Dos años de Dina Boluarte como presidenta: de esperanza de estabilidad tras un golpe de Estado a investigada con el 95% de desaprobación

Han pasado dos años desde que Dina Boluarte asumió la Presidencia de Perú, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo y una especie de esperanza ante la incapacidad moral permanente de su predecesor, Pedro Castillo. Su llegada al poder se dio en medio de un cuestionado proceso electoral por parte de un grupo que hoy la mantiene al frente del gobierno y turbulencias provocadas por el intento de golpe de Estado de quien aseguraba que, si se iba, se iría ella también.

Ambas situaciones, sumadas a las contradicciones, indolencia, ocho investigaciones, un hermano en la clandestinidad y el silencio ante la prensa justifican la gran desaprobación a su gestión —que alcanza el 95%— y el respaldo político de un grupo parlamentario que vela por la permanencia de ambas instituciones, a costa de la aprobación sin cuestionamiento de iniciativas legislativas y, por supuesto, de la población.

Dina Boluarte llegó a Palacio de Gobierno de la mano de Pedro Castillo el 28 de julio de 2021. Juró a la vicepresidencia “por los nadies [sic], por los que teniendo voz se la quitaron, por una patria soberana abrazada en un solo corazón”, para luego, como mandataria, ser noticia por responder a la población con expresiones como “tu mamá” y “no necesito tus lágrimas”.

Si bien, antes del golpe de Estado, fue una de las pocas integrantes en mantener su cargo dentro del gabinete, como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no estuvo exenta de controversias. Entre ellas el haber realizado gestiones a favor de un club privado, cuando la Constitución se lo prohibía; la renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego de nueve meses en el cargo; así como no haber incorporado en su declaración jurada de intereses a ocho parientes de segundo grado de afinidad (cuñados), a pesar de que el artículo 4 de la Ley N°31227 lo dispone expresamente.

El mismo 7 de diciembre del 2021, Dina Boluarte formuló públicamente lo que para algunos es una de las contradicciones más conocidas. Horas antes del intento de golpe de Estado dado por Pedro Castillo, se mostró como una de las más férreas defensoras del Ejecutivo desde un evento en Puno. “¿Quién ha salido a defender el voto de ustedes, cuando decían que había fraude electoral? [...] ¿Quién ha salido ante la prensa a decir que mi lealtad con el presidente Pedro Castillo es a prueba de balas? Si al presidente lo vacan yo me voy con el presidente”, mencionó por la mañana. Luego, después de rechazar vía X la acción de a quien juraba lealtad, juró a la Presidencia.

“Se ha producido un intento de golpe de Estado a una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”, indicó durante su discurso como jefa de Estado y se mostró abierta al diálogo.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, expresó entonces.

A los pocos días, en medio de protestas antigubernamentales, Dina Boluarte enfrentó el origen de una de las denuncias constitucionales que dieron pie a su alto nivel de desaprobación: las muertes ocurridas por la represión policial durante las manifestaciones sociales de diciembre de 2022 y comienzos de 2023.

Dina Boluarte enfrenta actualmente ocho investigaciones por diversos presuntos delitos, incluyendo homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo. A la mencionada anteriormente, se suman los siguientes casos:

Rinoplastia

La más reciente de las pesquisas se centra en un supuesto abandono del cargo presidencial. Esta investigación se inició después de que el expremier Alberto Otárola revelara ante el Congreso que Boluarte se ausentó varios días en junio del año pasado debido a una rinoplastia, sin considerar que fuese necesario informar sobre su incapacidad temporal.

Rolexgate

Involucra acusaciones de cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito. En mayo, el entonces fiscal de la Nación, Juan Villena, decidió separar las investigaciones relacionadas con la no declaración de relojes y joyas por parte de Boluarte.

Mientras la Comisión Permanente del Congreso aprobó recientemente dar trámite a una denuncia constitucional por cohecho contra la presidenta; la investigación sobre enriquecimiento ilícito sigue en curso, enfocándose en un presunto desbalance en las cuentas bancarias de Boluarte y el origen de ciertos depósitos realizados entre julio de 2021 y agosto de 2022.

Cofre

Se refiere al uso del vehículo presidencial, conocido como el “cofre”, y su posible conexión con la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Según un testimonio, Boluarte habría utilizado el vehículo para transportar a un familiar al condominio Mikonos, donde la policía buscaba a Cerrón.

Reuniones con Patricia Benavides

La sexta investigación involucra una supuesta reunión secreta entre Boluarte y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, ambas se reunieron entre cuatro o cinco veces para intercambiar beneficios.

Desactivación del equipo especial de la PNP

La desactivación del grupo que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) es objeto de otra investigación, la cual comparte con el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. Se acusa a Boluarte de presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad en este caso.

Los Dinámicos del Centro

Nuevamente, una investigación ligada a Vladimir Cerrón. El Ministerio Público indaga sobre el papel que jugó Boluarte como encargada de llevar la contabilidad de las cuentas del partido político Perú Libre durante la campaña electoral del 2021 y el origen de ese financiamiento presuntamente ilícito.

Todas ellas, sumadas a un clima de inestabilidad política y desconfianza hacia la nueva mandataria, enraizaron una profunda desaprobación que la llevó a posicionarse en el último lugar en popularidad entre los diez mandatarios de Sudamérica, según CB Consultora Opinión Pública. Con un 23,6% de imagen favorable y un 73,8% de percepción desfavorable, se consideró que tiene una imagen peor que la de Gustavo Pedro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela. Incluso, fue catalogada como la presidenta más impopular del mundo, por el medio The Intercept.

Para Samuel Tello, experto en gestión pública y docente de la EPG de la Universidad Continental, para revertir esta situación, no solo en beneficio de la mandataria, sino de la población, será importante que las autoridades apliquen las reglas establecidas en las estrategias de gestión, tales como:

• Rodearse de funcionarios altamente especializados en las direcciones estratégicas, promoviendo la meritocracia.
• Denunciar los actos de corrupción para aplicar sanciones ejemplares a las autoridades que abusan del poder para beneficio personal.
• Implementar estrategias de gestión que consideren la situación actual de los problemas que debemos resolver: inseguridad, bajos desempeños en educación, deficientes servicios de salud, ineficiencia en la gestión de las inversiones públicas, entre otros.

A ello se suma la responsabilidad de todos los peruanos que participamos en la elección de autoridades, cumpliendo con nuestras obligaciones contributivas al Estado y actuando de manera positiva desde donde nos desempeñamos. “Debemos exigir al Estado buenos servicios y probidad en su actuación”, sentenció.