Fiscal de Piura es detenida por la PNP por hurtar morral en el aeropuerto Jorge Chávez: denuncian que bolso contenía celulares y 2 mil soles

Las denuncias de corrupción, robo, entre otros delitos, dentro de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, son el pan de cada día en Perú. En los últimos meses, se han documentado numerosos casos en los que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han visto involucrados en prácticas como el cobro de coimas, el despojo de pertenencias durante intervenciones y el abuso de poder cuando hay personas heridas.

Un caso reciente es el que protagoniza una representante del Ministerio Público, la fiscal provincial Karla Salazar Gómez, quien pertenece a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, quien ha sido implicada en un caso de hurto.

Salazar Gómez fue detenida en el aeropuerto Guillermo Concha Ibérico, en la región Piura, tras ser acusada de apropiarse de un morral encontrado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Salazar fue identificada como la persona que, al parecer, tomó el morral que contenía 2000 soles y dos teléfonos móviles de alta gama, objetos que pertenecían a otro pasajero.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la fiscal fue intervenida cuando descendía de un vuelo junto al morral y el resto de objetos mencionados, lo que llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones pertinentes. Este incidente no solo pone en tela de juicio la integridad de Salazar, sino que también plantea serias interrogantes sobre la conducta de otros integrantes del sistema de justicia.

Actualmente, la fiscal se encuentra detenida en la carceleta de la comisaría del aeropuerto, a la espera de ser puesta a disposición del Ministerio Público para que se lleve a cabo el proceso judicial correspondiente.

Solo hace unos días, el portal oficial del Ministerio Público dio cuenta que la fiscal adjunta provincial Karla Salazar Gómez consiguió que sentencien con 12 años de prisión efectiva a una imputada de 33 años, al ser encontrada culpable del delito de robo agravado.

La fiscal -ahora acusada de hurto- sustentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de la acusada en los hechos ocurridos el 11 de mayo de 2019. Según las investigaciones, la sentenciada solicitó un servicio de moto lineal en los exteriores del centro comercial Plaza La Luna, solicitando al conductor que la traslade a una zona descampada del asentamiento humano Micaela Bastidas.

En el lugar, dos cómplices esperaban en otra motocicleta para consumar el delito, para lo cual amenazaron al conductor con armas de fuego, robándole su motocicleta y escapando junto a la sentenciada.

Durante el juicio, la fiscal presentó pruebas contundentes, incluyendo la declaración del agraviado, testimonios de los policías que intervinieron en el caso, vídeos de cámaras de seguridad proporcionados por la Municipalidad de Piura, dictámenes de identificación facial e Identifac, realizados por el agraviado y la División de Investigación Criminal (Divincri), que confirmaron la participación de la acusada.

El juzgado también ordenó que la sentenciada pague S/ 800 como reparación civil al agraviado, quien logró recuperar su vehículo tras el robo. Además, se emitieron los oficios para la búsqueda, ubicación y captura de la sentenciada quien, una vez ubicada e intervenida, será trasladada al penal de mujeres para cumplir su pena.

Como expusimos líneas arriba, el caso de la fiscal provincial Karla Salazar no es el único que involucra a funcionarios públicos en actos delictivos. Recientemente, dos agentes de la Policía de Carreteras fueron acusados de sustraer S/1.500 de un pasajero mientras se encontraban realizando un operativo en la carretera Interoceánica en Carabaya, en Puno. El hecho fue grabaron en video y, según prensa local, la intervención se realizó sin la presencia de un representante del Ministerio Público.

El afectado, Hugo Mamani Callata, informó que llevaba un total de S/5.000 (USD 1,363) cuando los policías, identificados como Juvenal Calla Díaz y Roger Hilasaca Chambi, le hicieron creer que sería investigado por lavado de activos si no entregaba parte de su dinero.

Al recibir la denuncia, el conductor del vehículo informó a las rondas campesinas, quienes retuvieron a los policías casi en flagrancia en la provincia de San Gabán. Los efectivos negaron la acusación y, ante las sospechas, fueron trasladados a la plaza central del distrito, donde los ronderos exigieron a los agentes que confesaran y devolvieran el dinero, bajo la amenaza de aplicar justicia popular.