El expremier Alberto Otárola confirmó que la jefa de Estado, Dina Boluarte, se sometió a una rinoplastia entre junio y julio de 2023, lo que ha generado diversas interrogantes sobre la falta de información al Congreso de la República. Ante ello, la mandataria decidió responder a la posibilidad de una presunta vacancia.
En su discurso, instó a detener la “polarización” luego de que se busque una posible salida. En varias ocasiones se le consultó a Boluarte sobre esta intervención, pero decidió no responder a estos cuestionamientos.
La mandataria también reafirma su permanencia frente a Palacio de Gobierno y que continuará hasta el 2026. Por su parte, la bancada de Fuerza Popular señaló que no apoyaría una vacancia en contra de la presidenta.
Defendió a la PNP
En las últimas semanas, se han reportado diversos cuestionamientos contra algunos efectivos policiales, quienes lejos de combatir la inseguridad, la han fomentado. A esto se suma la falta de recepcionar y actuar ante denuncias de actos de violencia.
Desde el Ejecutivo, en anteriores oportunidades, ya había defendido la labor de la institución y en contra de los “desprestigios”. Por su parte, Boluarte recalcó que se aumentó el presupuesto a favor del Mininter y mostró su “apoyo incondicional”.
Sus declaraciones se dieron en el marco del aniversario número 36 de la PNP, realizada en la Escuela ‘Alipio Ponce’.
Fiscalía abre investigación
Lo que hasta el momento sí se ha confirmado es una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación debido a un presunto delito de abandono del cargo. La controversia surge a raíz de que Boluarte se sometió a un procedimiento quirúrgico entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, sin notificar al Parlamento ni al Consejo de Ministros sobre su ausencia en estos días.
Fue precisamente Otárola quien indicó que no se comunicó al no conocerse de manera formar su ausencia. A pesar de la operación, Boluarte continuó con sus funciones, participando en una reunión virtual del Consejo de Ministros. Sin embargo, varios especialistas han señalado que la falta de comunicación podría constituir una infracción constitucional.
La investigación se centra en la omisión de comunicar su impedimento temporal para ejercer sus funciones, lo que ha generado un debate sobre las obligaciones de un mandatario en situaciones de salud que afectan su capacidad para desempeñar el cargo.
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