El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, afirmó que le pidió a la presidenta Dina Boluarte aplicar “más represión” en contra de las manifestantes que salieron a las calles en rechazo del Gobierno y del Congreso de la República, entre diciembre del 2022 y abril del 2023.
Como se recuerda, 49 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos contra la Policía Nacional del Perú (PNP) en diferentes regiones del país, siendo Puno y Ayacucho las más afectadas.
“Yo le he exigido abiertamente en esa época, sea usted más dura con esa represión. Era más blanda al principio”, aseveró el exmagistrado en entrevista con RPP.
En otro momento del diálogo, incluso llegó a decir que hubo un “aniquilamiento de algunos oficiales”; sin embargo, como ya se conoce, solo un efectivo de la PNP fue reportado como fallecido.
La defensa férrea de Boluarte
Ernesto Blume defendió a la mandataria, luego de que el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, revelara en la Comisión de Fiscalización del Parlamento que Boluarte efectivamente se había sometido a una rinoplastia. Desde su punto de vista, indica, el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya notificado la intervención quirúrgica al Poder Legislativo, no representaría una infracción constitucional.
“No incapacitaba a la presidente del ejercicio del cargo, si no se trataba simplemente de una intervención frecuente en las personas dentro de su actividad cotidiana, que no impidió que continuaran en el ejercicio de su función”, mencionó.
El expresidente del TC comentó, además, que había salido junto a otras personas a “desbaratar los impulsos de este movimiento”, en referencia a los anteriores intentos de vacancia contra la jefa de Estado.
Previamente, Blume se había acreditado como abogado de la presidenta ante el Tribunal Constitucional en el proceso de hábeas corpus presentado a su favor, a fin de anular los allanamientos llevados a cabo en su vivienda y en Palacio de Gobierno por el Caso Rolex.
Denuncia penal internacional
Sobre la represión policial en contra de manifestantes durante las protestas en contra de Dina Boluarte, se debe precisar que la mandataria fue denuncia dos veces ante la Corte Penal Internacional debido a estos hechos. Un grupo de 16 ciudadanos peruanos, entre ellos exministros como Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán, presentó la acusación.
El documento presentado a la corte internacional acusa a las autoridades peruanas de estar implicadas en los eventos que resultaron en la muerte de 49 personas y al menos 344 heridos durante las manifestaciones. Los denunciantes aseguran haber cumplido con los requisitos legales tanto internacionales como peruanos en el proceso de presentación de la denuncia, y esperan que se realice una investigación exhaustiva que llegue “hasta las últimas consecuencias”, incluyendo la aplicación de medidas cautelares si es necesario.
En un comunicado conjunto, los exministros y otros ciudadanos expresaron su preocupación por lo que consideran una grave violación de los derechos humanos y una afectación a los principios de la democracia representativa en Perú. Subrayaron que estos hechos no deben quedar impunes, destacando la importancia de la justicia en un momento crítico de la historia del país.
Esta no es la única repercusión internacional con relación a los asesinatos de personas en las protestas, ya que según un reporte de 54 páginas de la ONU, al que Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva, se detalla que el Estado peruano hizo “uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”.
“Esto incluye casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”, se lee en el documento.