la Diviac, fue calificada por su abogado como “un error”. “El WhatsApp es una red social privada, quienes han visto la foto son personas de sus listas de contactos, ellos han sido quienes lo han difundido. Esta es una prueba prohibida porque han extraído de una red personal privada y lo han llevado al público sin su consentimiento”, aseveró Stefano Miranda.
Durante el tiempo que dejó el puesto, a Colchado se le captó cuidando un puente en la Vía Expresa durante el paro de transportistas de octubre de este año. Esto fue tomado por un sector de la ciudadanía y de la política como una represalia, teniendo en cuenta la experiencia del policía en otros sectores más especializados.
En noviembre, la Inspectoría de la PNP dejó sin efecto la suspensión temporal; siin embargo, la historia no terminaría ahí, ya que según Hildebrandt en sus Trece, se estaría preparando desde el Ministerio del Interior su pase al retiro a través de una comitiva.
Los ‘Waykis en la sombra’
A medida que las investigaciones al entorno a Dina Boluarte siguen avanzando, su situación judicial se ve cada vez más complicada. Su hermano, uno de sus colaboradores más cercanos desde antes que se convirtiera en la primera mujer en la presidenta del Perú, ahora se encuentra prófugo de la justicia.
Recientemente, el Ministerio Público acusó a Nicanor Boluarte de liderar una organización criminal que se dedicaba a utilizar prefectos y subprefectos de provincias y regiones para crear el partido ‘Ciudadanos por el Perú'.
Sin embargo, él no habría actuado solo, ya que la tesis fiscal incluye a la jefa de Estado como la cabeza de esta red y quien daba la aprobación final de las acciones de su familiar. De esta forma, los prefectos y subprefectos habrían sido designados en sus cargos con el compromiso de dar aportes económicos a la organización política y llenar una cierta cantidad de fichas de afiliación, necesarias para la inscripción de la agrupación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El Poder Judicial impuso 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte por el caso ‘Los Waykis en la sombra’, pero el hermano de la presidenta sigue prófugo.
El cofre presidencial
Otro personaje que continúa sin responder a la justicia es Vladimir Cerrón, el excompañero de plancha presidencial de Dina Boluarte y Pedro Castillo.
El 6 de octubre de 2023, el Poder Judicial condenó al líder de Perú Libre a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka, proyecto que fue impulsado durante su gestión al mando del Gobierno Regional de Junín.
Investigaciones periodísticas apuntan a que el candidato a segundo vicepresidente habría recibido ayuda por parte del Gobierno para evitar los operativos policiales. Es aquí donde entra a tallar el ‘cofre presidencial’, el vehículo oficial que usa Dina Boluarte y que también habría sido utilizado para ayudar a la fuga de Cerrón.
En enero del 2024, la Policía Nacional buscó al prófugo político en el condominios Mikonos, en el balneario de Asia, luego de recibir información de que podría estar escondiéndose en este lugar. Sin embargo, nunca lo encontraron.
Coincidentemente, Boluarte también estuvo en ese complejo residencial un mes después para tratar asuntos “personales”. Ahora el ministro del Interior, Juan José Santivañez, ha descartado que Cerrón haya estado en Mikonos cuando se hizo el operativo, y Boluarte se niega a explicar por qué el condominio no tiene registro de su ingreso cuando tienen estrictos controles de seguridad.
Una operación en la nariz
En diciembre, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó una de las denuncias que se venían manejando desde inicios del 2024: Dina Boluarte se había sometido a una operación a la nariz en junio del 2023.
Hildebrandt en sus Trece ya había revelado en mayo de este año que la mandataria se había ausentado del cargo entre el 28 de junio y el 10 de julio. Según el expremier, la jefa de Estado siguió cumpliendo con todas sus funciones de forma plena en esos días, por lo que no hubo vacío de poder.
El abogado constitucionalista Omar Cairo menciona a Infobae Perú que “si es que se demuestra (...) que ella habría tenido una ausencia por un descanso post operatorio de aproximadamente una semana, eso significaría que habría dejado el ejercicio de la presidencia durante ese tiempo”.
Sostiene que esta situación está prevista en el artículo 114 de de la Constitución Política del Perú, el cual determina que el Parlamento debía supsenderla del cargo y convocar a que la supliera el presidente del Legislativo, es decir, Eduardo Salhuana, ante la falta de vicepresidentes.
“Si es que esa ausencia se produjo ella habría infringido la Constitución porque habría evitado que el Congreso declarara su suspensión y convocara al presidente del Congreso a ejercer el cargo”, explica.
Además, si bien esto no significa una vacancia por incapacidad moral, precisa que “sí sería una causal del juicio político previsto en los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, en virtud del cual el Congreso puede sancionar al al gobernante que infringe la Constitución, ordenando su suspensión o su destitución, más una inhabilitación para ejercer cargo público en el futuro”.
“Una vez que se demuestre claramente que ella ha estado en un periodo de descanso médico de varios días que le ha impedido ejercer la presidencia, se va a hacer (...)”, subraya.
“Si hoy día aparece un reporte, aparece un documento que dice que no estuvo en el ejercicio del cargo cuatro días,por ejemplo, un documento de una clínica que dice que estuvo ahí internada sin poder ejercer el cargo, entonces, Se habría producido la infracción del artículo 114.1 de la Constitución. El Congreso estará habilitado para iniciar ehun juicio político e imponer la sanción de la destitución”, añadió.
No obstante, desde el Parlamento solo pocas voces criticaron abiertamente este hecho. La gran coalición que sostiene a la mandataria, conformada principalmente por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, descartaron cualquier idea de removerla del cargo.
La primera vicepresidenta del Legislativo, la fujimorista Patricia Juárez, dijo que era “absurdo” pensar en una vacancia, ya que ella conocía a personas que también se habían sometido a una rinoplastia y que algunos casos no necesitaron anestesia general.
Dina hasta el 2026
Cada vez que se menciona la remota posibilidad de una vacancia presidencial, César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, ssiempre se ha encargado de disipar las dudas y asegurar la permanencia de su aliada de Palacio de Gobierno. La relación entre ambos personajes llega a tal punto que su ‘wayki’, Alfredo Oscorima, y su ministro de Salud, César Vásquez, son militantes de APP.
Ninguna de las bancadas más grandes, lo que incluye a Podemos, Perú Libre, Avanza País y Renovación Popular, tampoco parecen ceder ante los escándalos de la jefa de Estado.
Sobre ello, el historiador Joseph Dager explicó a este medio que la apuesta de las agrupaciones con representación en el Legislativo es obtener el Poder Ejecutivo en las siguientes elecciones, y no en este momento.
Según el entrevistado, esto se debe a que el costo político de ostentar la Presidencia del Perú, aunque sea por unos meses, “es un escenario que en ninguno de los partidos políticos que está en el Congreso lo asumiría”.
De esta manera, Dina Boluarte, sin ser la cabeza de la plancha presidencial de Perú para las elecciones 2021, ha superado largamente a su exjefe, Pedro Castillo, en cuanto al tiempo que ostentaron el cargo. La actual presidenta lleva 730 días, mientras que el vacado exmandatario solo alcanzó 497.
Renunciante al partido que la llevó al poder, convertida en aliada de las agrupaciones a las que criticó en campaña, no es seguro cuál es el camino que tomará Boluarte una vez abandone la ‘casa de Pizarro’.