Rolexgate, muertes ocurridas durante las protestas en contra de su Gobierno y el caso Cofre son las investigaciones que la máxima representante del Perú, Dina Boluarte, afronta por su gestión. Aunque el tener una presidenta con dichas diligencias ya es bastante escandaloso, no es la única. Este martes 3 el Ministerio Público anunció una investigación preliminar contra Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la cual se sumó al grupo de miembros del gabinete ministerial con carpetas fiscales.
En el listado figura el titular del Ministerio de Economía, José Arista, quien reconoció tener 15 investigaciones fiscales o proceso penales en trámite en la declaración jurada que presentó al asumir el cargo ante la presidenta Dina Boluarte y el entonces premier Alberto Otárola.
Según declaro, “la mayoría” de las denuncias fiscales se originaron cuando era jefe adjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante la gestión del exalcalde de Lima Alberto Andrade (1996-2002). No obstante, de acuerdo con la información consignada, solo 4 expedientes fueron abiertos en los años en los que se desempeñaba en ese puesto. También se le iniciaron procesos durante sus gestiones como viceministro de Hacienda y presidente regional de Amazonas. Los presuntos delitos que se le sindican son peculado, negociación incompatible, colusión, defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad.
Aunque desde entonces se ha cuestionado su permanencia en el cargo, continúa al frente del MEF y ha recibido el respaldo de los presidentes del Consejo de Ministros. Durante su designación, Alberto Otárola minimizó las investigaciones y su sucesor, Gustavo Adrianzén lo elogió públicamente y lo consideró el “mejor ministro de Economía que hay en el Perú”.
A él se suma Durich Whittembury, quien asumió el Ministerio de Vivienda en reemplazo de Hania Pérez de Cuéllar, y afronta una investigación por la presunta comisión del delito de asociación ilícita y colusión. El caso data del 2004 y está relacionado con la adjudicación de contratos para proyectos de agua potable en Chimbote, Perú, específicamente el proyecto “Sistema de Agua Potable de Chimbote – Lote 4″.
De acuerdo a las investigaciones, Whittembury, junto con otros funcionarios, habría aprobado varias modificaciones al contrato original, incluyendo presupuestos adicionales que no contaban con sustento técnico o justificación adecuada, que permitieron inflar los costos del proyecto y generar sobrecostos que perjudicaron al Estado peruano. Al respecto, el Poder Judicial decidió admitir enn setiembre el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc que busca una reparación civil provisional de US$42 millones. El monto deberá ser pagados de manera solidaria por los investigados si se les encuentra responsables.
En el caso de Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación, la investigación por extorsión involucra a su exjefe y lo implica junto a otras figuras públicas. Entre ellos, al expresidente Martín Vizcarra; al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte; al exdirector de Cofopri César Figueredo y la joven Yaziré Pinedo, vinculada sentimentalmente con Alberto Otárola.
Aunque todos negaron haber estado involucrados en una especie de conspiración para sacar al expremier de Dina Boluarte, un colaborador eficaz pone en duda sus versiones. De acuerdo a la declaración a la que accedió Punto Final, se difundieron videos comprometedores de Otárola a fin de que, una vez filtrados, Nicanor Boluarte recomiende a una persona de su alta confianza, que esté de acuerdo con los intereses del expresidente Martín Vizcarra, y Morgan Quero sea nombrado como ministro.
Al ser consultado por los medios de comunicación, el líder del Minedu indicó que prefería dejar el caso en manos del Ministerio Público al tratarse de un asunto personal e íntimo del exjefe del Gabinete. “No voy a entrar en una investigación que está avanzando, que sigue su cauce, es una investigación preliminar que está en la Fiscalía”, respondió.
Uno de los más polémicos entre los investigados es el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Entre los presuntos delitos que se le atribuyen se encuentran abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho activo genérico y encubrimiento real.
El primero de ellos a partir de un audio en el que solicita “controlar” al periodista Marco Sifuentes, fundador y conductor de La Encerrona; mientras que los otros se enmarcan en la presunta comisión de actos destinados a obstaculizar la investigación contra Nicanor Boluarte Zegarra y otros, en su condición de Viceministro y Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior; así como por la desactivación del Equipo Especial PNP en apoyo a la Eficcop y el supuesto encubrimiento al investigado Jorge Ortiz Marreros.
A los mencionados se suma una investigación que comparte con la presidenta: el caso cofre. Al ministro se le sindica de los presuntos delitos de omisión de denuncia y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales porque habría tenido conocimiento que se usó el vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, prófugo desde el 6 de octubre del 2023, y no informarlo o haber tomado acciones al respecto.
La tesis del Ministerio Público se refuerza con los audios atribuidos a Santiváñez, que él niega, en los que revela al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé que Cerrón Rojas usó el auto de Dina Boluarte para que la PNP no lo detenga.
Por último, el más reciente en la lista es Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, quien, pese a reconocerse como responsable político por la distribución de conservas en mal estado a niños a nivel nacional a través del programa Qali Warma, descartó su renuncia.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó la apertura de una investigación preliminar en contra de él y su viceministra Jessica Niño de Guzmán por delitos relacionados con la omisión de actos funcionales. Al respecto, el titular de la cartera saludó el hecho y aseguró que colaborará con las diligencias.