Dos años después de que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) anunciara en un mensaje televisado su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la judicatura y convocar a una asamblea constituyente, aún no hay fecha para que se siente en el banquillo por el golpe de Estado. Se estima que el juicio oral podría comenzar el próximo año.
Mientras tanto, el exgobernante sigue negando los cargos y afirma que está bajo “secuestro político” y que fue vacado “ilegalmente” por quienes “luego asesinaron, hirieron, criminalizaron y encarcelaron a muchos hijos de nuestro heroico pueblo que lucha incansablemente en defensa de su voto y contra la actual dictadura”.
A comienzos del año, el Ministerio Público acusó formalmente a Castillo y solicitó 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Desde el 7 de diciembre de 2022, permanece en prisión preventiva por 18 meses, con otra orden de 36 meses mientras se le investiga por, presuntamente, liderar una red corrupta.
En la misma acusación, la Fiscalía pidió 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, así como para tres oficiales de la Policía Nacional. Para el ex primer ministro Aníbal Torres, se solicitaron 15 años de prisión por el delito de rebelión.
Después de completar la etapa de control de acusación iniciada en mayo y resolver los recursos presentados por las defensas, el juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, emitió el 12 de noviembre un auto de enjuiciamiento para que el caso contra Castillo avance a juicio. Sin embargo, aún no se ha fijado la fecha para el inicio del proceso, donde se presentarán alegatos, pruebas y testimonios.
Ocurre en medio de una posible reconfiguración con la llegada de la jueza suprema Janet Tello Gilardi, quien fue elegida como presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2025-2026. Desde el penal de Barbadillo, Castillo anunció a mediados de año su afiliación al partido político Todo con el Pueblo, a pesar de que dicha agrupación no figura en el proceso de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
A este partido también se unió su exministra Betssy Chávez, quien está recluida en el penal de mujeres de Chorrillos. Por su parte, el expremier Aníbal Torres, cercano colaborador del expresidente, promueve la agrupación Adelante Pueblo Unido. Según el exministro Walter Ayala, Castillo tiene la intención de postular nuevamente a la Presidencia.
“He conversado con él, y lo que está pasando el presidente ya ha pasado en otros países. Él piensa más adelante volver al poder”, dijo el letrado en diálogo con Exitosa. Sostuvo además que su patrocinado confía en que la ciudadanía le brindará su respaldo otra vez, similar a lo ocurrido con otros exmandatarios en la región. “Si repasamos la historia, lo que le pasó al presidente Castillo le ha pasado a Lula en Brasil, por ejemplo, también en Honduras con Manuel Zelaya. Y ahora, ¿quién es presidente? Su esposa”, comentó.
Este viernes, el exmandatario se refirió nuevamente a la presidenta Dina Boluarte como una “traidora y repudiada usurpadora” con bajo respaldo popular y sostuvo que su discurso no constituyó un golpe de Estado, sino que reflejó el clamor del pueblo peruano por cerrar el Congreso, reorganizar el sistema de justicia y convocar a una nueva Constitución.
También denunció lo que considera un juicio político en su contra, al alegar que el Poder judicial, “influido por decisiones políticas”, busca condenarlo al margen de las normas legales. “No me doblegaré (...) porque estoy con el pueblo y, dentro de él, soy realmente libre”, concluyó.
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